La magistrada Beatriz Biedma ha mostrado signos de frustración en su intento por entender el papel de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, dentro de la Diputación de Badajoz. Sánchez, quien ocupa un cargo de alta dirección, ha sido incapaz de aclarar en qué consiste su trabajo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
En una comparecencia judicial, Biedma trató de obtener detalles concretos sobre las funciones de Sánchez, pero los testigos y el propio investigado no pudieron proporcionar respuestas claras. «¿Si una persona accede a un puesto con unas funciones específicas y luego realiza otras completamente diferentes, no estamos hablando de un nuevo puesto de trabajo?», cuestionó la jueza. Sin embargo, la respuesta fue negativa, aumentando la confusión sobre la verdadera naturaleza del cargo.
La defensa de Sánchez argumenta que su posición no ha cambiado significativamente desde que fue designado coordinador de conservatorios en 2017 hasta su reciente renombramiento. Sin embargo, la jueza insiste en que no se ha establecido de manera transparente la puntuación de méritos en la selección para el puesto, lo cual permite manipular la valoración según el perfil del candidato seleccionado.
David Sánchez, también conocido como David Azagra en el ámbito artístico, ha declarado que no conocía personalmente a los responsables de su contratación ni a los líderes del PSOE en la región antes de ser nombrado. Además, ha afirmado que solo acude a su despacho cuando es necesario, lo que ha levantado sospechas sobre su dedicación y presencia física en el lugar de trabajo.
La jueza Biedma ha mostrado su exasperación ante la falta de claridad sobre la ubicación y el funcionamiento de la Oficina de Artes Escénicas. «Entonces, ¿quién determina que este puesto se llame así?», preguntó, sin obtener una respuesta definitiva. La ausencia de una definición clara de las tareas de Sánchez y la aparente adaptabilidad de su posición a sus necesidades personales, en lugar de las de la institución, son puntos clave en la investigación.
Este caso continúa, con la magistrada buscando respuestas sobre la legalidad y la transparencia en la creación y modificación de este puesto, así como la posible influencia política en las decisiones de empleo dentro de la Diputación de Badajoz.