Hacienda está enfrentando un aumento considerable en las devoluciones a contribuyentes por litigios ganados en materia de impuestos y sanciones, alcanzando más de 1.100 millones de euros anuales. En tan solo cuatro años, esta cifra se ha duplicado. Según la Cuenta de la Administración General del Estado de 2023, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, destinó una partida de 1.112 millones de euros el año pasado para hacer frente a las reclamaciones por parte de empresas y particulares.
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Esta cifra ha crecido de manera exponencial en los últimos años: en 2020, el fondo destinado a estas devoluciones era de 584 millones de euros, aumentando a 740 millones en 2021 y a 886 millones en 2022, hasta alcanzar los 1.100 millones de 2023.
Cabe señalar que esta cifra no incluye devoluciones derivadas de la anulación de normativas por parte de instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, las cuales también pueden implicar pagos significativos. Esta partida se enfoca en reclamaciones administrativas o litigios por discrepancias en liquidaciones o sanciones impuestas por la Agencia Tributaria ante tribunales económicos-administrativos o, en última instancia, ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
Los tribunales económicos-administrativos, dependientes del Ministerio de Hacienda, resuelven conflictos entre los contribuyentes y el fisco. Cada comunidad autónoma cuenta con su propio tribunal, aunque los casos más complejos pueden ser llevados al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Si el contribuyente no está de acuerdo con la resolución del TEAC, puede recurrir a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que se encargan de resolver disputas con la Administración pública.