Un tribunal en Venezuela, especializado en delitos de terrorismo, emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, líder opositor y candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio. La decisión se tomó poco después de que el Ministerio Público lo solicitara, alegando que González Urrutia cometió delitos como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación para delinquir.
El tribunal ordenó que, tras su arresto, González Urrutia sea presentado ante la justicia en un plazo de 48 horas para llevar a cabo una audiencia y determinar las acciones legales pertinentes. El Ministerio Público solicitó esta orden de captura después de que González Urrutia no atendiera a tres citaciones para declarar en el marco de una investigación por fraude electoral.
Esta investigación está relacionada con la publicación de una página web por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que sostiene que González Urrutia ganó las elecciones presidenciales, basándose en el 83,5 % de las actas electorales que supuestamente recabaron sus testigos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como ganador, lo que fue rechazado por la oposición y varios países que apoyan la reivindicación de González Urrutia.
La orden de arresto ha sido fuertemente criticada por líderes opositores venezolanos como María Corina Machado, quien asegura que estas acciones solo refuerzan la cohesión de la oposición. Otros opositores, como Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa, han denunciado la medida como una persecución política y un ataque directo contra quienes consideran que González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Andrés Velásquez también criticó la decisión, acusando al gobierno de Maduro de intentar silenciar la verdad sobre los resultados electorales.
En el ámbito internacional, el gobierno argentino condenó la orden de arresto contra González Urrutia, calificándola como parte de una ola de radicalización del régimen de Maduro. Argentina alertó a la comunidad internacional sobre lo que considera una criminalización de las fuerzas democráticas en Venezuela, denunciando violaciones masivas de derechos humanos y la persecución de los líderes opositores en un contexto de terrorismo de Estado. El gobierno argentino reafirmó su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad, comprometiéndose a no permanecer indiferente ante lo que describe como las acciones infames del régimen de Maduro.
Sigan atentos a sus pantallas porque acciones como estas se verán en breve en nuestro país.