Por Alex Díaz
MARICARMEN EN MADRID, LAVADORES EN VIGO Y EL GRAN CIRCO DE LA INDIGNACIÓN SELECTIVA
Cuando una inmobiliaria desaloja a una anciana, aparece la revolución. Cuando la Administración proyecta expropiar decenas de casas, aparece el progreso urbanístico.
¡Pasen y vean, señoras y señores! ¡Bienvenidos al Gran Circo Nacional de la Vivienda!
En la pista central tenemos a Maricarmen, una anciana madrileña de 87 años cuyo desahucio y posterior fallecimiento han provocado manifestaciones, acampadas, discursos políticos y una conmoción mediática de dimensiones nacionales.
Su muerte, ocurrida después de recibir sedación, plantea preguntas legítimas sobre las circunstancias clínicas del fallecimiento.
Y mientras Madrid se llena de pancartas, en Vigo tenemos otro espectáculo que apenas consigue asomarse al escenario nacional.
Dos proyectos urbanísticos que afectan a unas 85-90 viviendas, algunas habitadas por personas mayores, y a numerosas parcelas de particulares.
Pero aquí, curiosamente, cambia la música.
En Madrid, perder la casa es una tragedia social.
En Vigo, perderla para construir otras es una actuación urbanística de interés público.
¡Maravillas del vocabulario administrativo!
PRIMER ACTO: EL DESAHUCIO BUENO Y EL DESAHUCIO MALO
Si una empresa privada pretende desalojar a una anciana, se encienden las cámaras, aparecen los micrófonos y comienza el desfile de indignados.
Si una administración pública proyecta expropiar viviendas, entonces aparecen palabras mucho más elegantes:
Regeneración urbana. Interés general. Transformación residencial. Desarrollo sostenible.
¡Qué delicadeza!
Uno casi espera que la excavadora venga perfumada, con música ambiental y un funcionario ofreciendo un folleto de bienvenida.
El propietario, mientras tanto, contempla cómo su vivienda pasa de ser el fruto de toda una vida de trabajo a convertirse en un obstáculo dentro de un plano urbanístico.
Porque hay casas que merecen ser defendidas y otras que, aparentemente, merecen ser sustituidas por un bonito bloque de viviendas nuevas.
SEGUNDO ACTO: PSOE Y PP, EL MATRIMONIO URBANÍSTICO
Y aquí comienza el espectáculo de las responsabilidades políticas.
En una esquina del cuadrilátero tenemos a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP.
Bajo su Gobierno, la Consellería de Vivenda, dirigida por María Martínez Allegue, impulsa los proyectos urbanísticos de Lavadores a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dirigido por Heriberto García.
Es decir, la Xunta promueve las actuaciones, dirige la tramitación autonómica y tiene un papel central en las futuras expropiaciones.
En la otra esquina tenemos al alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE.
¡Don Abel, el gran iluminador del Atlántico!
Un auténtico ser de luz. Y nunca mejor dicho.
El hombre que convierte la Navidad viguesa en un acontecimiento luminoso internacional, capaz de anunciar millones de luces LED con entusiasmo digno del descubrimiento de la electricidad.
Pero resulta que hay otra iluminación mucho menos festiva: la de los expedientes urbanísticos.
Porque el 20 de mayo de 2025, nuestro particular emperador de las bombillas manifestó formalmente su conformidad con la delimitación del ámbito Ofimático.
Así consta en el Diario Oficial de Galicia.
¡Qué maravilla!
Primero se presta conformidad a la delimitación y, posteriormente, cuando aparecen las protestas vecinales, se critica a la Xunta por las indemnizaciones.
En julio de 2026, Caballero llegó a calificar de prácticamente ridículas las compensaciones que, según denunciaba, se pretendían ofrecer.
Y ahí tenemos el número estrella del circo.
El alcalde que dio su conformidad a la delimitación se convierte después en defensor público de los afectados por las consecuencias económicas del proyecto.
Conviene aclarar que ambas posiciones pueden ser jurídicamente compatibles: apoyar una delimitación urbanística no obliga a aceptar cualquier indemnización posterior.
Pero políticamente, ¡qué magnífica oportunidad para pedir explicaciones!
Junto al alcalde aparece María José Caride, concejala de Urbanismo, dentro de la administración municipal que interviene en la planificación de la ciudad.
Y así tenemos a las dos grandes administraciones, cada una con sus competencias, sus organismos, sus departamentos, sus asesores y sus correspondientes discursos.
La Xunta y el Ayuntamiento: dos escenarios institucionales donde se reproduce a escala autonómica y municipal el gran teatro de enfrentamientos del Congreso de los Diputados, simplemente para que estos parásitos sigan viviendo a cuerpo de rey a costa de saquearnos con “sus impuestos”.
Unos acusan, otros replican, todos celebran ruedas de prensa.
Y los vecinos preguntan algo mucho más sencillo:
¿QUÉ VA A PASAR CON NUESTRAS CASAS?
TERCER ACTO: LAS EMPRESAS Y EL MARAVILLOSO UNIVERSO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Porque todo gran proyecto urbanístico necesita algo más que políticos y planos.
También necesita empresas.
Y aquí aparece OTIMA, Ordenación Territorial, Infraestructuras e Medio Ambiente, consultora viguesa adjudicataria de los trabajos técnicos del Ofimático.
La Xunta le adjudicó un contrato por aproximadamente 283.342 euros, IVA incluido, para trabajos de redacción de documentación urbanística, expropiatoria y de parcelación.
Es una adjudicación pública documentada, no una prueba de beneficio ilícito.
Pero plantea una cuestión interesante.
Mientras los vecinos discuten cuánto valen sus casas, las administraciones ya han contratado servicios profesionales para desarrollar el proyecto.
Y es perfectamente legítimo preguntar:
¿Cuánto costará toda la operación?
¿Qué empresas recibirán contratos posteriores?
¿Quién ejecutará las obras?
¿Quién urbanizará los terrenos?
¿Quién construirá las viviendas?
¿Y cómo se repartirán los costes y beneficios de la transformación?
La contratación de una consultora no demuestra especulación ni corrupción. Tampoco permite afirmar que OTIMA vaya a obtener beneficios de las futuras promociones inmobiliarias.
Pero la transparencia exige identificar los adjudicatarios, los importes y las condiciones de todos los contratos.
Porque el dinero público tiene una curiosa propiedad: sale del bolsillo de los contribuyentes, pero en ocasiones resulta extraordinariamente complicado seguir su recorrido.
Y mientras tanto, el propietario afectado tiene que demostrar cuánto vale una casa que lleva décadas siendo su hogar.
¡Qué hermoso equilibrio administrativo!
CUARTO ACTO: LA INDIGNACIÓN SELECTIVA Y EL EXTRAORDINARIO CASO DE MARICARMEN
Volvamos a Madrid.
La muerte de Maricarmen se ha convertido en un símbolo político. Las protestas han recibido atención nacional y los partidos han utilizado el caso para defender sus respectivas posiciones.
¿Beneficia políticamente a determinados dirigentes?
Esa es una pregunta legítima.
¿Demuestra ese posible beneficio que organizaran los acontecimientos?
Evidentemente, no.
Pero sí podemos preguntarnos por qué determinados conflictos alcanzan inmediatamente una enorme repercusión mientras otros, como el de Lavadores, permanecen mucho más lejos de los grandes titulares.
Porque los vecinos de Vigo también protestan.
También presentan alegaciones.
También denuncian incertidumbre sobre su futuro.
Y también tienen personas mayores que merecen respeto y seguridad.
¿Acaso el derecho a la vivienda tiene un interruptor que se enciende cuando interesa políticamente y se apaga cuando la expropiación la promueve una administración?
Imaginemos que alguien instalara un gran interruptor de indignación en la Puerta del Sol.
Posición uno: inmobiliaria privada.
¡Revolución!
Posición dos: proyecto urbanístico público.
¡Interés general!
Posición tres: intervienen administraciones gobernadas por partidos rivales.
¡Rueda de prensa, acusaciones cruzadas y que los ciudadanos intenten averiguar quién responde!
No hace falta imaginar conspiraciones para observar que la atención pública no siempre es proporcional al número de familias afectadas.
Y esa desigualdad informativa merece una crítica.
QUINTO ACTO: EL EXTRAORDINARIO NEGOCIO DE LLAMAR PROGRESO A TODO
Nos explican que hacen falta miles de viviendas nuevas.
Perfecto.
Pero antes de celebrar el número de pisos proyectados convendría responder algunas preguntas bastante menos fotogénicas.
¿Cuántas familias tendrán que abandonar sus hogares?
¿Cuánto recibirán realmente?
¿Podrán comprar otra vivienda equivalente en su barrio?
¿Quién asumirá los costes económicos, personales y emocionales del traslado?
¿Y quién obtendrá los beneficios económicos de la transformación urbanística?
Porque una operación no se convierte automáticamente en justa por llevar un sello oficial.
Ni una indemnización es suficiente simplemente porque la haya calculado una administración.
Y tampoco una persona mayor debería convertirse en una nota a pie de página dentro de una memoria urbanística de cientos de folios.
En Santa Cristina, un afectado ha denunciado valoraciones de aproximadamente 11 euros por metro cuadrado de terreno.
Esa cifra no constituye por sí sola el justiprecio definitivo de una vivienda, pero la denuncia exige explicaciones.
Los afectados del Ofimático también han reclamado conocer la viabilidad económica del desarrollo y recibir alternativas que les permitan permanecer en el barrio.
La Xunta asegura que estudiará individualmente los casos y ha anunciado una reunión para el 21 de octubre.
Bienvenida sea cualquier negociación real.
Pero una negociación no debería consistir simplemente en explicar al propietario las condiciones de una decisión que ya se considera irreversible.
Hay algo profundamente paradójico en anunciar miles de viviendas para garantizar un derecho mientras quienes ya tienen una deben luchar para conservarlo.
SEXTO ACTO: EL CHIRINGUITO INSTITUCIONAL Y LA POLÍTICA COMO ESPECTÁCULO
Y llegamos a la parte más pintoresca del espectáculo.
La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo son administraciones públicas con competencias legalmente atribuidas.
Son instituciones prescindibles por definición, realmente son una organización mafiosa.
Vivimos desde 1978 y con este régimen en un teatro interminable.
Imaginemos un gran circo institucional con dos carpas.
En una, la Xunta presenta un proyecto de viviendas.
En la otra, el Ayuntamiento critica las indemnizaciones.
En la primera responden que el proyecto es necesario.
En la segunda aseguran que defienden a los vecinos.
Los focos iluminan a los protagonistas, los periodistas toman notas y comienza otra representación.
Mientras tanto, el ciudadano espera saber si podrá seguir viviendo en su propia casa.
¡Y qué reparto tan completo!
Presidentes, conselleiros, alcaldes, concejales, organismos autónomos, empresas públicas, consultoras y asesores.
Todos parásitos con una función administrativa que justificar.
Y los vecinos con una sola preocupación que resolver.
¿Quién garantiza que no perderán su patrimonio ni su arraigo?
La inutilidad de estas instituciones duplicadas como la Xunta de Galicia o como el ayuntamiento de Vigo que funcionaría mejor como una junta vecinal, evitaría estos ficticios enfrentamientos que solo valen para justificar estos dos chiringuitos.
Porque un ciudadano no necesita que dos administraciones se acusen mutuamente durante meses.
Necesita saber quién decide, quién paga, quién responde y ante quién puede reclamar.
SÉPTIMO ACTO: EL MINISTERIO DE LA INDIGNACIÓN A LA CARTA
Imaginemos, por un momento, un ministerio ficticio dedicado a administrar la indignación nacional.
Su funcionamiento sería extraordinariamente sencillo.
¿Desahucio protagonizado por una inmobiliaria?
¡Activar megáfonos!
¿Anciana desalojada?
¡Convocar manifestación!
¿Expropiaciones dentro de un gran proyecto público?
Un momento, señores. Primero hay que comprobar quién gobierna, quién firma el expediente y qué administración paga la maquinaria.
Naturalmente, ese ministerio no existe.
Pero la caricatura sirve para plantear una pregunta bastante seria:
¿Estamos defendiendo principios universales o reaccionando con distinta intensidad según quién protagonice cada conflicto?
Porque la coherencia se demuestra defendiendo a las personas también cuando hacerlo resulta incómodo para los propios representantes políticos.
EL GRAN REMATE: BIENVENIDOS AL CIRCO DEL PROGRESO
Maricarmen merece respeto, y las circunstancias de su fallecimiento deben tratarse con rigor.
Los vecinos de Lavadores también merecen respeto, y preservar el sagrado derecho a la propiedad privada, no indemnizaciones.
No hay necesidad de enfrentar unas víctimas con otras.
Lo que sí merece una crítica severa es cualquier discurso político que proclame el derecho a la vivienda mientras minimiza el sufrimiento de quienes pueden perder la suya por una decisión administrativa.
Y aquí llega la última paradoja del espectáculo.
Cuando te quita la casa un particular, se llama drama social.
Cuando te la expropia la Administración, se llama transformación urbanística.
Cuando protestas contra el primero, eres un defensor de los derechos sociales.
Cuando protestas contra la segunda, te conviertes en un problema para el desarrollo del proyecto.
¡Qué extraordinario invento es el lenguaje político!
Consigue que una misma excavadora parezca una amenaza o un instrumento de progreso dependiendo de quién la haya contratado.
Y mientras unos discuten sobre quién tiene derecho a indignarse, los vecinos de Lavadores siguen esperando respuestas concretas.
Porque una vivienda no deja de ser un hogar cuando alguien la colorea de otro tono en un plano urbanístico.
Y una injusticia, si llega a demostrarse, no se vuelve justa porque venga acompañada de un expediente administrativo, una rueda de prensa y un bonito logotipo institucional.
Así que, señor Rueda, señora Martínez Allegue y señor Caballero, hay una cuestión que merece mucha más atención que sus diferencias políticas.
¿Podrán los propietarios afectados conservar un hogar, o le darán uno equivalente, sin sufrir un perjuicio patrimonial injustificado?
Porque Vigo puede tener millones de luces de Navidad.
Pero para aclarar las responsabilidades de una expropiación no hacen falta millones de bombillas. Bastaría con transparencia, documentos y respuestas.
Y si algún día llega la excavadora, que al menos nadie pretenda convencer a los propietarios de que perder su casa es un maravilloso regalo del progreso.
