Cientos de personas afectadas por la riada de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y otras zonas tendrán que reintegrar los anticipos de ayudas que recibieron del Gobierno para hacer frente a daños en viviendas y enseres. Así se desprende de la normativa que regula la condonación de esos adelantos, convalidada recientemente por la Diputación Permanente del Congreso.
Los anticipos se concedieron como adelanto, antes de que se reconociera formalmente el derecho a la ayuda o subvención definitiva. Según datos oficiales, alrededor de 2.700 personas se beneficiaron de estos adelantos. El Real Decreto-ley correspondiente establece un régimen extraordinario de condonación del reintegro para evitar que la obligación de devolver el dinero suponga un perjuicio añadido a quienes aún sufren las consecuencias de la catástrofe, que dejó más de 200 fallecidos.
La condonación no es universal. Solo están obligados a devolver el anticipo aquellos perceptores que en 2025 hayan tenido una renta anual (suma de bases imponibles general y del ahorro en el IRPF) superior a 42.000 euros, o un patrimonio neto que supere los 300.000 euros (sin computar la vivienda habitual, salvo el exceso de valor sobre ese umbral). El Gobierno ha cifrado el coste de la medida —es decir, las cantidades que no se recuperarán— en unos 44,35 millones de euros.
La norma fue defendida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y recibió el respaldo de PSOE, PP, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, con el voto en contra de Vox y la abstención de Junts. La convalidación se produjo en la Diputación Permanente porque las Cortes están disueltas tras el adelanto electoral.
En el conjunto de la respuesta a la riada, el Gobierno ha movilizado recursos por valor de unos 16.600 millones de euros. Hasta mediados de octubre de 2026 se habían abonado más de 8.200 millones en ayudas y subvenciones de distinto tipo (daños personales y materiales, empresas y autónomos, Consorcio de Compensación de Seguros, reconstrucción de infraestructuras, etc.). Los anticipos formaban parte de las medidas de respuesta inmediata para viviendas y enseres.
La aplicación de los umbrales de renta y patrimonio determina, por tanto, que una parte de los beneficiarios de esos adelantos —cientos de afectados— deberá reintegrar las cantidades recibidas, mientras que el resto quedará exento.
Ya saben, se necesitan muchos recursos para mantener a los importados.
