En un nuevo episodio que pone en evidencia las contradicciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado de plano el incidente de nulidad de actuaciones presentado por su defensa en el marco del ‘caso Plus Ultra’. La razón es tan sencilla como contundente: se solicitó fuera del plazo legal previsto de 20 días.
La defensa de Zapatero, encabezada por el catedrático Víctor Moreno Catena, registró el escrito el pasado 25 de junio. En él pedía la nulidad de todo el procedimiento alegando vulneración de derechos fundamentales como el derecho a un proceso justo, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Entre otras cosas, solicitaba excluir del procedimiento hasta doce resoluciones judiciales, incluyendo las entradas y registros en su oficina y la apertura de una pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas.
Sin embargo, el magistrado Calama ha sido claro en su auto: el plazo comenzó a correr desde el 25 de mayo, cuando la plataforma Cloud permitió el acceso completo a las actuaciones a todas las partes personadas, incluida la representación de Zapatero (notificada por correo electrónico). Presentar el incidente el 25 de junio supera con creces los 20 días hábiles establecidos en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, el incidente es extemporáneo y no procede ni siquiera examinar su fondo.
Promesas de colaboración que se desvanecen
Este revés judicial resulta especialmente llamativo porque Zapatero, en sus apariciones públicas, ha insistido en que colaboraría plenamente con la justicia. “Sí, ya lo estamos viendo”, pensamos muchos españoles con ironía. En lugar de facilitar la investigación, su estrategia se centra en poner todo tipo de obstáculos procesales, intentando anular actuaciones ya practicadas y cuestionando resoluciones que, según la ley, debían impugnarse en tiempo y forma.
El juez recuerda en su resolución algo elemental: el incidente de nulidad no puede utilizarse como un comodín estratégico para impugnar decisiones instructoras que debieron recurrirse oportunamente. Zapatero y su equipo conocían los plazos, tenían acceso a la documentación y, aun así, optaron por actuar tarde. Esta no es una mera formalidad, sino que es claramente un intento de bloquear el avance de una causa que investiga asuntos de enorme relevancia pública.
Este comportamiento no sorprende a quienes siguen la trayectoria del expresidente. Zapatero, que durante su mandato presumía de transparencia y Estado de Derecho, parece ahora más interesado en entorpecer que en aclarar. El caso Plus Ultra, que investiga presuntas irregularidades en torno a la aerolínea y conexiones con el entorno del expresidente, avanza pese a estos intentos. El juez no solo rechaza la nulidad, sino que sigue impulsando la instrucción, con nuevas citaciones a directivos de la compañía.
Mientras los ciudadanos exigimos claridad sobre posibles favores, influencias, irregularidades y desvíos de dinero en la gestión de recursos públicos, Zapatero opta por la vía de la dilación. Prometer colaboración y, al mismo tiempo, intentar tumbar el procedimiento por tecnicismos temporales no solo es incoherente: es un flaco favor a la credibilidad de las instituciones que tanto dice defender.
El caso «Zapatero» continúa su curso. Y los españoles, con razón, esperamos respuestas, no más maniobras dilatorias. Zapatero tendrá que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano, plazos cumplidos o no.
(Por Lourdes Martino)
