Lo que denuncia hoy EL MUNDO en su última hora es de una gravedad que roza lo intolerable en un país moderno: la Guardia Civil ha constatado que la vía de Adamuz (Córdoba) se fracturó el día anterior al accidente, pero no saltó ninguna alerta por un defecto grave en los sistemas de señalización. Cuarenta y seis personas murieron el 18 de enero de 2026 en una colisión entre un tren Iryo Málaga-Madrid y un Alvia de Renfe. Y ahora sabemos que esa tragedia, con toda probabilidad, se pudo evitar.
El post de @elmundoes no deja lugar a dudas: la rotura de la vía ocurrió al menos 22 horas antes del descarrilamiento. Un informe técnico de Hitachi (la empresa responsable del mantenimiento del sistema de señalización LZB) detectó una caída de tensión en el circuito de vía compatible con una fractura del carril. Sin embargo, el sistema de seguridad no activó ningún freno automático, no cerró la vía y permitió que decenas de trenes circularan por un tramo mortal durante todo un día. Maquinistas, pasajeros y vidas humanas expuestas a un riesgo que la tecnología estaba obligada a detectar y neutralizar.
Esto no es un “incidente técnico”. Es un fallo sistemático y criminal de los sistemas de seguridad ferroviaria. En alta velocidad, el LZB y los circuitos de vía están diseñados precisamente para esto: detectar cualquier anomalía en el carril (fisura, rotura, pérdida de continuidad eléctrica) e impedir que un tren pase por allí. Que no lo hicieran no es mala suerte. Es negligencia. Es incompetencia. Es, en términos prácticos, una dejación de funciones que costó 46 vidas.
Y lo más indignante: nadie dimite. Nadie asume responsabilidades políticas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue en su puesto. Los directivos de Adif y Renfe continúan cobrando sueldos públicos mientras las familias de las víctimas enterraban a sus seres queridos. Los mismos que multiplican radares y multas para sacarnos hasta el último euro son incapaces de garantizar que un simple circuito de vía funcione cuando de vidas se trata.
Los ciudadanos ya lo sabemos: los sistemas de control que sí funcionan a la perfección son los que nos multan por ir a 5 km/h por encima del límite o por meternos en un carril bus vacío. Pero cuando se trata de evitar una catástrofe ferroviaria… silencio. Defectos “técnicos”. Informes que llegan tarde. Y un país anestesiado que sigue pagando impuestos para que el dinero se vaya a cualquier sitio menos a mantener las infraestructuras que nos protegen.
Lo que ha ocurrido en Adamuz no es un accidente. Es el resultado previsible de una cadena de negligencias: soldaduras defectuosas, mantenimiento chapucero, sistemas de señalización obsoletos o mal calibrados y, sobre todo, una ausencia absoluta de rendición de cuentas. Que la Guardia Civil tenga que confirmar ahora lo que los datos ya gritaban hace meses es la prueba definitiva de que aquí nadie vigilaba de verdad.
Cuarenta y seis muertos. Decenas de heridos. Familias destrozadas. Y la única respuesta institucional es seguir como si nada. Esto no es un fallo de sistemas. Es un crimen de Estado por omisión. Y mientras no caigan cabezas —empezando por las políticas—, seguiremos siendo un país donde los trenes se rompen, las alertas no suenan y los responsables se eternizan en sus poltronas.
España merece algo mejor que esta vergüenza. Las víctimas de Adamuz merecen justicia. Y los ciudadanos merecemos que alguien, de una vez, diga: “Esto es intolerable y se va a acabar”. Porque si no, la próxima vez —y la habrá— volveremos a leer el mismo titular con otro número de muertos.