Un artículo del The New York Post (@nypost) publicado el 31 de marzo ha generado un enorme revuelo internacional. El titular reza: “Trump admin to investigate euthanasia death of gang rape victim, scolds Spain for ‘human rights failures’” (La administración Trump investigará la muerte por eutanasia de una víctima de violación en grupo y reprende a España por “fallos en derechos humanos”).
El artículo de NY Post, firmado por Victor Nava, revela un cable diplomático filtrado del Departamento de Estado de EE.UU. que ordena a la Embajada estadounidense en Madrid abrir una investigación formal sobre el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven que murió por eutanasia el 26 de marzo de 2026 en la residencia sanitaria Sant Camil (Sant Pere de Ribes, Barcelona).
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— New York Post (@nypost) March 31, 2026
¿Quién era Noelia Castillo y qué le ocurrió?
Noelia Castillo Ramos (nacida el 14 de noviembre de 2000 en Barcelona) vivió una infancia y adolescencia marcada por la vulnerabilidad. Según múltiples reportes, fue puesta bajo tutela del gobierno catalán alrededor de los 13 años debido a problemas graves en su familia. Sufrió múltiples agresiones sexuales, incluyendo violaciones en grupo, mientras estaba bajo protección estatal. Algunas fuentes (incluido el propio cable diplomático de EE.UU.) mencionan alegaciones de que los agresores tenían “antecedentes migratorios”.
En 2022, tras una de estas agresiones (ocurrida en una discoteca en Barcelona, según versiones), Noelia intentó suicidarse saltando desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica de cintura para abajo, con dolor físico crónico y sufrimiento psicológico severo. En 2024, con 24 años, solicitó la eutanasia amparada en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de España (aprobada en 2021), que permite la muerte asistida en casos de “sufrimiento grave, crónico e imposibilitante”, incluso por razones psiquiátricas y no terminales.
La batalla legal y su muerte
Su padre, Gerónimo Castillo, inició una intensa campaña judicial de casi 20 meses para impedir la eutanasia. El caso pasó por cinco instancias: juzgado de Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que el 10 de marzo de 2026 rechazó la última medida cautelar del padre. La Comisión Catalana de Garantía y Evaluación aprobó la solicitud por unanimidad en 2024.
Noelia murió el 26 de marzo de 2026 a las 18:00 horas. Recibió un cóctel letal de tres fármacos que detuvo su corazón en unos 20 minutos. Según reportes, murió “vestida con su vestido más bonito”. En una entrevista póstuma en Antena 3 (programa Y Ahora Sonsoles), había expresado su deseo de “dejar de sufrir”. Su padre, presente en los últimos momentos, le dijo palabras que han sido ampliamente citadas: “Tú lo terminas”. Abogados Cristianos y sectores católicos criticaron duramente el caso, calificándolo de “fallos graves” en la ley de eutanasia.
Hubo alegaciones (no confirmadas en todos los medios) de que Noelia expresó dudas o hesitación en sus últimas horas, pero estas fueron ignoradas. También circularon rumores sobre presión por “donación de órganos” (supuestamente ya comprometidos), aunque no hay confirmación oficial.
La intervención de la administración Trump
Según el cable diplomático filtrado (obtenido en exclusiva por NY Post), el Departamento de Estado ordenó el martes 31 de marzo a la Embajada en Madrid:
- Investigar el manejo de las agresiones sexuales por parte de las autoridades españolas (ningún agresor fue condenado).
- Averiguar si los agresores tenían “antecedentes migratorios” o eran menores no acompañados.
- Transmitir a España la “seria preocupación” por los “numerosos fallos sistémicos en materia de derechos humanos” que llevaron a Noelia a la eutanasia.
- Cuestionar específicamente la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas, y la posible ignorancia de la hesitación final de la víctima.
El cable vincula además los fallos a las “leyes laxas de inmigración” de España y afirma que la “migración masiva e ilegal” representa una amenaza a los derechos de los ciudadanos españoles.
La Embajada debe entregar respuestas al Gobierno español antes del 3 de abril de 2026.