Como saben, una pasarela de madera se convirtió en una trampa mortal el pasado 3 de marzo en la senda costera de El Bocal. Seis jóvenes de entre 19 y 22 años —Lucía San Martín, Xabier Bayón, Celia Lage, Eunate Hervas, Lluna Vallejo y Elena Sirbu— perdieron la vida al derrumbarse la estructura mientras caminaban con un grupo de compañeros del CIFP La Granja. Una séptima chica resultó gravemente herida. Lo que parecía para algunos un trágico accidente se ha revelado, según la investigación judicial, como el resultado previsible de años de abandono.
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha sido clara y contundente en su providencia: el mantenimiento de la pasarela corresponde exclusivamente a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de Pedro Sánchez. No al Ayuntamiento de Santander, no a la comunidad autónoma. Solo al Estado. La magistrada ha requerido toda la documentación técnica y administrativa al Ministerio y ha imputado ya a una agente de la Policía Local por ignorar un aviso previo al 112 sobre el mal estado de la estructura. El mensaje es inequívoco: alguien tenía la obligación de vigilar, reparar y garantizar la seguridad de esa pasarela… y no lo hizo.
Y ese “alguien” es el Ministerio que dirige Sara Aagesen y que dirigió Teresa Ribera. Un ministerio que construyó la pasarela en 2013-2014 como parte de un ambicioso proyecto de senda costera, pero que lo paralizó tras las protestas vecinales y ecologistas por su impacto ambiental. Desde entonces, la estructura ha quedado en un limbo administrativo vergonzoso. Según los indicios que maneja la investigación, desde 2017 no consta ningún tipo de mantenimiento oficial. Cero inspecciones, cero obras de refuerzo, cero presupuesto destinado a evitar precisamente lo que ocurrió: que una pasarela de madera expuesta al salitre y a las olas se pudriera hasta romperse bajo el peso de unos jóvenes que solo querían disfrutar de la costa.
Esta no es una cuestión de “responsabilidades compartidas” ni de “tregua política” mientras dura el luto, como han intentado vender algunos. Es una negligencia flagrante del Gobierno central. El mismo Gobierno que presume de ser el gran defensor del medio ambiente y de la “transición ecológica” dejó pudrirse una infraestructura que él mismo impulsó. Mientras se destinan millones a grandes anuncios verdes y a agendas ideológicas, en Santander una pasarela se convertía en una trampa mortal por pura dejadez burocrática. ¿Cuántos informes técnicos, cuántas quejas vecinales, cuántas alertas ignoraron antes de que seis vidas se truncaran?
Hace apenas unos días, el pasado domingo 22 de marzo, cientos de personas —unas 400 según la Policía Local, más de 600 según otras estimaciones— recorrieron en silencio el centro de Santander. Partieron frente a la Delegación del Gobierno y llegaron hasta la plaza del Ayuntamiento. No gritaron consignas, no llevaron pancartas estridentes. Solo silencio y dolor. Una marcha convocada por asociaciones vecinales, ecologistas y sociales que exigió lo único que cabe exigir ahora: verdad y responsabilidades. “Es el momento de reconocer los errores”, reclamaron las entidades organizadoras. Ese silencio colectivo fue más elocuente que cualquier discurso: la ciudadanía no se conforma con condolencias oficiales ni con el habitual pase de pelota entre administraciones. Quiere saber por qué el Ministerio para la Transición Ecológica no fue capaz de proteger a seis jóvenes que caminaban por ella.
La juez ha puesto el foco donde debía: en el responsable único del mantenimiento. Ahora toca que el Ministerio deje de escudarse en “limbos administrativos” y asuma su culpa. Porque cuando un Gobierno construye una obra, la abandona durante más de una década y permite que se deteriore hasta causar una tragedia, no estamos ante un accidente. Estamos ante una negligencia que tiene nombres, apellidos y siglas: Ministerio para la Transición Ecológica y del «reto demográfico». Seis familias destrozadas de por vida y una ciudad entera de luto exigen que no quede impune. La marcha silenciosa ya lo dijo todo: la verdad no se calla. Y la justicia, por fin, empieza a señalar con el dedo correcto.
(Por Lourdes Martino)
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