Mientras 46 familias lloran a sus muertos y los heridos graves siguen luchando en los hospitales, el Ministerio de Transportes sigue demostrando que su prioridad no es la seguridad ni las víctimas, sino tapar vergüenzas. Este viernes, justo dos meses después de la mayor tragedia ferroviaria de la alta velocidad española, la Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación formal por posible malversación de fondos europeos en las obras de mantenimiento del tramo de AVE Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero colisionaron dos trenes y murieron 46 personas.
Según el comunicado oficial de la EPPO, se investigan más de 100 millones de euros de fondos FEDER que supuestamente se destinaron en 2024 a renovar y mantener la vía en el kilómetro 318,7. Los fiscales europeos sospechan que ese dinero acabó en bolsillos ajenos o en chapuzas que dejaron la infraestructura en un estado lamentable. Un informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya apunta que la vía podía estar rota 22 horas antes del choque.
El Ministerio de Transportes se ha convertido en el ministerio negro del sanchismo: un nido de tramas de corrupción, enchufes y malversación que ya acumula imputados a decenas. Recordemos el caso Koldo, con el propio exministro Ábalos en prisión provisional, contratos de mascarillas millonarios adjudicados a dedo, mordidas en obras ferroviarias y «sobrinas» enchufadas. Exdirectivos de Adif como Isabel Pardo de Vera, Michaux Miranda o Álvaro Sánchez Manzanares han sido investigados por malversación, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. ¿El resultado? Ceses tardíos y auditorías «peculiares» que llegaron después del escándalo. El Ministerio de Transportes ha sido un coladero de dinero público.
Y en medio de esta podredumbre, las víctimas de Adamuz no han recibido ninguna llamada, ningún apoyo, ningún gesto. En julio de 2025, el ministerio suprimió por decreto la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis —el órgano que realmente coordinaba atención a víctimas y respuesta inmediata— y la sustituyó por un Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas. Un chiringuito sin personal operativo, sin competencias reales y sin capacidad de reacción. Su responsable, Fernando Moreno, brilla por su ausencia. Los damnificados lo han denunciado públicamente: “Nunca nos han contactado”. Dos meses de silencio absoluto mientras los heridos graves siguen en hospitales y las familias se desmoronan.
Este “observatorio” no es más que un parche cosmético para que el ministro pueda decir en los platós que “se ha hecho algo”. En la práctica, es humo. La misma desidia que permitió que la vía de Adamuz se degradara hasta el punto de que Europa ahora investiga si se robó el dinero destinado a arreglarla.
El mismo ministerio que cerró la unidad que podría haber evitado o mitigado descoordinaciones como las de Adamuz, ahora se escuda en que “la seguridad depende de Adif”. Pues bien: Adif es su responsabilidad política. Y la corrupción que pudre sus contratos también. La Fiscalía Europea acaba de poner el dedo en la llaga. Pero la verdadera vergüenza no está solo en los fondos malversados. Está en un Ministerio que lleva años priorizando tramas, enchufes y propaganda antes que vidas humanas. 46 muertos y un observatorio-chiringuito que ni siquiera coge el teléfono. Eso no es gestión. Eso es abandono criminal.
Por cierto, este viernes, a partir de las 6 de la tarde, las víctimas de la tragedia de Adamuz se manifiestan en Huelva con el lema «Memoria, verdad y justicia».
(Por Lourdes Martino)