La Comisión Europea ha decidido llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir gravemente sus obligaciones comunitarias en materia de IVA, solicitando además la imposición de sanciones económicas al Ejecutivo.
El motivo principal radica en que España se mantiene como el único país de los Veintisiete que no ha transpuesto la Directiva (UE) 2020/285, aprobada en 2020 y obligatoria desde el 1 de enero de 2025, que permite eximir del IVA (régimen de franquicia o «IVA franquiciado») a autónomos y pequeñas empresas con facturación anual inferior a 85.000 euros.
Mientras Francia, Italia, Irlanda y la mayoría de socios europeos han optado por umbrales altos —cercanos al máximo permitido— o al menos han implementado algún tipo de alivio para sus pequeños autónomos, el Gobierno español ha optado por la inacción total.
Hacienda ha justificado esta parálisis alegando incompatibilidades con el despliegue de la facturación electrónica obligatoria, pero esta excusa no ha convencido ni a Bruselas ni a las organizaciones de autónomos, que ven en ella una mera maniobra para evitar cualquier merma en la recaudación, aunque sea a costa de asfixiar al colectivo más vulnerable del tejido productivo.
El Ejecutivo comunitario ha recordado que España recibió cartas de emplazamiento en enero de 2025 y dictámenes motivados en julio del mismo año, sin que el Gobierno haya presentado hasta la fecha ninguna medida legislativa efectiva. Bruselas subraya que, aunque la aplicación del régimen de exención en territorio nacional sea opcional, España sí estaba obligada a transponer las disposiciones que permiten a los autónomos y pymes españoles acogerse a este beneficio cuando operan en otros Estados miembros.
Al no hacerlo, se genera una discriminación flagrante: los autónomos españoles quedan excluidos de ventajas que sí disfrutan sus competidores europeos, lo que distorsiona la competencia en el mercado único y vulnera principios básicos del Derecho de la UE.
A esto se suma el incumplimiento de otra directiva de 2022 sobre tipos de IVA y reglas para servicios digitales, bienes de segunda mano y antigüedades, cuya falta de adaptación podría derivar en riesgos de doble imposición o no imposición, agravando aún más el caos normativo que el Gobierno ha perpetuado.
Las organizaciones de autónomos, como ATA y UPTA, han celebrado la decisión de Bruselas como un varapalo merecido al Ejecutivo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha sido tajante: «Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no pueden acogerse al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros. Son trabas y más trabas». UPTA estima que más de un millón de autónomos podrían beneficiarse de este régimen simplificado, que ahorraría cientos de euros anuales en costes administrativos y burocráticos por profesional.
Este nuevo expediente ante el TJUE expone la crónica desidia del Gobierno en materia fiscal hacia los autónomos, un grupo de trabajadores que ya soporta una de las cargas impositivas y administrativas más altas de Europa. Lejos de proteger a los pequeños empresarios —como proclama en sus discursos—, el Ejecutivo ha preferido mantener el statu quo recaudatorio, incluso a riesgo de multas millonarias pagadas con dinero público y de dejar a cientos de miles de trabajadores por cuenta propia en clara desventaja competitiva frente al resto de Europa.
La pregunta ahora es si, ante la inminente sanción, el Gobierno reaccionará por fin o seguirá priorizando la caja de Hacienda sobre la supervivencia de los autónomos. Sólo el comunismo puede sobrevivir en una nación de amamantados y subsidiados por el gobierno. Sólo una patria es libre si sus trabajadores son libres.