El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid. La sentencia, fechada el 16 de marzo de 2026 y notificada en estos días, estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Liberum y tumba por completo la normativa aprobada por el Pleno municipal el 28 de octubre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de noviembre de 2024.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid considera que la ordenanza «no es conforme con el ordenamiento jurídico» porque carece de un proyecto previo válido. El Ayuntamiento se apoyó en el Plan de Movilidad Urbana Segura y Sostenible de Valladolid (PIMUSSVA) de noviembre de 2021, anterior al Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE. Ese plan no incorpora los requisitos específicos exigidos por la nueva normativa estatal. Además, el proyecto técnico se aprobó simultáneamente con la ordenanza en junta de gobierno y pleno, lo que vulnera el principio de que el proyecto debe ser previo e independiente.
El tribunal no entra a valorar otros motivos alegados por Liberum y se limita a este defecto de forma y procedimiento, declarando nula toda la regulación. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Valladolid deberá asumir las costas procesales. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.
El historial de la ZBE en Valladolid: obligatoria por ley, pero mal ejecutada
La ZBE era una obligación legal, y contraria a la propia Constitución, derivada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y del RD 1052/2022 para ciudades de más de 50.000 habitantes. El equipo de gobierno de PP y Vox, liderado por el alcalde Jesús Julio Carnero, la impulsó con restricciones para vehículos sin etiqueta ambiental (diésel anteriores a 2006 y gasolina previos a 2001). Entró en vigor progresivamente: pruebas en 2024-2025, con multas desde el 1 de julio de 2025 (200 euros, 100 con pronto pago) y cámaras de control en el perímetro del centro histórico.
Hasta mediados de febrero de 2026, el Consistorio había recaudado más de 1,6 millones de euros con 16.080 propuestas de sanción que afectaron a 9.218 vehículos. Las multas bajaron con el tiempo por la “educación” a golpe de cartera, pero siguieron aplicándose activamente.
El Ayuntamiento sospechaba el varapalo… y aun así no dejaba de sacar tajada
Lo más escandaloso es que el recurso de Liberum estaba presentado desde hacía meses y el propio Ayuntamiento conocía los precedentes: el mismo TSJCyL ya había anulado las ZBE de Segovia y Ávila por defectos idénticos de procedimiento (falta de proyecto previo en el PMUS). Fuentes municipales consultadas por los medios reconocen que el equipo de gobierno era consciente del riesgo jurídico.
Sin embargo, siguieron multando y recaudando sin piedad. Solo suspendieron temporalmente las restricciones en eventos como Pingüinos 2026 para atraer turismo. Es decir: sabían que la norma estaba coja, pero aprovecharon el tiempo para sancionar a miles de conductores —muchos vecinos que entraban por necesidad a garajes, citas médicas o negocios— y embolsarse más de un millón y medio de euros.
Son unos caraduras que se aprovechan de la gente. Impusieron una medida mal tramitada, cobraron multas a sabiendas de que podía caer judicialmente y ahora dejan a los vallisoletanos con el dinero pagado en sanciones que, previsiblemente, muchos recurrirán para recuperar. Liberum, por su parte, celebra en redes: “Gran noticia para todos los ciudadanos de Valladolid. El tesón es nuestra mejor arma. Han tardado, pero el resultado es magnífico”.