El Tribunal Supremo ha dado un paso trascendental en la aplicación práctica de la Ley de Segunda Oportunidad (régimen de exoneración del pasivo insatisfecho o EPI, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal —TRLC— tras la reforma de la Ley 16/2022, que transpuso la Directiva UE 2019/1023).
Dos sentencias dictadas el 18 de febrero de 2026 —concretamente la STS 261/2026 y la STS 264/2026— marcan un cambio de paradigma que beneficia especialmente a deudores de buena fe, autónomos, administradores de sociedades y particulares con deudas públicas o derivaciones de responsabilidad.
Estas resoluciones, publicadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, eliminan automatismos restrictivos que durante años cerraban la puerta a la exoneración y amplían notablemente el alcance del perdón de deudas, alineándose con principios de proporcionalidad, rehabilitación económica y derecho europeo.
Analicemos por separado ambas sentencias:
- Fin al veto automático por derivación de responsabilidad (STS 261/2026 y doctrina relacionada)
Uno de los mayores obstáculos históricos para muchos deudores —sobre todo administradores de sociedades mercantiles— era la mera existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad (por deudas tributarias o de Seguridad Social).
El artículo 487.1.2.º TRLC establecía una causa de exclusión casi automática si en los diez años anteriores se había dictado tal acuerdo, salvo pago íntegro.El Supremo rechaza rotundamente esa aplicación mecánica.
La STS 261/2026 (junto con otras del mismo día como 259, 262 y 263/2026) aclara que la derivación de responsabilidad no es una sanción, sino un mecanismo de garantía para el cobro. Por tanto, no puede operar como veto general ni automático. Solo se justificará la denegación de la exoneración cuando se acredite que la derivación trae causa de una conducta fraudulenta grave del deudor o administrador, equiparable a infracciones muy graves según la Ley General Tributaria o la normativa de Seguridad Social (por ejemplo, ocultación deliberada de bienes, simulación de operaciones o fraude probado).Dice literalmente la sentencia:
«Mientras no conste acreditado que el acuerdo de derivación de responsabilidad trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a aquellas merecedoras de sanción por infracción muy grave, esta excepción […] carece de la debida justificación para privar al deudor concursado del acceso a la exoneración de deudas».
La onsecuencia práctica de esta doctrina es que miles de autónomos y ex administradores que tenían derivaciones por deudas de su sociedad podrán ahora acceder al EPI si demuestran buena fe y ausencia de fraude grave. El juez deberá valorar caso por caso, sin vetos por defecto.
- Exoneración del crédito público: ya no depende del organismo recaudador (STS 264/2026 y relacionadas)
El segundo gran avance se refiere al tratamiento del crédito público en el artículo 489.1.5.º TRLC. Hasta ahora, la norma limitaba la exoneración a los créditos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT —Hacienda—) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con topes de 10.000 € (5.000 € exonerables íntegramente + 50 % del exceso hasta 10.000 €).
La STS 264/2026 (y en sintonía con la STS 260/2026) declara que no es razonable ni proporcionado distinguir según el ente recaudador. Por tanto, extiende el régimen de limitación/exoneración parcial a cualquier crédito de Derecho público, independientemente de si lo gestiona:
- Agencia Tributaria (AEAT)
- Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
- Administraciones autonómicas (por ejemplo, tributos cedidos o propios)
- Diputaciones provinciales
- Ayuntamientos (impuestos locales como IBI, plusvalía, multas, tasas…)
La sentencia dice literalmente:
«No es acorde con la exigencia de debida justificación […] distinguir según los créditos de derecho público sean objeto de recaudación por la AEAT o por cualquier otra administración autonómica, provincial o local».
La exclusión es parcial y uniforme para toda clase de crédito público (salvo los subordinados, que se exoneran íntegramente —ver más abajo—), al margen de quién tenga encomendada su recaudación.
Topes actualizados y aplicación práctica:
- Primeros 5.000 € del crédito público → exonerables al 100 %.
- Exceso hasta 10.000 € → exonerable al 50 %.
- El límite de 10.000 € se aplica por cada acreedor público (no un tope global), lo que multiplica las posibilidades de exoneración cuando hay varias administraciones.
- Intereses, recargos y sanciones → exonerables al 100 % sin límite cuantitativo (solo el principal tiene tope).
- Créditos públicos subordinados (por ejemplo, por calificación culposa del concurso o retraso en comunicación) → exonerables íntegramente, sin aplicación de topes.
Ejemplo realista: un deudor con 8.000 € de IBI al Ayuntamiento + 12.000 € a Hacienda + 15.000 € a TGSS (incluyendo recargos).
Tras estas sentencias, podría exonerar buena parte (topes por acreedor + 100 % recargos/intereses + subordinados completos), algo impensable antes de 2026.
El impacto de esta sentencia es de más protección para el deudor honesto. Estas dos sentencias consolidan una jurisprudencia más garantista, alineada con el espíritu rehabilitador de la Segunda Oportunidad.
El mensaje del Supremo es contundente: la exoneración no debe ser una quimera para el deudor de buena fe, sino una oportunidad real de empezar de cero, sin vetos automáticos ni discriminaciones injustificadas entre administraciones públicas.Para autónomos, ex socios y particulares con deudas mixtas (privadas + públicas), esto supone, más posibilidades de éxito en el proceso., menor riesgo de condena perpetua por deudas administrativas, y mayor proporcionalidad entre la conducta del deudor y las consecuencias.
En resumen, el Tribunal Supremo ha reescrito en la práctica la Ley de Segunda Oportunidad en 2026: más inclusión, menos automatismos y una protección efectiva para quien actúa honestamente. Si estás en una situación similar, estas resoluciones abren una ventana importante que antes estaba prácticamente cerrada.
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