Álvaro Romillo, más conocido en redes sociales como CryptoSpain o simplemente “Luis”, ha sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como cabecilla de una organización criminal que estafó al menos 185,5 millones de euros a 3.062 inversores a través del Madeira Invest Club (MIC).
El magistrado ha impuesto a él y a otros nueve procesados una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros y mantiene en prisión provisional al empresario por riesgo de fuga y reiteración delictiva.
La historia de CryptoSpain comenzó en 2023 como un “club privado de inversión” que prometía rentabilidades mínimas del 20 % anual (y en algunos vídeos hasta el 53 %) sin pagar impuestos. A través de TikTok, YouTube y eventos presenciales, Romillo y su equipo ofrecían a los clientes comprar “activos de lujo”: relojes, vehículos de alta gama, embarcaciones, whisky de colección, oro, obras de arte digitales y criptoactivos. El contrato era sencillo: el club recompraba el bien en un plazo fijo con beneficios garantizados.
En realidad, no existía ninguna inversión real.
Era un esquema piramidal clásico: los primeros inversores cobraban con el dinero de los nuevos. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó en mayo de 2023 de los patrones sospechosos, la plataforma siguió operando hasta septiembre de 2024, momento en que cerró de golpe. Las oficinas desaparecieron, los canales de comunicación se borraron y miles de personas se encontraron con que sus ahorros se habían evaporado.
El entramado criminal
Según el auto de procesamiento, Álvaro R. (alias Cryptospain) lideraba una estructura jerárquica integrada por otras nueve personas: Borja L., Alejandro P., Pedro Estanislao B., Domingo R., Juan Carlos R., Mihaela M., David A., Rosa María O., Yolanda N. y Juan José M. Entre todos gestionaban 52 sociedades, 106 cuentas bancarias y activos repartidos en al menos 15 jurisdicciones (España, Portugal, Hong Kong y otros paraísos fiscales).
Los fondos se desviaban a empresas controladas por Romillo y su hermano para comprar bienes personales o blanquear el dinero.
La Guardia Civil, en la operación PONEI, cifró la estafa global en más de 260 millones de euros y habló de más de 3.000 perjudicados. Algunas acusaciones particulares elevan la cifra de víctimas a 30.000 y las pérdidas a 300 millones o incluso 600 millones. El dinero salió de España hacia cuentas en Portugal y Hong Kong (una sola sociedad recibió 29 millones de euros en pocas semanas).
Los afectados: familias, empresarios y sueños rotos
Los perfiles de las víctimas son variados: desde pequeños ahorradores que invirtieron sus ahorros de toda la vida hasta empleados de hostelería de Granada que confiaron sus nóminas, pasando por un emporio hostelero que quedó sin liquidez. Elbufete de abogados Quercus Juridico esta ayudando ha los afectados y presentado denuncias en los juzgados.
“Muchos han perdido el 98 % de lo invertido”, explica el abogado Rodriguez de Brujon a preguntas del director del diario Eldiestro. Algunos solo recuperaron el 2 % tras el cierre.
En redes y foros, los testimonios se repiten: “Pensé que estaba invirtiendo en algo seguro y fiscalmente optimizado”; “Era mi jubilación y ahora no sé cómo pagar la hipoteca”; “Nos prometieron que era imposible perder y hoy estoy en números rojos”.
Se ha presentado una denuncia por intrusismo profesional contra Romillo, quien se presentaba como “experto fiscal y tributario” sin titulación.
Además, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a personas vinculadas al club, recordándoles posibles obligaciones fiscales por las supuestas “ganancias” que nunca llegaron.
La conexión política que salpicó al caso
El caso ganó aún más notoriedad cuando se supo que Álvaro Romillo entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez para financiar la campaña de su partido Se Acabó La Fiesta en las elecciones europeas de 2024.
Esa parte del procedimiento fue elevada al Tribunal Supremo por la aforabilidad de Alvise. Romillo admitió el pago, pero las víctimas reclaman que ese dinero también era suyo.
¿Qué pasa ahora?
Álvaro Romillo sigue en prisión provisional desde noviembre de 2025. El juez Calama ha abierto una pieza separada por blanqueo de capitales. Las acusaciones populares piden que se investigue a fondo el destino de los fondos y que se acelere la devolución a los perjudicados. Mientras tanto, los abogados de Quercus Juridico siguen llamando a nuevos afectados a sumarse a las denuncias colectivas: “No estás solo. Juntos podemos recuperar algo”.
La estafa CryptoSpain se ha convertido en uno de los mayores escándalos cripto de la historia reciente de España. Un recordatorio doloroso de que, cuando las rentabilidades parecen demasiado buenas para ser ciertas y vienen envueltas en promesas de “elusión fiscal” y lujo fácil, la realidad suele ser mucho más amarga.
Miles de familias españolas siguen esperando justicia y, sobre todo, respuestas.