La justicia española sigue apretando el cerco a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, en una causa que acumula reveses, correcciones y una persistente sombra de sospecha. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez para el próximo Miércoles Santo, fecha cargada de simbolismo religioso que coincide con la conmemoración de la traición en la Semana Santa. Casualmente el juez ya interrogó al ministro Félix Bolaños como testigo en un Miércoles Santo anterior— para avanzar en una investigación que lleva más de dos años abierta. Una tensa declaración del ministro que contestaba al juez con titubeos.
Peinado, instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, mantiene viva la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Aunque ha intentado en varias ocasiones unir todas las líneas de investigación en un solo procedimiento —incluso proponiendo que, de llegar a juicio, se tramitara ante un jurado popular por la gravedad de los hechos—, la Audiencia Provincial de Madrid le ha frenado repetidamente. En febrero de 2026, el tribunal anuló sus autos que abrían la puerta al jurado popular, reprochándole falta de motivación y ausencia de indicios concluyentes y consistentes para justificar ese paso procesal. La causa volvió a la fase de diligencias previas, y el magistrado, a pesar de las zancadillas que le ponen, ha seguido insistiendo en recabar pruebas, como análisis de correos electrónicos desde 2018 o informes de la UCO.
Begoña Gómez, desde su posición privilegiada en La Moncloa, presuntamente firmó cartas de recomendación para empresarios que luego obtuvieron contratos públicos millonarios y beneficios. La misma que ha sido vinculada a adjudicaciones dudosas en el ámbito universitario y empresarial, y cuya asesora en Presidencia del Gobierno ha sido investigada por presunta malversación en su contratación. Mientras Pedro Sánchez defiende a capa y espada la «honradez» de su familia y denuncia «lawfare» y ataques de la derecha, las pesquisas judiciales siguen revelando un patrón: el uso de la cercanía al poder para obtener ventajas privadas.
Esta nueva citación no es un mero trámite. Es otro capítulo en una saga que ha generado múltiples recursos, ampliaciones de plazos (la investigación se prorrogó hasta abril de 2026) y correcciones de instancias superiores. Begoña Gómez ya ha sido citada en varias ocasiones —algunas en sábados o fechas atípicas— y ha optado por no comparecer en más de una, lo que ha obligado al juez a reiterar las llamadas. El Miércoles Santo será, previsiblemente, el momento en que tenga que explicar ante el instructor el alcance de sus gestiones, recomendaciones y contactos que, según las acusaciones, beneficiaron a terceros y a ella misma a costa del erario público.
Mientras el PSOE cierra filas y acusa al juez de parcialidad, la opinión pública se divide: ¿es esto persecución política o, por el contrario, la justicia actuando con independencia ante indicios que nadie puede ignorar? Lo cierto es que Peinado no ceja. Ha ampliado pesquisas, pedido informes exhaustivos y mantenido viva una causa que, pese a los reveses, sigue poniendo en jaque la imagen de «transparencia» que tanto presume el Gobierno.
(Por Lourdes Martino)