Una nueva tragedia: Ángela, una niña de apenas 14 años, se quitó la vida el pasado sábado en el sótano de su casa en Benalmádena, Málaga. Sus padres, destrozados, denuncian que la joven sufría un acoso escolar implacable en el IES Benalmádena, donde estudiaba tercero de la ESO. Según ha relatado gente cercana, el bullying se centraba en su delgadez extrema y su timidez, llevándola a un tratamiento psicológico que no bastó para salvarla. Antes de su muerte, dejó una nota que podría revelar detalles clave, pero la Policía Nacional aún investiga mientras el centro educativo y las autoridades se lavan las manos.
Este nuevo caso es el síntoma de un sistema educativo fallido, donde los protocolos anti-acoso son poco más que papel mojado. El IES Benalmádena asegura no tener «constancia» de ningún caso de bullying relacionado con Ángela, pese a que la familia insiste en que el acoso duraba al menos un año. ¿Cómo es posible que una alumna delegada de clase, visible y activa, pase desapercibida en su sufrimiento? Los compañeros afirman que «si le hacían bullying, no era en clase», como si el acoso se limitara a los pupitres y no se extendiera a pasillos, recreos o redes sociales. Esta negación institucional es criminal: el centro admite tener seis procedimientos abiertos por acoso, pero ninguno involucraba a Ángela. ¿Protocolos? Más bien excusas «bienquedas» para la inacción.
La familia de Ángela ya ha anunciado acciones judiciales contra el instituto por no activar el protocolo antibullying, un mecanismo que, en teoría, debería detectar y frenar estos abusos. Pero la realidad es cruda: los colegios en España fallan estrepitosamente en su implementación. Según datos alarmantes, el suicidio es la principal causa de muerte externa en menores. ¿Y qué hacen los centros? Mirar para otro lado, priorizando su reputación (y no perder subvenciones) sobre la vida de los alumnos. En Benalmádena, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía solo «recaba información» ahora, después de la tragedia. ¿Por qué no antes?
El Ministerio de Educación, bajo el mando de la ministro Tolón (colocada a dedo por Sánchez), merece una crítica aún más dura y el inútil Ministerio de infancia y juventud, presidido por la comunista Rego, merece su extinción inmediata ¿Dónde está la ley integral contra el acoso escolar que familiares de víctimas exigen desde hace años? En 2025, tras casos como el de Sandra Peña en Sevilla, se convocaron huelgas y manifestaciones, pero el Gobierno respondió con silencio y promesas vacías.
UNICEF alerta que el 6,5% de adolescentes españoles ha intentado suicidarse, y el acoso escolar multiplica por 2,23 el riesgo de pensamientos suicidas. Sin embargo, el Ministerio prefiere invertir en campañas publicitarias ridículas en lugar de en recursos reales. Es una negligencia sistémica que roza lo criminal, permitiendo que el bullying destruya vidas mientras se esconde detrás de la burocracia.
¿Y el Gobierno de Pedro Sánchez? Su inacción es escandalosa. Los suicidios juveniles han aumentado notablemente en los últimos años especialmente en jóvenes de 14 a 29 años, pero no hay fondos específicos para prevención en los institutos, ni leyes que penalicen la omisión de deberes en centros educativos. Peor aún: estos casos se diluyen en los medios, convertidos en noticias efímeras que no generan un debate nacional. ¿Por qué? Porque admitir el fracaso sería políticamente costoso. En lugar de eso, se opta por el olvido.
Desgraciadamente este no es el primer caso en los últimos meses, y eso agrava la indignación. En octubre de 2025, Sandra Peña, de 14 años, se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso en el colegio concertado Irlandesas de Loreto. La familia denunció el acoso, pero el centro lo negó, y la Inspección Educativa afirmó «no haber indicios». El resultado: una huelga estudiantil nacional contra el acoso y discursos de odio, pero cero cambios estructurales. Otro ejemplo: en el blog de Bullying Sin Fronteras, se listan al menos 10 suicidios adolescentes por bullying en España en 2025, como el de Sandra, que apenas trascendieron más allá de redes sociales y algún que otro programa de TV. Estos casos, ocurridos en España, se mencionan en foros de redes sociales, donde padres claman por justicia, pero los medios convencionales los relegan a breves, y el Gobierno los ignora.
Ángela no será la última si no cambian las cosas. El Gobierno, los Ministerios y los colegios deben rendir cuentas, no excusas o silencio. De lo contrario, su silencio no es pasividad; es complicidad en la muerte de estos niños.
(Por Lourdes Martino)
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