El desastre de la gestión en el Ministerio de Transportes se agrava con otra dimisión de alto nivel: Según ha publicado El Economista, la subdirectora general de Coordinación de Carreteras, Ana Martínez Pérez-Beato, abandona su cargo para incorporarse directamente a Correos como directora de Auditoría y Control, bajo la presidencia de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes.
Esta marcha, que se suma a la reciente dimisión de Paula Pérez, subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, expone el caos interno en el Ministerio liderado por Óscar Puente.
Lo que podría parecer una mera reestructuración burocrática es, en realidad, el síntoma de un desastre mayor: la negligencia crónica del Gobierno en el mantenimiento de las carreteras, que pone en riesgo la seguridad de millones de españoles.
Martínez Pérez-Beato, quien ocupaba su cargo desde 2023 tras haber sido adjunta desde 2019, deja el puesto en la Dirección General de Carreteras (DGC) en un momento crítico. Su traslado a Correos no es casual: Saura, un viejo conocido de su etapa en el Ministerio entre 2018 y 2021, la integra ahora en su comité de dirección. Mientras tanto, la dimisión de Paula Pérez responde directamente a sus discrepancias con las reformas impulsadas por Puente, que priorizan el precio en las licitaciones de conservación, convirtiéndolas en subastas que sacrifican la calidad y la seguridad por el ahorro a corto plazo.
Las carreteras españolas están en un estado deplorable, y el Gobierno de Pedro Sánchez es el principal responsable. Las recientes borrascas han sacado a la luz un deterioro que no es fruto del clima, sino de años de desinversión y mala gestión. Según datos del sector, el déficit en conservación supera los 13.500 millones de euros, con más de la mitad de la red en situación grave. En solo tres años, los kilómetros en mal estado se han triplicado, pasando de 13.000 en 2022 a 34.000 en 2025 según publicó Vozpopuli.
Socavones, baches y reventones de ruedas se multiplican, como denuncian conductores en Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla y León, donde las lluvias han convertido tramos enteros en trampas mortales. Los transportistas, hartos de soportar esta situación a diario, han exigido a Puente la renovación urgente de una treintena de tramos específicos por riesgo inminente de accidentes. Sin embargo, en el ministerio se opta por aprobar contratos por debajo del presupuesto inicial en un gran porcentaje de los casos, lo que garantiza que los trabajos sean de mala calidad acelerando el colapso.
Esta desidia no es nueva: el déficit acumulado en los últimos diez años oscila entre 5.000 y 13.000 millones, agravado por la prórroga de presupuestos. El Gobierno, en lugar de invertir los 5.000 millones anuales necesarios para estabilizar la red, se limita a poner parches temporales: conos, señales y límites de velocidad que no resuelven nada.
La dimisión de Pérez, motivada por su oposición a estas «subastas» que institucionalizan el deterioro, es un grito de alarma interno que Puente ignora, sumido en polémicas en las redes sociales.
Este caos viario se suma al ferroviario, con tragedias como la de Adamuz que han costado 46 vidas. Puente, que presume de transparencia en sus comparecencias, no puede eludir su culpa: bajo su mandato, los descarrilamientos se han multiplicado por cinco desde 2017,
y las carreteras siguen el mismo camino. ¿Cuántas vidas más se necesitan para que asuma responsabilidades y dimita de una santa vez?
(Por Laura González)