En un panorama económico que debería avergonzar a cualquier administración responsable, España ha registrado en enero de 2026 la mayor destrucción de empleo desde el año 2012: 270.782 afiliados menos a la Seguridad Social, lo que equivale a 8.735 puestos de trabajo perdidos cada día. Además, 614 autónomos desaparecen diariamente del mapa laboral.
Este cataclismo es el resultado directo de las políticas fallidas del Gobierno de coalición, encabezado por el PSOE y Sumar, que han asfixiado a las pymes con trabas burocráticas interminables, un incremento descontrolado de los costes salariales y una presión fiscal que roza lo confiscatorio. Y para colmo, a pesar de la mayor oleada de inmigración en la historia reciente del país, estos «aportadores» prometidos no han hecho más que agravar el problema, sin generar el impulso económico que se nos vendía.
Por mucho que lo pretendan, no hay forma de maquillar estos datos. El mercado laboral español ha perdido más de un cuarto de millón de afiliados en un solo mes, un retroceso que nos remonta a los peores momentos de la crisis financiera de 2008-2012.
El desempleo registrado ha aumentado en 30.400 personas, situándose en torno a los 2,4 millones de parados. ¿Y qué hace el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante este desastre? minimizarlo atribuyéndolo a «factores climatológicos adversos», como si el frío o las lluvias fueran culpables de la ineptitud gubernamental. Esta excusa patética no solo insulta la inteligencia de los españoles, sino que revela la incompetencia total de un Ejecutivo que prefiere culpar al tiempo antes que asumir responsabilidades.
Peor aún es la actitud de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, fiel a su estilo, pinta este panorama de color de rosa. Mientras el país sangra empleos, Díaz celebra supuestos logros pasados del 2025, como la reducción del paro por debajo del 10% en el cuarto trimestre de ese año, ignorando que esos avances se han evaporado en un enero negro. Sus declaraciones triunfalistas, como las que destacaban el «fin de la precariedad» en 2025, suenan ahora a burla cruel para los miles de familias que ven sus ingresos evaporarse. ¿Dónde está la «estabilidad laboral» que prometía su reforma laboral? En su lugar, tenemos un mercado asfixiado por regulaciones que convierten la contratación en una odisea.
El origen de esta hecatombe es claro: las pymes, motor del 99% del empleo en España, están siendo estranguladas por un Gobierno obsesionado con intervencionismo. Las trabas burocráticas son descomunales; desde la maraña de permisos para abrir un negocio hasta las obligaciones interminables de presentar informes, declaraciones o registros, las empresas dedican más tiempo a papeleo que a producir.
A esto se suman los incrementos en costes salariales: el salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido un 3,1% en 2026, alcanzando los 1.221 euros, lo que, aunque nos lo vendan como algo progresista, obliga a muchas pymes a recortar plantillas para sobrevivir. Y no olvidemos la enorme presión fiscal que sufren las pymes que pagan tipos efectivos elevados en el Impuesto de Sociedades, mientras que las grandes corporaciones disfrutan de buenas deducciones. A esto hay que añadir un absentismo laboral disparado, una productividad estancada y un ecosistema empresarial que prefiere cerrar antes que lidiar con esta vorágine.
Encuestas como la Eurochambres Economic Survey 2026 confirman que los costes laborales, la carga regulatoria y la falta de mano de obra cualificada son los principales frenos para los emprendedores europeos, con España a la cabeza en burocracia asfixiante.
Inmigración: La Gran Mentira Vendida
Nos venden continuamente que la inmigración masiva sería la salvación: «vienen a aportar», dicen. Como saben, el Gobierno planea regularizar a 500.000 indocumentados más. Pero, ¿dónde está la contribución? En lugar de impulsar el empleo, esta política ha saturado sectores precarios como la hostelería y la agricultura, deprimiendo salarios y aumentando la competencia desleal. Muchos inmigrantes, sin cualificación adecuada, terminan en la economía sumergida o dependiendo de subsidios, lo que agrava la carga fiscal sobre los contribuyentes españoles.
(Por Lourdes Martino)