Por Alex Díaz
España ha convertido la política ambiental —basada en lo que, por suerte, cada vez más personas reconocen como la estafa del cambio climático— en una industria administrativa paralela. Se trata de una auténtica distopía que pretende reducir el gas que sustenta la vida en la Tierra: el CO₂. Sin este gas no existiría la función clorofílica ni, por tanto, la base misma de la vida vegetal.
No se trata de salvar el planeta. Se trata de esclavizar aún más al sector privado mediante nuevos formularios, registros, plataformas digitales, verificaciones y duplicidades administrativas que consumen capital humano y recursos privados sin generar ningún retorno productivo.
Hoy, más de 105.000 trabajadores del sector privado en España dedican su jornada a tiempo completo a cumplir normativas ambientales. No producen, no innovan, no exportan. Cumplen. Y ese cumplimiento cuesta 6.200 millones de euros al año.
Figura 1 — Un empleo privado forzoso por regulación
Figura 1. Empleo dedicado exclusivamente a gestión administrativa ambiental (residuos, emisiones, reporting, auditorías y plataformas públicas).
Diagnóstico: la empresa española ha sido convertida en extensión administrativa del Estado.
El coste que nadie audita Mientras se cuantifican toneladas de CO₂ y objetivos a 2030, nadie mide el coste humano y económico del aparato burocrático exigido para cumplirlos. El resultado es una transferencia silenciosa de recursos desde la producción hacia la administración indirectamente.
- 172 millones de horas al año se pierden en tareas administrativas ambientales.
- 59.000 € es el coste medio anual por trabajador dedicado.
- 0,35 % del PIB se evapora cada año en burocracia privada obligatoria.
Esto no aparece en los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo pagan las empresas.
Figura 2 — El dinero que no se invierte
Figura 2. Coste económico anual soportado por las empresas españolas.
Diagnóstico: miles de millones que no van a salarios, I+D, maquinaria ni a mejorar la competitividad de las empresas españolas.
Productividad sacrificada
La economía española arrastra un problema crónico de productividad. Sin embargo, obliga a dedicar decenas de miles de empleos equivalentes a tareas que no generan valor. Cada nueva plataforma, cada nuevo registro y cada cambio normativo añade horas improductivas a un sistema ya saturado.
Figura 3 — Horas perdidas que no vuelven
Figura 3. Horas anuales dedicadas a cumplimiento administrativo ambiental.
Diagnóstico: tiempo sustraído a producir, competir e innovar.
El golpe a la competitividad
La carga burocrática no es neutral. Penaliza especialmente a pymes y microempresas, que no pueden diluir el coste en grandes estructuras. Para muchas, la normativa ambiental no es un incentivo a mejorar, sino una barrera al crecimiento.
España compite con países donde una obligación se reporta una vez. Aquí, se reporta cada jornada.
Figura 4 — Un sistema que castiga al pequeño
Figura 4. Impacto desproporcionado de la carga administrativa en pymes.
Diagnóstico: menos margen, menos inversión, menos exportación.
El problema no es el medioambiente
El problema es confundir la protección ambiental con la obesidad mórbida administrativa. Más regulación no equivale a menos contaminación. De hecho, el exceso burocrático desvía recursos de las inversiones que sí podrían mejorar de forma efectiva la limpieza ambiental de las empresas.
Pero aplicar esta lógica a España resulta especialmente absurdo. Apenas quedan empresas de “chimenea”: el reducido sector industrial que sobrevive se limita, en muchos casos, a ensamblar o transformar materias primas procedentes de China. Las emisiones asociadas a esos procesos se producen allí, no aquí, aunque se sigan contabilizando como si fueran propias.
El resultado es un auténtico manicomio regulatorio, desconectado de la realidad productiva del país y de cualquier impacto ambiental tangible.
España no ha creado una economía verde: ha creado una contabilidad verde obligatoria.
Figura 5 — Una fuga estructural de crecimiento
Figura 5. Impacto macroeconómico anual (≈0,35 % del PIB).
Diagnóstico: pérdida recurrente de competitividad nacional.
Proteger el medioambiente es pura lógica. Intentar reducir las emisiones de CO₂, que además es un gas escaso, es como intentar poner un potenciómetro al sol. El CO₂ es el gas que sustenta la vida vegetal en la Tierra. Aproximadamente el 80 % de las emisiones de CO₂ proviene de los océanos y el 20 % restante de la cubierta vegetal. El porcentaje total de CO₂ en la atmósfera es de 0,042 %, y el supuesto CO₂ atribuible al ser humano ronda el 0,01 %.
Además, los bosques han aumentado su extensión en las últimas décadas a nivel mundial y actúan como sumideros de carbono, absorbiendo el CO₂ generado por la actividad humana. El CO₂, por tanto, no es un gas contaminante, pese a que así lo presentan determinadas políticas vinculadas a la Agenda 2030. Cuanto mayor es la concentración de CO₂, mayor es el crecimiento vegetal y, en consecuencia, mayor la producción potencial de alimentos.
Lo que sí constituye un problema real para el medioambiente son los programas de geoingeniería, uno de los mayores atentados contra la población. Estas prácticas alteran el clima por intereses geoestratégicos, contaminan el entorno y afectan a la salud. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico culpa a los ciudadanos de modificar el clima por utilizar un Citroën Saxo del año 1998, mientras, al mismo tiempo, se prepara para terminar de dinamitar el sector industrial mediante nuevas normativas propias de un auténtico manicomio regulatorio.
Asfixiar a la empresa con burocracia no es ecología, es contabilidad ritual. No innova, no limpia ríos ni moderniza fábricas. Solo ocupa tiempo, capital y talento en demostrar que se ha cumplido lo que ya se estaba cumpliendo.
Mientras España no mida —y, sobre todo, no reduzca— la huella burocrática de su política ambiental, seguirá debilitando su tejido productivo en nombre de una religión ambiental donde el acto de reportar importa más que el resultado, y donde la fe en el procedimiento sustituye a la eficacia real.
El problema ya no es ideológico ni técnico. Es económico.
El coste ya no es teórico ni futuro.
Es económico, es laboral y es inmediato.
Y, como siempre, el coste se pagará en silencio: sin celebraciones, sin portadas y sin culpables.
Cuando el tejido productivo haya desaparecido, no habrá responsables.
Solo quedarán normas, comités y formularios explicando por qué ya no quedaba nada que proteger.
Conclusión
Si se suma todo, la magnitud es difícil de ignorar.
Entre recaudación pública ligada al CO₂ y la energía (28.000–36.000 millones €), costes directos para las empresas (≈6.200 millones €) y tiempo administrativo perdido —unos 172 millones de horas al año, que valoradas de forma conservadora equivalen a 4.000–6.000 millones €—, el coste total del entramado climático-burocrático en España se sitúa en el entorno de los 40.000 a 50.000 millones de euros anuales.
No es una cifra marginal. Es un impuesto estructural, permanente y acumulativo, que se paga en impuestos, en precios más altos, en menos salarios, en menos inversión y en millones de horas de trabajo improductivo que no reducen emisiones ni mejoran el entorno.
Ese es el verdadero balance de la política climática convertida en aparato administrativo: decenas de miles de millones al año y un país cada vez menos competitivo.
Las emisiones no desaparecen, la industria sí.
Y mientras el coste se reparte entre ciudadanos y empresas, nadie asume la responsabilidad.
Cuando todo esto pase factura de verdad, no habrá autocrítica.
Solo quedará otra norma, otro formulario y otra excusa para explicar por qué, después de gastar hasta 50.000 millones de euros al año, ya no quedaba nada que proteger.