El partido político Vox ha interpuesto una querella criminal contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Ángel María Marco de la Peña, actual presidente de la entidad, por presuntos delitos derivados del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. Esta acción judicial, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Montoro, acusa a los implicados de homicidio imprudente por imprudencia grave, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas. La iniciativa de Vox se produce en medio de un intenso debate sobre la seguridad ferroviaria en España, tras un siniestro que ha dejado un saldo provisional de 43 fallecidos y más de 150 heridos.
El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 19:45 horas del domingo 18 de enero, en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Implicó a dos trenes de alta velocidad: un Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid con 317 pasajeros a bordo, y un Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva con aproximadamente 53 personas en los vagones afectados. Según las primeras investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), los tres últimos vagones del Iryo descarrilaron al aproximarse a la estación de Adamuz, invadiendo la vía paralela donde circulaba el Alvia en sentido contrario. Esto provocó una colisión que resultó en el descarrilamiento de los coches delanteros del Alvia, los cuales cayeron por un terraplén de unos 4 metros de altura.
El balance de víctimas ha ido actualizándose progresivamente. Hasta el momento, se han confirmado 43 fallecidos, con 42 de ellos ya identificados mediante huellas dactilares y autopsias completadas en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Además, 31 personas permanecen hospitalizadas, incluyendo 9 en unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que 92 han sido dadas de alta. Entre las víctimas se encuentran familias enteras, como una de Punta Umbría (Huelva) con cuatro miembros, incluyendo una menor de seis años que inicialmente sobrevivió pero cuyo fallecimiento se confirmó posteriormente. Hay 45 denuncias por desaparecidos, la mayoría de ciudadanos españoles, excepto tres casos, y una involucra a un menor.
Las causas del accidente siguen bajo investigación. Los indicios preliminares apuntan a una posible fractura en la vía o un fallo en la infraestructura, descartándose un error humano ya que ambos trenes circulaban dentro de los límites de velocidad en una recta recientemente renovada. Se ha hallado un «bogie» (una pieza clave del tren) a 270 metros del lugar del impacto, junto a un arroyo, lo que podría ser fundamental para esclarecer el suceso. Audios revelados muestran que el maquinista del Iryo reportó un «enganchón» momentos antes, y que el centro de control de Atocha tardó en contactar con el Alvia, cuyo conductor posiblemente ya había fallecido. Además, se han detectado muescas en las ruedas de vagones previos al descarrilado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que todas las hipótesis están abiertas, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asumido la responsabilidad y ha enfatizado que no se esconderá. La Guardia Civil y servicios de emergencias continúan las labores de desescombro y búsqueda, con maquinaria pesada en el sitio.
Vox califica los hechos como «extremadamente graves» y atribuye la responsabilidad a Pardo de Vera y Marco de la Peña por una «grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias». La querella solicita la declaración judicial de los acusados, así como de testigos como los ministros Óscar Puente, José Luis Ábalos y José Antonio Santano Clavero. Se enfatiza en la necesidad de investigar la evolución del estado de la red ferroviaria, los procedimientos de toma de decisiones, la adjudicación y ejecución de contratos públicos, y el cumplimiento de protocolos de seguridad.
Los fundamentos se basan en advertencias ignoradas: maquinistas reportaban diariamente incidencias como baches, defectos en raíles, descompensaciones en la catenaria y degradación acelerada del material rodante. El sindicato SEMAF envió una comunicación formal el 8 de agosto alertando sobre el deterioro de líneas específicas (010, 030, 040 y 050) de la red de alta velocidad. Vox también vincula el caso a posibles irregularidades en contratos, como el adjudicado a empresas como FCC, Ferrovial, OHLA y Azvi por 56 millones de euros para el mantenimiento del tramo Guadalmez-Córdoba hasta 2028. Se menciona una posible conexión con escándalos investigados en la Audiencia Nacional, involucrando a Koldo García, asesor de Ábalos, en presunto amaño de contratos para cobro de mordidas.
Isabel Pardo de Vera presidió Adif durante la licitación de las obras en la línea afectada, mientras que Marco de la Peña es el actual responsable. Vox argumenta que, independientemente de las causas inmediatas, ambos deben ser investigados por incumplimiento de deberes legales de mantenimiento.