Por Alfonso de la Vega
“La Justicia se encuentra permanentemente negada por la lucha que todas las criaturas, incluidos los hombres tienen entre sí. Por eso la Justicia pura, libre de egoísmos, es una cosa tan rara, tan espléndida, tan divina que cuando un átomo de ella desciende sobre el mundo, los hombres se llenan de asombro y se alborotan…”. (Azorín)
«La fiscalía solicita la anulación de la condena del Tribunal Supremo al FGE por no tener en cuenta las pruebas.»
Para intentar comprender lo que pasa, estas pestes psíquicas y morales que hoy nos asolan, una de los temas teóricos aunque con consecuencias prácticas más interesantes que se pueden bordar en estos oscuros tiempos es el estudio de la peculiar psicología de ciertos jueces metidos a ministros de un gobierno felón que vulnera sistemáticamente el estado de derecho al que teóricamente han servido por razón de su profesión y es de suponer que por vocación. Parece imposible que todo un juez con un mínimo de prestigio o decencia personal y profesional pueda llegar degenerar tanto como para desempeñar importantes carteras en este gobierno, que además de sus propias políticas nefastas vulnera la constitución en las relaciones parlamentarias incluso en cuestiones fundamentales como la aberrante amnistía, las leyes de género contra la presunción de inocencia o la igualdad dante la Ley, la “ocupación”, o el gobernar fuera de la legalidad sin presupuestos generales presentados ni menos aprobados.
Para colmo, ni siquiera intentan pasar desapercibidos y se permiten declaraciones que aunque no chirrían en un gobierno como el sanchista horrorizan y asombran que puedan ser perpetradas por magistrados jueces a los que el imaginario público concede a priori otra catadura moral e intelectual. La hipótesis del chantaje quizás también pueda aducirse como posible explicación teórica de tales conductas incomprensibles e inadmisibles. Sin embargo, aún quedan jueces en España que cumplen sus juramentos en condiciones casi heroicas, que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto e incluso admiración dadas las peligrosas circunstancias. No obstante, con carácter general cabe resaltar las diferencias del comportamiento de los jueces respectivos entre el reino borbónico de España y la Italia republicana finisecular.
Hagamos un ejercicio de recuerdo. Parecido al actual de la Monarquía española agravado aquí por el régimen autonómico,“Tangentopoli”, es decir, «ciudad de los sobornos» o «ciudad de las mordidas», fue el nombre con el que se conocía el escándalo de corrupción sistémica reinante en Italia bajo la investigación judicial conocida como “Mani Pulite” o «Manos Limpias” revelando una red de corrupción, sobornos y financiación ilegal entre partidos políticos, empresas y administraciones públicas. Su resultado fue el colapso del sistema político de la posguerra y a la desintegración de los partidos tradicionales como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
La trayectoria de la Italia rehabilitada política y moralmente por unos fiscales y jueces valientes y competentes, patriotas capaces de atender y cumplir sus juramentos muestra un camino que nos puede servir a nosotros ante la tremenda inoperancia cuando no complicidad pasiva del Jefe del Estado y otras instituciones del reino. El asunto, embrollado como un manojo de cerezas, comenzó con una simple detención y terminó con toda una clase política en entredicho, en fuga o en el banquillo. Tangentopoli comenzó el 17 de febrero de 1992. El fiscal Antonio Di Pietro solicitó y consiguió del juez de instrucción Italo Ghitti una orden de arresto contra el ingeniero Mario Chiesa, miembro destacado del PSI milanés. Chiesa había sido sorprendido con las manos en la masa, embolsándose un soborno del empresario de Monza, Luca Magni, quien, harto de pagar, había pedido ayuda a la policía. Magni, de acuerdo con los Carabineros y Di Pietro, entró en la oficina de Mario Chiesa con 7 millones de liras, equivalentes a la mitad del soborno que este último le había exigido. El contrato que la empresa de Magni había conseguido valía 140 millones de liras, y Chiesa había exigido el 10% para él. Magni tenía un micrófono y una cámara ocultos, y en cuanto Chiesa guardó el dinero del primer plazo en un cajón de su mesa, la policía irrumpió en el despacho y le arrestó. Pero Chiesa se apoderó entonces de lo recaudado en otro soborno, esta vez por 37 millones de liras, y huyó al baño contiguo, donde intentó deshacerse sin éxito del dinero tirando los billetes por el retrete.
Pese a que la sociedad italiana estaba curada de espanto la noticia causó gran sensación. Bettino Craxi, líder del PSI y aspirante a volver a la presidencia tras las cercanas elecciones generales, negó, durante una entrevista con Tg3, la existencia de corrupción a nivel nacional, calificando a Mario Chiesa de delincuente solitario, un «bala suelta» del por lo demás intacto y honradísimo Partido Socialista, que «en cincuenta años de gobierno en Milán, nunca había investigado a un solo político por esos delitos«. Similar argumentación por cierto a la empleada por otro extraordinario prohombre socialista, el gran timonel de la Moncloa y actual presidente del gobierno de la Corona.
En la investigación tuvieron gran relevancia las acciones de fiscales como el famoso Antonio Di Pietro. En el proceso habían tenido gran relevancia las acciones de fiscales como el famoso Antonio Di Pietro. Pero hubo su contraataque y la cosa no terminó allí. El 5 de marzo de 1993, el gobierno italiano aprobó un decreto ley que despenalizaba la financiación ilícita de partidos, por lo que se le llamó borrón y cuenta nueva. El decreto, que incorporaba un texto aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, contenía un artículo tramposo que le otorgaba efecto retroactivo, lo que significaba que también habría incluido a los investigados en la investigación de Mani Pulite. Las investigaciones corrían el riesgo de ser desactivadas, pero la opinión pública y los periódicos protestaron y el presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, por primera vez en la historia de la República, se negó a firmar un decreto-ley, considerándolo inconstitucional.
En la investigación habían tenido gran relevancia las acciones de fiscales como el famoso Antonio Di Pietro. Una primera diferencia con España donde se da la paradoja de que los fiscales dependen de los investigados como se ha puesto de manifiesto con la reciente condena por el Tribunal Supremo del Fiscal General socialista del Gobierno. Otra es que al tratarse de una República en lugar de una Monarquía que intentase tapar los escándalos que la salpìcasen firmando lo que fuere menester se pudo llevar adelante la imputación de centenares de políticos y empresarios y la desaparición de tradicionales partidos históricos, incluso un famoso prohombre socialista como Betino Craxi tuvo que poner píes en polvorosa para burlar la acción de la Justicia. Al cabo, la operación supuso un antes y un después, un profundo cambio en la política italiana, abriendo paso a nuevas posibilidades y fuerzas políticas.
El italiano es un ejemplo cercano y de enorme interés si es que en algún momento se quiere y se puede reconducir la desastrosa situación presente y en el que se puso de manifiesto el gran papel de la Justicia que glosaba nuestro pequeño filósofo.