En un giro que roza lo grotesco, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Cáritas han salido a celebrar con bombo y platillo la regularización extraordinaria de hasta 550.000 inmigrantes en situación irregular, presentándolo como un «acto de justicia» indispensable para sostener el futuro económico de España, particularmente el sistema de pensiones. Según estos guardianes de la moral católica, reconocer la dignidad de estos extranjeros —muchos de los cuales han entrado ilegalmente— es no solo un deber ético, sino una necesidad práctica para paliar el envejecimiento poblacional y el colapso demográfico que amenaza con hacer implosionar nuestras jubilaciones. Pero, ¿dónde queda la coherencia? Mientras alzan la voz por la integración de medio millón de irregulares, guardan un silencio ensordecedor ante el horror de más de 100.000 abortos que se practican cada año en nuestro país, un auténtico holocausto demográfico que ellos mismos contribuyen a perpetuar con su inacción.
La Iglesia Católica, que se autoproclama defensora inquebrantable de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ha emitido comunicados efusivos aplaudiendo el decreto gubernamental que permite regularizar a inmigrantes que hayan residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Fernando Redondo, director del Departamento de Migraciones de la CEE, lo califica de «gran noticia para todos», un «reconocimiento» hacia quienes contribuyen a la sociedad. Y sí, es cierto que España enfrenta un invierno demográfico: baja natalidad, envejecimiento acelerado y un sistema de pensiones que depende de una base contributiva cada vez más estrecha. Pero, ¿es la inmigración masiva e irregular la panacea? ¿O es solo un parche temporal que ignora las raíces del problema, mientras se sacrifica la identidad cultural y se sobrecargan servicios públicos ya al límite?
.@MonsArguello sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. pic.twitter.com/7KI3s9vGcX
— Of. Información CEE (@prensaCEE) January 27, 2026
La verdadera obscenidad radica en el doble rasero. Si la preocupación es el futuro económico y las pensiones, ¿por qué no denuncian con la misma vehemencia el aborto, que aniquila anualmente a más de 106.000 potenciales contribuyentes españoles? Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron exactamente 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un incremento del 3% respecto a 2023, cuando fueron 103.097. Esto no es una estadística abstracta: son vidas humanas extinguidas, futuros trabajadores evaporados, y un golpe directo a la pirámide poblacional que la CEE tanto lamenta. Cada aborto es un niño menos que podría haber nacido, crecido y sostenido el sistema de pensiones con sus cotizaciones. En lugar de eso, en España se opta por el camino fácil: importar mano de obra barata de fuera, mientras permite que la sociedad española se suicide demográficamente desde dentro.
Esta omisión no es casual; es cobardía ideológica. La doctrina católica condena el aborto como un «crimen abominable» (según el Catecismo), pero en España, donde el 78% de estos procedimientos se realizan en centros privados y el número sigue en ascenso —incluyendo un preocupante aumento entre menores de 20 años, con 11.699 casos en 2024—, la CEE prefiere no confrontar al establishment progresista. En cambio, se alinean con el Gobierno y Podemos en su pacto migratorio, ignorando que la regularización masiva no resuelve el déficit natal, sino que lo agrava al diluir la cohesión social y cultural. ¿Justicia? Más bien oportunismo. Si realmente les importara la dignidad humana, empezarían por defender a los no nacidos, no por bendecir una invasión encubierta que beneficia a elites económicas a costa de la soberanía nacional.
Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política: “Estar en situación administrativa irregular genera miedo, incertidumbre, precariedad. En el momento que una persona está en situación regular, empieza a poder tener un proyecto vital estable y puede acceder a derechos”. https://t.co/oqYU3lT9f3 pic.twitter.com/qjb61llP7N
— Cáritas Española ✳️ (@_CARITAS) January 27, 2026
Imaginemos por un momento una Iglesia coherente: una que, en lugar de celebrar decretos migratorios, lance campañas masivas contra el aborto, promueva políticas familiares agresivas y defienda la vida española como prioridad. Pero no: optan por el postureo globalista, alineándose con narrativas que priorizan lo extranjero sobre lo propio. Esta hipocresía no solo erosiona la credibilidad de la Iglesia —ya de por sí maltrecha por escándalos pasados—, sino que condena a España a un futuro de dependencia externa, donde las pensiones se sostienen no por hijos propios, sino por importados que, en muchos casos, traen consigo desafíos de integración y seguridad.
En resumen, la postura de la CEE y Cáritas es un escándalo moral y lógico. Mientras aplauden la regularización de 500.000 irregulares como salvavidas económico, cierran los ojos ante el aborto que mata a más de 100.000 al año, exacerbando el mismo problema que pretenden solucionar. Es hora de que la Iglesia española abandone su silencio cómplice y defienda la vida de verdad, no solo la que conviene políticamente. De lo contrario, no son pastores, sino meros administradores de una decadencia anunciada.