El Ministerio del Interior ha anunciado este jueves que las fuerzas de seguridad (Guardia Civil de Tráfico y policías autonómicas) serán «flexibles» y no multarán durante un periodo «razonable» a los conductores que no lleven la baliza luminosa V-16 en sus vehículos, a pesar de que la medida es obligatoria desde el 1 de enero.
El ministro Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance de siniestralidad vial de 2025 (con 1.119 fallecidos, entre ellos 103 peatones atropellados, muchos al bajar a colocar triángulos), insistió en que el objetivo no es recaudatorio sino «salvar vidas». Sin embargo, reconoció implícitamente el escaso grado de cumplimiento al afirmar que esperan que «todos» los vehículos la lleven, aunque solo unos 3.000 la usan diariamente para señalizar incidencias.
Un paso atrás ante la evidencia y la indignación ciudadana
Esta «flexibilidad» no es más que un reculada evidente del Gobierno ante la avalancha de críticas y la demostración práctica de la inutilidad de la baliza V-16 en múltiples escenarios reales. Lo que se vendió como una revolución tecnológica para sustituir los triángulos de emergencia ha resultado ser un dispositivo caro (entre 50 y 100 euros los modelos homologados y conectados), con limitaciones técnicas graves y una implantación forzada que ha generado más rechazo que adhesión.
Entre las críticas más extendidas y demostradas por usuarios, bomberos y expertos destacan:
- Visibilidad muy limitada en condiciones reales: de día apenas se distingue, en curvas o cambios de rasante es prácticamente invisible, y en accidentes con el vehículo volcado o deformado, ¿dónde se coloca para que se vea?
- Duración de batería insuficiente: muchas se agotan antes de que llegue la grúa (esperas de 45-90 minutos en días de alta demanda), dejando el coche sin señalización visible.
- Problemas técnicos: sensibilidad al agua, fallos en la conectividad, y el riesgo de que la batería se descargue por completo.
- Riesgos añadidos: mapas públicos que muestran en tiempo real dónde están los vehículos averiados (con denuncias de robos facilitados), y la posibilidad de atraer grúas piratas o delincuentes.
Un bombero valenciano lo resumió brutalmente en un vídeo viral: la baliza es inútil en incendios (no te puedes acercar), en vuelcos, en curvas… y recomienda seguir llevando triángulos por seguridad. La DGT incluso ha tenido que permitir usarlos como complemento, contradiciendo su discurso inicial de sustitución total.
Un negocio forzado que huele a fracaso
La obligatoriedad se impuso sin consenso real entre conductores, con la excusa de salvar a los 25-30 peatones atropellados al año al colocar triángulos… pero se ha convertido en un impuesto encubierto que mueve cientos de millones de euros en ventas obligatorias. Ahora, ante la resistencia masiva y las pruebas en carretera de que el invento no funciona como prometían, el Gobierno opta por el clásico «periodo de gracia» indefinido para no enfrentarse a una rebelión generalizada.
En resumen: la baliza V-16 ha nacido coja, cara y cuestionada desde el minuto uno. La «flexibilidad razonable» anunciada hoy no es generosidad; es la admisión tácita de que la medida ha sido un error de bulto y que la indignación de millones de conductores ha obligado al Ejecutivo a dar marcha atrás, aunque sea de puntillas y sin reconocerlo. Mientras tanto, los triángulos siguen siendo, para muchos, la opción más fiable y barata. ¿Cuánto durará este «periodo razonable» antes de que la DGT tenga que replantearse todo el invento? El tiempo (y la realidad en las carreteras) lo dirá.
¡Hay que seguir apretando!