Por Alex Díaz
España no está en crisis: está en decadencia estructural. Desde 1978 se ha construido un sistema político-administrativo que ha generado más deuda, menos productividad y una pérdida progresiva de soberanía económica, monetaria y política. Los datos son claros y no admiten maquillaje.
- La deuda pública: de herramienta a cadena
En 1975, la deuda pública española era inferior al 10 % del PIB. En 2025 supera el 110 % del PIB, con más de 1,6 billones de euros acumulados.
¿Dónde está ese dinero?
No en una industria fuerte.
No en un sistema productivo competitivo.
No en salarios reales crecientes.
Gran parte de la deuda se ha destinado a:
gasto corriente,
estructuras políticas redundantes,
redes clientelares,
rescates financieros,
y financiación de déficits crónicos.
Esto abre una cuestión clave: ¿es legítima una deuda que no ha generado prosperidad ni capital productivo?
Medidas necesarias:
Auditoría completa de la deuda desde 1978.
Distinción entre deuda productiva e improductiva.
Renegociación con acreedores mediante:
o bonos soberanos a 10 años,
o pagarés vinculados a PIB e industria nacional,
o cláusulas de crecimiento real, no financiero.
- Salida del euro y la Unión Europea y recuperación de moneda propia
Desde la entrada en el euro:
España ha perdido capacidad industrial,
ha sufrido deslocalización masiva,
ha dependido del turismo y el ladrillo,
y ha perdido control sobre su política monetaria.
Países con moneda propia (como Suecia) han podido:
absorber crisis con mayor flexibilidad,
proteger sectores estratégicos,
ajustar su economía sin imposiciones externas.
Salir del euro y la Unión Europea supondría un shock inicial, sí. Pero seguir dentro garantiza una muerte segura.
Con moneda propia volveríamos a tener:
exportaciones más competitivas,
turismo reforzado como fuente de divisa,
reindustrialización real,
política monetaria al servicio del país, no de Bruselas.
- El Estado autonómico: el gran agujero negro Antes de 1978:
España tenía unos 700.000 funcionarios,
Hoy supera los 3,5 millones.
España mantiene:
17 parlamentos autonómicos,
17 sistemas sanitarios,
17 sistemas educativos,
miles de empresas públicas,
organismos duplicados y triplicados,
3,5 millones de funcionarios,
2,5 millones de rentistas del mínimo vital.
Casi un millón de trabajadores de oeneges,
Una red clientelar de más de 2 millones de personas,
A más 4 millones. de perceptores de desempleo,
11 millones de pensionistas contributivos
Resultado:
gasto disparado,
desigualdad territorial,
fragmentación normativa,
ineficiencia crónica.
Propuesta clara:
Cerrar las Comunidades Autónomas como entes políticos.
Recentralizar competencias estratégicas: sanidad, educación, justicia, seguridad. Sustituirlas por delegaciones administrativas del Estado sin parlamentos propios. Ahorro estructural de decenas de miles de millones anuales.
No es ideología: es aritmética.
- Ayuntamientos sin control: abuso de poder y expolio legalizado
En ningún país serio:
un ayuntamiento puede embargar cuentas,
imponer sanciones automáticas,
ejecutar deudas sin garantías judiciales reales,
asfixiar a ciudadanos y pymes por vía administrativa.
En España, sí.
Se ha normalizado que administraciones locales actúen como recaudadores coercitivos, sin responsabilidad personal y sin control efectivo.
Medidas urgentes:
retirar a los ayuntamientos competencias sancionadoras y ejecutivas, prohibir embargos administrativos sin orden judicial,
limitar su función a servicios básicos,
eliminar organismos y empresas municipales innecesarias.
- Reforma fiscal: del expolio al incentivo España recauda más que nunca, pero produce menos que nunca. La presión fiscal real sobre pymes y trabajadores:
ahoga la iniciativa,
fomenta economía sumergida,
expulsa talento y empresas.
Un sistema basado en:
impuestos al trabajo,
impuestos al consumo,
y burocracia asfixiante
no es sostenible.
La prioridad debe ser:
simplificar,
reducir,
incentivar producción, no castigarla.
- Agenda 2030: ingeniería social y ruina económica La llamada Agenda 2030, promovida por Naciones Unidas, se ha convertido en:
un marco ideológico,
un instrumento de condicionamiento político,
una excusa para imponer regulaciones destructivas.
En España ha servido para:
penalizar sectores productivos,
encarecer energía y alimentos,
imponer normativas ajenas a la realidad nacional.
Medida necesaria:
prohibir la aplicación de agendas supranacionales no ratificadas democráticamente,
recuperar soberanía legislativa,
legislar en función de la realidad económica española, no de dogmas globales.
- Reconstrucción nacional: producción, industria y soberanía
España tiene potencial:
agrícola,
ganadero,
industrial,
turístico,
exportador.
Con:
moneda propia,
Estado reducido,
menos impuestos,
más producción,
control del gasto,
La recuperación en cinco años es posible.
No hacer nada implica:
más deuda imposible de asumir,
menos natalidad,
reemplazo étnico por árabes y africanos,
más dependencia,
pérdida irreversible de soberanía.
Conclusión
España no necesita reformas cosméticas.
Necesita una ruptura estructural con el modelo fallido surgido tras 1978.
Cerrar autonomías, recentralizar el Estado, renegociar la deuda, recuperar soberanía monetaria y desconectarse de agendas ideológicas externas no es extremismo: es supervivencia nacional.
Seguir por la senda actual no es prudencia.
Es avanzar, conscientemente, hacia el precipicio.
La estrategia del globalismo actualmente se basa en adaptar la sociedad a las nuevas tecnologías, como la robótica y la IA. Lo lógico sería adaptar la tecnología a la sociedad, pero las agendas impuestas, como la 2030, solo tienen un fin: reducir la población para evitar revueltas sociales. Se prevé que, en un espacio muy corto de tiempo, en Europa desaparezcan más de 100 millones de puestos de trabajo. Christine Lagarde proclamó en público que sobraban muchos pensionistas. Ahora imagínense un escenario en Europa sin natalidad y con la mayor parte de la población a punto de jubilarse.
Las políticas de la Agenda 2030 están diseñadas para el ajuste poblacional y, en concreto, Europa es un objetivo clave a ajustar. La invasión migratoria solo tiene un fin: destruir la etnicidad para que la población que sobreviva a este ajuste no tenga ningún
arraigo ni sentimiento patriótico. Lo que no entiende la gran mayoría es que los planes de los globalistas son a largo plazo; nosotros somos cortoplacistas.
La ingeniería social diseñada hace mucho tiempo en la ONU y dirigida entre bambalinas por la Fundación Rockefeller, que ya hablaba, a finales de los años 60, de fomentar las relaciones sexuales no reproductivas entre miembros del mismo sexo. ¿Les suena de algo? En un documento que se le encargó a Henry Kissinger alrededor del año 69 ya se decía que a los jóvenes de ambos sexos se los iba a ingenierizar socialmente para volverlos homosexuales. Pero no solo se trata de frenar la natalidad de occidentales mediante lavado de cerebro en las escuelas, disruptores endocrinos, modificación de alimentos o fármacos; también se hace desde los sistemas sanitarios, mintiendo como lo han hecho con la mayor estafa sanitaria de la historia en 2020, donde se animó a la población ignorante, por coacción y engaño, a dejarse inyectar una sustancia tóxica y, en muchos casos, mortal.
Por esta razón ya tendríamos que estar fuera de la Unión Europea, la ONU o la OMS. Pero, como ya comentaba al principio de este artículo, tenemos motivos sobradamente lógicos y de puro sentido común en España para salir de la UE, acabar con el sistema parasitario del Régimen del 78 y recuperar nuestra soberanía a todos los niveles. La opción que no ofrece el gobierno de Sánchez o su socio Feijóo es caminar, no ya lentamente, hacia un precipicio; ahora vamos cuesta abajo y en caída libre, sin paracaídas y hacia una muerte segura. Cuando ya no se tiene nada que perder, solo queda la reacción, y es lo que ahora toca.