En un vídeo reciente subido a su canal de YouTube, el abogado José Ortega aborda con profundidad y escepticismo el tema de las elecciones en España. Bajo el título «Tengo la Solución», Ortega expresa sus dudas sobre la efectividad de unas nuevas elecciones para resolver los problemas del país, como la justicia, la dignidad y la prosperidad. En lugar de depositar esperanzas en un proceso electoral que considera manipulable, propone una iniciativa para eliminar por completo la intervención electrónica en el recuento de votos, exigiendo el cumplimiento estricto de la ley electoral vigente. A lo largo de su monólogo, Ortega detalla sus sospechas de fraude electoral, respaldadas por argumentos históricos y legales, y llama a la acción colectiva.
Ortega analiza al debate público sobre si el presidente del Gobierno convocará elecciones o huirá de España. Rechaza la idea de que unas elecciones sean la panacea, argumentando que no garantizan un cambio positivo. «No estoy conforme con eso», afirma, ya que si gana «el gallego» (en referencia a Feijóo), sería una «desgracia» para el país. Pero su preocupación principal radica en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que acusa de tener un sistema de fraude electoral («pucherazo») bien organizado, como una «cadena de montaje».
Explica el mecanismo: el Gobierno contrata una asistencia técnica (no siempre Indra, aunque es la más mencionada) para transmitir datos provisionales de las mesas electorales a Madrid durante la noche electoral. Estos datos son oficiosos y no oficiales, pero se cantan públicamente. Sin embargo, el escrutinio oficial, que debería realizarse en la Junta Electoral Provincial al quinto día, no se lleva a cabo adecuadamente. Ortega cita testimonios de activistas que han presenciado cómo los sobres con las actas no se abren ni se suman manualmente, contraviniendo el artículo 105 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esto permite alteraciones a favor del partido en el poder, en este caso el PSOE.
Ortega menciona discrepancias «inesperadísimas» en resultados recientes, como las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, donde el PSOE sufrió una derrota contundente, frente a las generales del 23 de julio, donde «salvó la cara» en el Congreso pero no en el Senado. Sugiere que esto no es casual: el presidente priorizaría manipular resultados en el Congreso, ya que es la cámara que elige al Gobierno, ignorando ayuntamientos, comunidades autónomas y Senado. «Si hubiera caído en la tentación de alterar el resultado», ironiza refiriéndose a Pedro Sánchez como una persona «íntegra e intachable», el foco estaría en mantener el poder ejecutivo.
Critica a youtubers que culpan al votante del PSOE de ser «acémilas con antojeras», pero Ortega insiste en que hay fraude. Apoya su tesis con referencias externas: el exespía venezolano Hugo Carvajal habría revelado conexiones con tecnología electoral fraudulenta, similar a la usada en Venezuela. Además, recuerda que en 2019 se creó un subcomité de seguridad informática por miedo a hackeos rusos, reconociendo implícitamente la vulnerabilidad de los sistemas digitales.
Ortega enfatiza que «todo lo digital es susceptible de hackeo», citando una anécdota personal: un amigo coronel del Ejército, ingeniero electrónico y exmiembro del CESID (actual CNI), le confirmó que en electrónica «es posible todo». Esto se aplica a elecciones, monedas digitales como el euro digital, y cualquier dato electrónico. La prisa por conocer resultados esa misma noche, comparada con la fugacidad de TikTok, justifica la asistencia técnica, pero genera riesgos.
Su solución: promover una corriente de opinión llamada «Plataforma RM» (Recuento Manual), para eliminar toda interferencia electrónica. No se trata de cambiar la ley, sino de exigir su cumplimiento literal. La LOREG no menciona transmisión electrónica de datos ni asistencia técnica; solo prevé escrutinios manuales en las juntas provinciales. Ortega descarta una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ya que la Constitución prohíbe aplicarlas a leyes orgánicas como la electoral o de financiación de partidos.
La propuesta práctica es sencilla pero ingeniosa: presentar un escrito colectivo a la Junta Electoral Central o al Ministerio del Interior, solicitando que el proceso electoral se desarrolle «íntegramente con arreglo a lo que marca la ley», es decir, sin electrónica. No se pide nada nuevo, solo cumplimiento.
Anticipa que no responderán, por «soberbia y chulería». Aquí entra la Ley de Procedimiento Administrativo Común: sin plazo específico, el máximo es de tres meses. El silencio administrativo es positivo, equivaliendo a una aprobación. Pasado el plazo, se puede solicitar una certificación de actos presuntos, que acredita el «sí». Si se niegan, se recurre al Tribunal Supremo vía contencioso-administrativo.
Ortega reconoce que el Supremo podría «pisotearnos», pero sobre el papel, el razonamiento es «cristalino»: obligaría a la Junta Electoral a eliminar la electrónica, condenándola a un proceso manual puro. Cita precedentes, como un incidente con el Observatorio Electoral donde las juntas negaron ser «administración», pero la ley las obliga.
Ortega concluye anunciando que publicará un modelo de escrito en su blog (joséorteganissit.wordpress.com). Llama a la lucha: «Hay que forzar la imaginación, las ganas y la energía. No perdamos la motivación y no dejemos de reírnos, especialmente de ellos».
Esta exposición de Ortega no solo denuncia presuntos fraudes, sino que ofrece una ruta legal accesible para restaurar la confianza en el sistema electoral, enfatizando la vuelta a lo manual como garantía de integridad. Para más detalles, recomendamos ver el vídeo original en el enlace proporcionado. ¿Podría esta iniciativa marcar un antes y un después en la democracia española? El tiempo y la acción colectiva lo dirán.