La Comisión Europea, en acto más del autoritarismo al que nos tiene acostumbrados, ha impuesto una multa de 140 millones de dólares a la plataforma X, propiedad del magnate Elon Musk. La sanción, anunciada este jueves, se basa en supuestas violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA), incluyendo el «diseño engañoso» de las marcas azules de verificación, la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y la negativa a proporcionar datos públicos a investigadores. Pero detrás de esta fachada técnica late un claro ataque a la libertad de expresión, en un momento en que la Unión Europea parece más interesada en silenciar voces disidentes que en reconocer sus propias estructuras podridas.
Para entender el verdadero valor de X bajo Musk, basta con recordar el régimen de censura brutal que imperaba en Twitter bajo Jack Dorsey, antes de que fuera adquirida por Musk en 2022. En aquella era, la plataforma actuaba como un guardián del «discurso único» impuesto por elites globales, eliminando o suspendiendo miles de cuentas por cuestionar narrativas oficiales. Sobre las ponzoñas experimentales, Twitter implementó políticas draconianas: en marzo de 2021, anunció que banearía permanentemente a usuarios que difundieran «desinformación» sobre las banderillas, bajo un sistema de «strikes» que escalaba hasta la suspensión definitiva.
Figuras notables procedentes de distintos campos como la investigación científica, la epidemiología, la medicina o el periodismo de investigación fueron expulsadas por criticar los banderillas y los efectos secundarios. En algunos casos se llevaron a cabo demandas judiciales revelando presiones gubernamentales para censurar voces disidentes.
Miles de cuentas fueron borradas o suspendidas por desafiar el consenso oficial, silenciando debates legítimos sobre eficacia y riesgos, en connivencia con gobiernos como el de Biden, que admitieron colaborar con plataformas para suprimir «desinformación».
La censura se extendía a otros temas tabú, como el «timo cambiático». Bajo Dorsey, Twitter comenzó a etiquetar y remover contenido considerado «desinformación cl¡mática», alineándose con agendas globalistas que prohibían cuestionar el alarmismo del cambio timático antropogénico. Cuentas que lo criticaban fueron baneadas o suspendidas, contribuyendo a un ecosistema donde solo el discurso oficial prosperaba. Esta represión masiva, que afectó a decenas de miles de usuarios durante la farsem¡a y más allá, convirtió a Twitter en un instrumento de control narrativo, hasta que Musk lo liberó, restaurando la libertad de expresión y exponiendo la hipocresía de reguladores como la UE, que ahora castigan a X por no someterse al mismo yugo censor.
La reacción a esta decisión de la Comisión Europea de imponer la sanción a la plataforma no se ha hecho esperar. Elon Musk, en su estilo directo y sin filtros, ha tildado la decisión de «bullshit» (tonterías, disparates) en un tuit que ha acumulado millones de vistas en horas: «La ‘UE’ impuso esta multa loca no solo a X, sino también a mí personalmente, ¡lo cual es aún más loco!», escribió Musk, proponiendo una respuesta «no solo contra la UE, sino contra los individuos que tomaron esta acción contra mí». El magnate ve en esta multa un intento burdo de asfixiar a las plataformas que desafían el monopolio narrativo de Bruselas y ha añadido: «La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su pueblo.»
Y, evidentemente, no ha sido el único. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha arremetido contra la Comisión Europea calificando la sanción como «un ataque no solo a X, sino a todas las plataformas tecnológicas americanas y al pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros». Rubio, un peso pesado de la administración Trump, advirtió que «los días de censurar a los americanos en línea han terminado», y exigió sanciones hasta que se revierta esta «abominación», en sintonía con el senador Ted Cruz, quien la describió como un «ataque a un gran creador de empleos americanos y a la libertad de expresión de cada ciudadano».
Desde Europa, el líder holandés Geert Wilders, del Partido por la Libertad, clamó por abolir la Comisión Europea: «Nadie te eligió. Representas a nadie. Eres una institución totalitaria que ni siquiera sabe deletrear ‘libertad de expresión'».
Cientos de influenciadores, con millones de seguidores, han amplificado el eco, convirtiendo el caso en una rebelión contra el euro-burocratismo. Esta oleada de críticas no es casual: revela un consenso creciente de que la UE, lejos de ser un faro de democracia, actúa como un leviatán opresivo que multa a la plataforma por «falta de transparencia» mientras oculta sus propios abismos de corrupción.
Y aquí radica la hipocresía suprema. La Comisión acusa a X de opacidad en sus algoritmos y datos publicitarios, pero ¿qué hay de su propia niebla de secretos? La institución, liderada por Ursula von der Leyen, ha sido envuelta en escándalos de corrupción durante años, con detenciones que pintan un cuadro de podredumbre institucional. Solo hace un par de días, la policía belga arrestó a la ex alta diplomática de la UE Federica Mogherini y al secretario general de la Comisión Stefano Sannino en una investigación por fraude en contratos de formación diplomática, con allanamientos en la sede del servicio exterior de la UE y el Colegio de Europa. Esto se suma al conocido «Qatargate» de 2022, donde la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili fue detenida con maletines de efectivo en una trama de sobornos vinculada a Qatar y Marruecos, exponiendo cómo el Parlamento —aliado inseparable de la Comisión— se ha convertido en un nido de influencias corruptas.
Von der Leyen, epicentro de esta farsa, encarna la doble moral. La misma que multa a X por «falta de acceso a datos» se niega a revelar los mensajes de texto que intercambió con Albert Bourla, CEO de Pfizer, durante las negociaciones de contratos de vacunas COVID por valor de 35.000 millones de euros —el escándalo conocido como «Pfizergate». El mismo modus operandi que Von der Leyen usó cuando fue ministro de Defensa alemana para adjudicar contratos opacos por lo que dimitió posteriormente.
La opacidad no termina ahí. Los miles de millones destinados a Ucrania —más de 90.000 millones de euros están envueltos en dudas sobre su trazabilidad. ¿Dónde está la «transparencia» que exige Bruselas a X cuando se trata de fondos para una guerra interminable?
Y no olvidemos las «curiosas reuniones» de Von der Leyen con Alexander Soros, hijo del multimillonario George Soros y presidente de las Open Society Foundations. En febrero de 2024, Leyen dio un discurso de apertura en un evento anual de la OSF hosted por Alex Soros, donde ambos posaron en aparente sintonía. Esto no es casual: el gobierno húngaro de Viktor Orbán respondió con vallas publicitarias que mostraban a Úrsula bailando al «son de Soros», acusándola de ser marioneta de influencias globalistas. Bruselas lo ignoró, pero el mensaje cala: ¿quién financia realmente las agendas de la Comisión?
En este panorama de cinismo, España emerge como un fiel escudero de Úrsula. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantienen una «excelente relación» con la presidenta de la Comisión. Sánchez, artífice de la reelección de Von der Leyen en 2024, ha sido felicitado por ella tras cada victoria electoral, y ambos comparten una visión «similar» de los «desafíos globales». Feijóo, por su parte, aseguró en 2022 que asumiría «los compromisos europeos de Sánchez» si llegaba al poder, y mantiene lazos estrechos con el círculo de Leyen. Esta complicidad bipartidista explica por qué ambos partidos guardan silencio ante las tropelías de Bruselas.