BIZUM PARA AYUDAR A MICHAEL BOOR EN SU DEFENSA LEGAL CONTRA EL CHIRINGUITO ESTATAL DEL ODIO: 623191492
Los donativos que se hagan se publicarán y se están publicando ya en el canal de Telegram de Michael Boor https://t.me/michael_voor_alive
UN CLARO EJEMPLO DE LAWFARE ANTI DISIDENTE ESPAÑOL
Por el momento, se han recaudado más de 1.000 euros de los 4.200 que (hasta ahora) ha costado defender a todos los payos e inocentes en general de un chiringuito estatal que necesita justificarse con condenas, aunque sean conseguidas de la manera que estamos comentando aquí. UNA VEZ SE CUBRAN ESOS GASTOS SE CERRARÁ LA COLECTA, LUEGO MICHAEL BOOR NO RECIBIRÁ NI UN EURO DE MÁS POR ENCIMA DE ESOS COSTOS EN LOS QUE LE HAN OBLIGADO A INCURRIR EN UN CLARO EJEMPLO DE LAWFARE ANTI DISIDENTE ESPAÑOL.
Volvemos a la surrealista película del delito de antigitanismo de Santoña. Ya es triste que este medio haya sido de los pocos en España que se ha hecho eco de uno de los mayores escándalos dentro de lo que es el escándalo del delito de odio de por sí, pero mucho más grave todavía me parece que toda la prensa afín al régimen del 68 se haya puesto al unísono a defender la versión oficial de una auténtica inquisición que ha liderado la Fiscalía. Y parece mentira que Europa Press y la Vanguardia, cuya crónica plasmo aquí para contestarles, dentro de las incoherencias y medias verdades que plantean a sus lectores, sean muchísimo más fieles a la realidad que un Diario Montañés que envió a su propio corresponsal al juicio y que no ha hecho más que blanquear dicha versión oficial. Sin darnos la más mínima ocasión a los acusados ni a la propia realidad mollar del juicio de tener espacio en su medio, de alcance regional.
Como de costumbre, quiero agradecer una vez más a mi abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia, por haber sido tan incisivo y eficaz en la defensa de los derechos que la Guardia Civil y la Fiscalía no me han garantizado en sus más mínimos niveles como acusado. Y ahí va la crónica de La Vanguardia y Europa Press, en cursiva, con mis comentarios a pie de párrafo. Espero que lo disfrutéis. El titular ya reza la escasa condena que tienen hasta ahora los genocidas perseguidos por los inquisidores:
Acepta seis meses uno de los tres acusados de incitar el odio a gitanos por acusarles de propagar el Covid en Santoña.
Está de más cantar victoria por un pobre jubilado asustado que ha cedido a sus amenazas
“Yo no soy racista. Tengo amigos gitanos, cuatro en Facebook”, alega otro de los enjuiciados.
Enjuiciado que soy yo y tengo una respuesta muy fácil para semejante parida sacada de contexto. Y es que ellos, los que me acusan, se basan precisamente en mi Facebook para decir que soy un genocida que quiero matar a los gitanos y reprimirlos a la fuerza y no sé cuántas cosas, pero es que definitivamente tengo cuatro amigos en mi Facebook que ya estaban ahí cuando pasó toda esta movida. Era una forma más de explicar al tribunal lo absurdo que es todo esto, que ya lo saben ellos, dada la circunstancia de que además era mi Facebook lo que han utilizado desde el principio como arma arrojadiza contra mí.
Uno de los tres acusados de incitar al odio hacia el colectivo gitano durante el confinamiento en Santoña -al culpar a personas de esta etnia de la propagación del Covid en la localidad- ha reconocido las manifestaciones que hizo en redes sociales en el juicio por estos hechos, en el que ha aceptado seis meses de prisión y 180 euros de multa, frente a los tres años y 3.960 euros que pedía el fiscal para él y que mantiene para los otros dos procesados, aplicando a todos la atenuante de dilaciones indebidas.
Dilaciones indebidas no. Siesta procesal sí. Además, me parece que está de más cantar victoria porque un pobre jubilado asustado, que simplemente estaba haciendo comentarios en su whatsapp personal con sus amigos, se ha acojonado completamente ante la perspectiva de entrar en la cárcel y de pagar miles de euros. Menos mal que mi abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia, realizó un magnífico trabajo de defensa junto a otro letrado de los acusados, poniendo más que de manifiesto la escasa calidad del trabajo de instrucción del sumario.
Ni al inquisidor más loco se le ocurre meter como prueba un audio que no es la del acusado
El acuerdo se ha materializado este martes en la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria con conformidad para el primer implicado. Mientras, el segundo ha negado ser autor de comentarios y audios objeto de este procedimiento: “No era mi voz”.
¡No te jode! Eso se demostró hace cuatro años y me alegro de que este medio se haga eco de semejante cosa absurda, porque ni al inquisidor más loco se le ocurre meter como prueba posible un audio con una voz que no es la del acusado, pero estos señores lo hicieron y lo tuvieron que borrar luego del sumario.
A preguntas de su abogado, ha apuntado que se limitó a publicar en su perfil de una red social enlaces a noticias sobre integrantes del pueblo gitano que se estarían “saltando” el confinamiento. “Yo no soy racista. Tengo amigos gitanos, cuatro en Facebook”, del total de “treinta seguidores” que tenía entonces, ha zanjado. “Yo también tengo derechos fundamentales, los mismos que los gitanos”, ha remachado durante el ejercicio de su derecho a la última palabra.
Y es que ha denunciado que se han vulnerado derechos suyos, como el de la defensa -pensaba que le interrogaban por compartir ‘fake news’, ha dicho-, al igual que ha hecho el tercer encausado, que también ha respondido sólo a cuestiones de su letrado.
Lógico: porque se han vulnerado nuestros derechos más fundamentales y sólo nos faltaba cooperar por de más con semejantes inquisiciones tercermundistas. Aunque tenía que haberles contestado a todos, claro. Lo que pasa es que mi abogado me dijo que no lo hiciera, pero me arrepiento mucho.
No pueden hacer lo que les da la gana con los detenidos o acusados o investigados
Según ha indicado este último, cuando en 2023 le tomaron declaración por lo ocurrido -en marzo de 2020- “no” le informaron de que la instrucción había terminado un año antes sin que se hubiera prorrogado, punto en el que su representante ha solicitado la nulidad de las actuaciones al considerar que dicha diligencia se practicó “en tierra de nadie” y “no tiene ningún valor”.
Sobre éste y otros extremos planteados en el trámite de cuestiones previas –como la nulidad interesada por el abogado del segundo involucrado, al que se habría “entrevistado” pero no informado de que se le interrogaba en calidad de investigado ni tampoco de sus derechos— la Sala de la Sección Tercera de la AP se pronunciará cuando dicte sentencia, tras un “estudio sosegado” de estas propuestas.
La verdad es que no tienen que estudiar nada. Lo que tienen que hacer es repasar los apuntes de la carrera y darse cuenta de que no pueden hacer lo que les da la gana con los detenidos o acusados o investigados, porque yo creo que entré en todas las categorías sin que nunca me informasen de que estaba siendo investigado ni arrestado ni nada, llegando hasta el extremo de que me quisieron llevar entre comillas secuestrado a su puesto de la Guardia Civil de Santoña.
Un genocida que se ofreció como voluntario en mitad de la pandemia
El tribunal sí ha admitido a trámite una prueba aportada por esta parte para acreditar el trastorno psicológico de su cliente, derivado del Covid-19 y los hechos juzgados, apreciando una atenuante por su estado de ansiedad “notorio”. “Esa ansiedad me la produjo el Estado y los medios de comunicado”, ha manifestado el implicado, que ha destacado que se ofreció como voluntario a diferentes instituciones y entidades “en mitad de la pandemia para ayudar a todo el mundo”.
Ya es lamentable que haya que recordarle al Tribunal cómo estábamos todos en esa época debido al terrorismo informativo y policial al que nos sometieron durante demasiado tiempo, incitando a las chivatas de balcón a vigilarnos mejor a los rebeldes y proponiendo multas muy fuertes contra cualquiera que saliera a comprar el pan sin una causa justificada. Pero lo más impresionante es que la otra parte, la GC en concreto, aportó entre sus pruebas un texto sobre mis ofrecimientos para ayudar como voluntario en medio de una supueste peste negra, en lo peor de marzo de 2020. ¿Cómo se puede usar ese texto para demostrar que soy el genocida que estaban buscando?
La situación de estrés y pánico también ha sido invocada por la otra defensa para que su cliente sea eximido de cualquier responsabilidad. Y es que estos dos abogados piden la absolución de sus patrocinados, por nulidad de las actuaciones o por falta de prueba de cargo suficiente como para condenar por un delito de odio. Además, interesan que las dilaciones indebidas se consideren muy cualificadas -en vez de simples- y que se aplique también la atenuante de reparación del daño, pues han consignado los 5.000 euros de indemnización solicitados para cada uno por el ministerio público para la reparación del daño, a destinar a la asociación Gitanos de Santoña para la Promoción, Desarrollo e Inclusión Social.
Voceros de un chiringuito que recibe abundantes limosnas del presupuesto público
Y esto es precisamente una de las preguntas que se hacía una de las defensas. Por qué demonios tenemos que pagarle dinero a una asociación y no a otra y cómo se puede reparar un daño que no se ha podido cuantificar y que ellos no tienen por qué reparar de ninguna manera porque son simplemente los voceros de un chiringuito que recibe, eso sí, abundantes limosnas del presupuesto público que pagamos entre todos.
Doy gracias a mi abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia
La acusación particular, ejercida por el Secretariado Gitano, se ha adherido a las peticiones del fiscal, y que conlleva también la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, docente y de tiempo libre durante cuatro años (dos años para el hombre que ha reconocido sus manifestaciones y por las que poco tiempo después pidió perdón, y que tiene que abonar 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Además, su letrada ha interesado la suspensión de la pena de prisión y el aplazamiento del pago).
Enhorabuena al Secretariado Gitano por haber doblegado a un viejito jubilado que se desahogó en un momento de pánico con sus amigos en un Whatsapp. La verdad es que sois unos fenómenos. Y verdaderas felicitaciones a mi abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia, por haber puesto en claro las contradicciones de un chiringuito y una GC que no tienen manera de seguir adelante con esto por 5 años y seguir igual.
Con anterioridad a la vista, esta entidad solicitaba que cada uno indemnizara con 10.000 euros a organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro que tengan por objeto la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación de las personas gitanas.
Nos han estado persiguiendo durante cinco años con los argumentos más absurdos
Lo que pasa es que luego se nos empezaron a hacer unas rebajas muy importantes, ya en la puerta del juzgado, al ver que lo tenían muy mal para ganar un juicio de un delito que se han inventado y en el cual se han dado todas las condiciones posibles para hacer el ridículo por parte de los inquisidores varios, que nos han estado persiguiendo durante cinco años con los argumentos más absurdos.
Según apunta la Fiscalía en su escrito, uno de los acusados envió a finales de marzo de 2020 a un grupo de Whatsapp, denominado ‘Por España’ y formado por una docena de personas un audio que se hizo viral, llegando a “multitud” de vecinos de Santoña. En él realizaba manifestaciones “ofensivas” hacia el pueblo gitano, en las que señalaba que “los tengan dentro de las murallas, que canten y bailen allí como en un campo de concentración hasta que se mueran todos”.
Añade el ministerio público que otro de los procesados, en las mismas fechas y con idéntico ánimo de “lesionar la dignidad” de este colectivo e “incitar y promover al odio y discriminación” de sus integrantes, publicó en su perfil de Facebook manifestaciones en las que señalaba que “la Policía se va a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña o nos van a matar a todos; yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo”.
Supuestas pruebas que no han conseguido ni siquiera con sus reconocidos interrogatorios ilegales
Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar que yo haya podido publicar nada de eso y a mí lo que me parece es que van a por mí porque se están inventando las pruebas y no tienen ninguna puñetera prueba. Supuestas pruebas que no han conseguido ni siquiera con sus reconocidos interrogatorios ilegales y que en mi caso personal son unos audios y unos mensajes de Facebook que se han inventado.
Y el tercero publicó en Twitter que el contagio en Santoña de un clan de etnia gitana dejaba cinco fallecidos y que pedía ayuda el alcalde –entonces Sergio Abascal (PSOE) y que en un primer momento fue denunciado por sus manifestaciones-. Ante esto, el acusado afirmaba: “Aquí tienes tu ayuda, alcalde” y, a continuación, publicaba una fotografía de un bote de gas “similar” a los utilizados para el exterminio de las personas judías.
¿Un jubilado asustado es consciente de que pueda acabar en un juzgado por usar whatsapp?
El fiscal del caso, Jesús Arteaga -jefe del ministerio público en Cantabria y encargado de los delitos de odio- cree que los tres procesados eran “conscientes de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión”, habida cuenta de que una vez llegaban a sus destinatarios, “podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión”.
El fiscal tiene razón: un jubilado asustado que acaba de aprender a usar el whatsapp antes de ayer es perfectamente consciente de que pueda acabar en un juzgado acusado de una historia de éstas si no se expresa con las formas correctas en su grupo de amigos de confianza. Se merece la silla eléctrica el pobre jubilado. Menos mal que ha pedido perdón porque si no yo creo que lo ejecutan.
Practicada toda la prueba, ha considerado que las declaraciones que ha hecho en el plenario uno de los enjuiciados, que ha explicado que su intención era “reprimir comportamientos” al entender que habían “fallado” las instituciones, “casa mucho con lo que publicó en Facebook”, y cuya procedencia y autoría fueron identificadas “debidamente”.
¿Potencialidad suficiente para haber desencadenado acciones violentas?
A ojos de la acusación pública, el odio “se trasluce” en los comentarios hechos, que se “descalifican por sí mismos”, son de índole “racista” y persiguen “humillar y provocar y buscar la alarma social y una persecución social”, más en medio de aquel contexto: “Todos vivimos la maldita pandemia”, ha expresado.
Los comentarios tienen muchas intencionalidades supuestas para la acusación teniendo en cuenta que no han podido nunca hallar a los destinatarios de esos mensajes en un 95% de los casos ni por ende preguntarles por esas intenciones ni investigar los correctamente, pero la imaginación al poder.
Al hilo, la abogada del Secretariado Gitano ha considerado que un momento de “crispación social” por el Covid y el confinamiento los mensajes difundidos y enjuiciados tenían “potencialidad suficiente para haber desencadenado acciones violentas”, y no cree que “en modo alguno” se puedan enmarcar dentro del ejercicio de libertad de expresión, sino que la “intención” era “culpar falsamente” a este colectivo de la expansión del virus.
Esto es una de las grandes mentiras desde el principio de este caso. El cambiazo de una situación sanitaria y de insurrección de una parte de la población de Santoña, de auténtico incivismo público y notorio por parte de miembros de una determinada, pero es que todo esto lo han querido convertir en un caso de racismo y ya está. Y así llevan cinco años, dando la lata con el tema y haciéndonos pagar abogados y procuradores y exigiéndonos unas indemnizaciones acojonantes y penas de cárcel que no están nada mal.
Se arregló el problema por las bravas, con la intervención forzosa de la Guardia Civil
Finalmente, en cuanto a las defensas, una ha admitido los “desafortunados” comentarios de su patrocinado, por los que pidió disculpas públicas, actuaciones “impropias” que ha achacado al “caldo de cultivo” generado por políticos y medios de comunicación.
Efectivamente. Entre otros políticos, un alcalde de Santoña que primero se puso a exigir en las autoridades sanitarias y policiales que hicieran algo al respecto de la insurrección de miembros de una etnia, como tantos vecinos le estaban exigiendo ya a gritos, y que luego, una vez que se arregló el problema por las bravas, con la intervención forzosa de la Guardia Civil, es el mismo alcalde que se quitó de medio rápidamente y pidió perdón por ser racista y por ser un intolerante y al que le quitaron rápidamente la denuncia también. Curiosamente, no mucho tiempo después, y al parecer sin que haya un conflicto de intereses entre ambas situaciones, este mismo alcalde regó con 14.000 euros del presupuesto de Santoña a unas entidades que precisamente coinciden con los que le habían puesto la denuncia por racismo y se le habían quitado.
No hay más preguntas, señoría.
