El barrio de La Isleta, en Gran Canaria, se ha convertido en el último escenario de la negligencia del gobierno de Pedro Sánc-hez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya gestión de la seguridad ciudadana parece más enfocada en proteger a los delincuentes que en garantizar la tranquilidad de los españoles.
Según informa El Mundo con el titular: «Unidades especiales de la Policía blindan Las Palmas ante «posibles altercados» tras abrasar un joven con orden de expulsión a una menor tutelada», la Policía Nacional ha tenido que activar un plan especial en La Isleta para prevenir «represalias xenófobas» tras un brutal ataque perpetrado por un marr0nquí que quemó el 95% del cuerpo de una menor tutelada de 17 años en un piso okupa. Este gravísimo suceso, que ha dejado a la víctima en estado crítico, pone en evidencia el abandono de las autoridades frente a una crisis de seguridad que se agrava por la inacción y las políticas permisivas del Ejecutivo.
El agresor, llegado hace un mes y medio en patera, tenía una orden de expulsión desde su llegada. Sin embargo, en un ejemplo más de la ineficacia del sistema, el delincuente no fue devuelto a su país y terminó en un piso okupa en La Isleta, donde convivía con la menor, una joven en situación de desamparo que había huido de un centro tutelado por el Gobierno de Canarias.
La tragedia ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando, tras una discusión, el individuo le prendió fuego a la chica usando combustible, dejándola al borde de la muerte. La rápida detención del agresor, que permanece bajo custodia en el hospital Doctor Negrín por inhalación de humo, no mitiga ni mucho menos la gravedad de un caso que nunca debió ocurrir.
La respuesta del Ministerio del Interior, liderado por Marlaska ha sido lo que nos faltaba por oír. Ante el temor de que La Isleta se convirtiera en un polvorín por la tensa convivencia entre residentes (a los que no tardarán en calificarlos como ultraderecha) y un creciente número de ¡nm¡grante5, la Policía ha activado un dispositivo, que incluye unidades de élite como la UPR, el GOR y los GAT, para contener posibles altercados hasta el domingo, anticipándose a la “presencia de aglomeraciones de grupos violentos” o «ultras».
Pero, ¿acaso no es esta reacción un reconocimiento implícito del fracaso de Marlaska en prevenir la escalada de violencia? La situación en La Isleta, marcada por robos, peleas y una convivencia “complicada” según vienen denunciando ciudadanos canarios, no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de años de políticas migratorias descontroladas y una falta absoluta de mano dura contra la delincuencia.
El gobierno socialcomunista de Sánc-hez, ha demostrado una incapacidad alarmante para abordar los problemas de fondo. ¿Cómo es posible que un individuo con una orden de expulsión circule libremente y cometa un acto tan atroz? ¿Por qué no se reforzaron los controles en los centros de internamiento como el Canarias 50, donde estuvo el agresor antes de “irse”? La respuesta apunta a una combinación de negligencia administrativa y una ideología que prioriza la imagen de apertura frente a la seguridad ciudadana. Mientras los españoles de bien viven con miedo en barrios como La Isleta, el Ejecutivo parece más preocupado por evitar críticas de ciertos sectores que por proteger a las víctimas, como esta menor tutelada cuya vida pende de un hilo. La comparación con los recientes disturbios en Torre Pacheco, tras la paliza a un hombre de 68 años por otro joven marr0nquí, o la v¡0lac¡ón a una joven por parte de un maliné5 en Alcalá de Henares y otros casos no menos graves pero más silenciados, evidencia un patrón: el Ministerio del Interior reacciona solo cuando el caos estalla, en lugar de prevenirlo. Y su reacción es cargar contra el pueblo que está harto de aguantar tanta inseguridad protagonizada por los de siempre. Eso sí, el ministro se da mucha prisa en culpar a la ultraderecha y a Vox de alentar los disturbios. Y todo con la complicidad de los medios subvencionados que no paran de repetir como loros las palabritas: «ultras, ultraderecha y extrema derecha»
Esta gestión del ministro Marlaska es un insulto a los ciudadanos. Es intolerable que Sánchez y Marlaska sigan eludiendo su responsabilidad mientras los barrios se convierten en zonas de conflicto y las víctimas, como esta joven de 17 años, pagan el precio de su inoperancia.
Como bien ha dicho Ortega Smith ante el titular del diario El Mundo: «Lo que tienen que blindar son las fronteras»
(Por Lourdes Martino)