Por Alex Díaz
El consejo de ministros, ratifica este martes la nueva ley que reduce la jornada máxima semanal en España a 37,5 horas sin recorte salarial, una nueva piedra en el camino al 99,5 % de empresas en España que son pequeñas y medianas empresas (PYMES) y que afectará directamente a la productividad de unos 12 millones de trabajadores.
La ministra de Trabajo y Economía Social se caracteriza por ser hija de un militante comunista de Ferrol y ex secretario de Comisiones Obreras. Ella también es afiliada al Partido Comunista. Básicamente, que administre la cartera del Ministerio de Trabajo es como poner a la raposa al cuidado de las gallinas. Su currículum gestionando empresas se reduce a CERO. España tiene la desgracia desde los años 80 de que la máxima aspiración de los jóvenes es opositar para un puesto en el pesebre público, “Yolerda Díaz” es el ejemplo de una gran parte de la sociedad de España, mujer acaudalada que vive de un sueldo público a cuerpo de Rey, sin responsabilidad por sus decisiones y empleada en el gobierno como pago a favores personales dentro de la mafia pública y sabiamente colocada por el sanedrín alubio para causar el mayor daño posible a España.
Uno de los objetivos de esta medida es claramente electoral, el único propósito de la mafia parasitaria y red clientelar del Régimen del 78 es tener votos cautivos, cuanta más gente dependiente del estado más votos para que la estructura no pare de crecer, el problema es que el monstruo público español está a punto de reventar, colocar más funcionarios, chiringuitos y seguir importando africanos a vivir de mamar del estado ya les está pasando factura.
El objetivo del globalismo que colocó a Sánchez en el poder a través de la Open Society Fundation es la destrucción de la economía y los medios de producción en España mediante una gestión económica y social completamente suicida como la que lleva acometiendo este gobierno estos últimos años, lo de reducir la jornada media hora al día supone en una plantilla de una empresa de unos 20 trabajadores perder la mano de obra de 1,5 trabajadores por día, pero con la agravante que para la empresa el coste de impuestos al trabajador se ha incrementado este año de forma completamente descomunal.
Las pequeñas empresas en España ya son inviables, los costes laborales para el administrador de una Pyme que es un simple autónomo son completamente desproporcionados y atentan contra los derechos humanos de los administradores de las empresas, donde se somete por parte de la administración pública a la esclavitud y extorsión mediante los llamados “impuestos” destinados básicamente al sustento de la casta parasitaria pública y la estructura improductiva que cuelga del estado.
Esta nueva piedra en el camino acabará por consolidar uno de los objetivos de la Agenda 2030, que es allanar el camino a las multinacionales y los monopolios destruyendo su competencia, que son las pequeñas empresas, quieren que todo el mundo dependa del estado, no lo hacen por el bien de los trabajadores, no quieren autosuficiencia, quieren destruir y reventar España sin destruir las infraestructuras y robar la propiedad privada mediante embargos provocados de forma deliberada al aumentar la carga impositiva y cerrar el flujo de dinero en circulación en la economía privada al desviar todo ese circulante hacia la burocracia.
El objetivo es desincentivar la creación de nuevas empresas que no estén controladas por ellos, la izquierda es perfecta para que los bancos centrales y los oligopolios puedan consumar sus crímenes como lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
Yolerda Díaz es como una bomba fétida y radioactiva al mismo tiempo, el que pueda va a trasladar la actividad empresarial fuera de España y el que no, cerrará la empresa o despedirá a los trabajadores, cualquier país mejor que España para desarrollar una actividad económica.
Con este panorama nadie acometerá ninguna inversión, la actividad empresarial privada en España ya estaba suficientemente sometida al terrorismo fiscal de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Hacienda, Seguridad Social o la inspección de trabajo, que actúan como jueces y parte, cualquier funcionario de estas administraciones tiene el poder sin orden judicial de embargar cuentas y comunicar a clientes y proveedores que eres un deudor de la mafia pública, situación que solo ocurre en España, esto va a ser la puntilla para la economía en España.
Pueden seguir aplaudiendo a las ocho si quieren.