En el primer trimestre de 2025, Solaria Energía y Medio Ambiente SA, una de las principales empresas fotovoltaicas de España, ha obtenido un beneficio neto de 53,44 millones de euros, un espectacular aumento del 127% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento, que la compañía atribuye a la puesta en marcha de nuevas plantas y a una estrategia de diversificación que incluye proyectos de centros de datos y almacenamiento energético, ha disparado su cotización en bolsa. Las acciones de Solaria subieron un 15% en el Ibex 35 tras el anuncio de la compañía, alcanzando máximos históricos. Mientras ejecutivos, accionistas y políticos se frotan las manos con estas ganancias, el impacto de sus macroproyectos solares está devastando el campo español, transformando paisajes rurales en desiertos de placas solares, desplazando a agricultores y levantando sospechas sobre conflictos de intereses.
La expansión de Solaria, que prevé instalar en España un total de 500 MWh en baterías en los próximos 12 meses y con proyectos como el de Oliva Solar en Guadalajara (175 MW) financiado por Banco Sabadell y el complejo Garoña de 700 MW, está dejando una huella imborrable en el medio rural español. Estos macroproyectos, que prometen «energía limpia» y empleo local, esconden una realidad menos idílica. Los campos, otrora dedicados a cultivos tradicionales, están siendo expropiados o arrendados a precios irrisorios para instalar vastas extensiones de paneles solares. Este proceso no solo desplaza a los agricultores, sino que altera ecosistemas locales, reduce la biodiversidad y transforma paisajes históricos en monocultivos tecnológicos. Las críticas, cada vez más acuciantes, reflejan el creciente malestar de comunidades rurales que ven su modo de vida amenazado por estas iniciativas.
La narrativa de la “transición energética” se utiliza como excusa para justificar este expolio. Solaria presume de contribuir a la descarbonización, con un objetivo de alcanzar 18 GW de capacidad instalada para 2030, pero el precio lo pagan los pequeños propietarios y las comunidades locales. La empresa asegura generar empleo, con 7,133 puestos indirectos creados en 2023, pero estos trabajos suelen ser temporales, ligados a la construcción, y no compensan la pérdida de tierras agrícolas ni el impacto en la economía rural a largo plazo. Además, la instalación de placas solares en terrenos fértiles, en lugar de priorizar áreas degradadas o industriales, pone en riesgo la seguridad alimentaria de España, un país que ya enfrenta retos en su sector primario.
Conexiones políticas que apestan
El éxito financiero de Solaria no puede desvincularse de las sombras de favoritismo político que la rodean. En 2023, se reveló que Iván Molinero Camacho, esposo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue contratado como directivo de Solaria apenas un mes y medio después de que ella asumiera su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez. Este nombramiento, que elevó a Molinero de panadero y reponedor de supermercado a un puesto de alto nivel en una empresa del Ibex 35, coincide sospechosamente con la aprobación de una ayuda gubernamental de 1,625 millones de euros para Solaria. Este escándalo no solo pone en entredicho la transparencia del gobierno, sino que alimenta la percepción de que las grandes empresas renovables, como Solaria, operan bajo un paraguas de privilegios políticos.
La relación entre Solaria y el gobierno no se limita a este caso. La empresa ha recibido financiación masiva del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con acuerdos como el de 1,700 millones de euros en 2023 para construir 5.6 GW en España, Italia y Portugal. Estas inyecciones de capital, respaldadas por programas como InvestEU plantean preguntas sobre si el dinero público está siendo utilizado para beneficiar a empresas con conexiones políticas, mientras los agricultores y las comunidades rurales son totalmente ignorados.
Una transición energética a costa de los más débiles
La retórica de la sostenibilidad que enarbola Solaria choca con la realidad de sus prácticas. Aunque la empresa presume de reducir emisiones y abastecer a millones de hogares, su modelo de negocio prioriza el lucro sobre el bienestar social y ambiental. Los macroproyectos solares, lejos de ser una solución verde, están fragmentando el territorio español y generando una nueva forma de colonialismo energético, donde las grandes corporaciones, con el beneplácito del gobierno, se apropian de recursos comunes para maximizar beneficios. La diversificación de Solaria hacia centros de datos, que consumen enormes cantidades de energía, no hace sino agravar esta tendencia, beneficiando a gigantes tecnológicos mientras el campo español se desangra.
Un futuro en juego
Solaria, con sus beneficios récord y su expansión agresiva, representa un modelo de desarrollo que prioriza el capital sobre las personas y el territorio. La ciudadanía debe exigir que se respete el sector primario y los ecosistemas. Cada placa solar instalada en un campo fértil es un recordatorio de que el mal llamado “progreso” no puede edificarse sobre el sacrificio de los más vulnerables.
¡Lo vamos a pagar muy caro!
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