En un hecho sin precedentes en la farsocracia española, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según el auto judicial, la filtración habría sido orquestada siguiendo «indicaciones de Presidencia del Gobierno», lo que ha desatado una fuerte polémica política y judicial.
La investigación se centra en la filtración de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal Julián Salto, encargado de la causa por presunto fraude fiscal contra el empresario. Este correo contenía información sensible, ya que en él se reconocía la comisión de dos delitos fiscales y se ofrecía un pacto de conformidad para evitar un proceso penal más severo. Según el juez Hurtado, dicho correo estaba sujeto a estrictos criterios de confidencialidad, conforme al protocolo suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y su divulgación sin autorización violó el deber de discreción, afectando la reputación de González Amador y el prestigio institucional de la Fiscalía.
El caso se originó a raíz de una publicación de El Mundo del 13 de marzo de 2024, titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Según el juez, esta información, que el entorno de Ayuso calificó como un bulo, desencadenó una «dinámica frenética» de comunicaciones entre fiscales, liderada por García Ortiz, con el objetivo de «ganar el relato» y desmentir que la Fiscalía hubiera iniciado la propuesta de pacto. El magistrado sostiene que, en este contexto, García Ortiz y Rodríguez facilitaron el contenido del correo a la Cadena SER, que lo hizo público la noche del 13 de marzo, y a Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien lo trasladó al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para usarlo políticamente contra Ayuso.
Uno de los aspectos más controvertidos del auto es la afirmación de Hurtado de que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Según el magistrado, desde la Fiscalía General se envió una copia del correo a Sánchez Acera, quien lo utilizó para instruir a Lobato, entonces líder del PSOE madrileño, para que lo empleara en una sesión parlamentaria del 14 de marzo de 2024 contra Ayuso. El juez también destaca que la filtración no solo vulneró la confidencialidad, sino que puso en cuestión la imparcialidad y legalidad del Ministerio Fiscal, afectando el derecho de defensa de González Amador y el prestigio de la institución. Además, se señala que García Ortiz borró los mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google el día en que fue imputado, lo que el juez interpreta como un intento de obstaculizar la investigación, aunque reconoce que esta acción no tiene consecuencias penales directas.
La decisión del Supremo ha generado una oleada de reacciones. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han pedido la dimisión de García Ortiz, argumentando que su continuidad es «insostenible» tras ser procesado. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también han solicitado su renuncia, considerando que el procesamiento daña la imagen de la Fiscalía. Por su parte, el Gobierno ha defendido a García Ortiz. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su «confianza plena» en el fiscal general, destacando que el auto no es firme y que cabe recurso. Bolaños también subrayó la presunción de inocencia y afirmó que «la verdad prevalecerá».
Desde la oposición, el PP ha intensificado sus críticas, acusando al Gobierno de instrumentalizar la Fiscalía para atacar a Ayuso. La presidenta madrileña calificó el caso como un «Watergate» y un «peligro para el Estado de derecho». Por otro lado, partidos como Más Madrid y el PSOE han acusado al PP de usar el caso para desviar la atención de los problemas legales de González Amador, quien enfrenta un proceso por fraude fiscal y falsificación de documentos.
El auto de procedimiento abreviado dictado por Hurtado marca el fin de la instrucción y sitúa a García Ortiz y Rodríguez a un paso del juicio oral. El magistrado ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio, el sobreseimiento de la causa o diligencias complementarias. La investigación, que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y pasó al Supremo debido al aforamiento de García Ortiz, se ha basado en mensajes recuperados del móvil de Pilar Rodríguez y en declaraciones de testigos, ya que los mensajes de García Ortiz fueron borrados.
El juez ha descartado profundizar en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, considerando que su autoría está clara y que no aporta elementos nuevos al caso. Asimismo, Hurtado ha rechazado investigar filtraciones previas atribuidas al entorno de Ayuso, como las realizadas por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que podrían haber revelado información del caso antes de la actuación de la Fiscalía.