La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ratificado por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, marcando un hito histórico en la política del país. La decisión, tomada en el marco de la conocida como “Causa Vialidad”, pone fin a las apelaciones de la exmandataria, quien fue encontrada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos (2007-2015).
La sentencia no solo frena su candidatura a diputada en las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025, sino que habilita su detención en los próximos días, aunque, por su edad (72 años), podría cumplir la pena en arresto domiciliario.
La “Causa Vialidad” se centra en la investigación de 51 contratos de obras públicas otorgados entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, al empresario Lázaro Báez, amigo cercano del fallecido expresidente Néstor Kirchner y presunto testaferro de la familia. Según el fallo judicial, estas adjudicaciones, que representaron el 85% de los contratos viales en la provincia, implicaron un desfalco estimado en 84.800 millones de pesos (unos 74 millones de dólares al tipo de cambio actual). Muchas de estas obras, según la Justicia, no se terminaron o presentaron sobrecostos, beneficiando ilícitamente a Báez, quien canalizó fondos a empresas familiares de los Kirchner, como “Los Sauces” y “Hotesur”.
El proceso comenzó en 2016 con una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y culminó en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a Fernández por administración fraudulenta, aunque absolvió a ella y a otros acusados, como el exministro Julio De Vido, del cargo de asociación ilícita. La Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia en noviembre de 2024, y la Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja de la defensa el 10 de junio de 2025, declarando que las sentencias previas se basaron en “profusa prueba” y respetaron el debido proceso.
La ratificación de la condena implica que Fernández podría ser detenida en los próximos días, una vez que el TOF 2, bajo el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia. Sin embargo, debido a que tiene 72 años, la expresidenta es elegible para solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, que podría cumplir en Buenos Aires o en su domicilio en Santa Cruz. Este escenario la convertiría en la primera expresidenta argentina en enfrentar prisión por corrupción, un hecho sin precedentes, ya que Carlos Menem, condenado por venta ilegal de armas, nunca tuvo una sentencia ratificada por la Corte Suprema.
La defensa de Fernández, liderada por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional de La Haya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando violaciones al debido proceso y persecución política. Sin embargo, estos recursos no suspenden la ejecución de la pena en Argentina, y los plazos para una resolución internacional podrían extenderse por meses o años.