El Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante ha dictado una sentencia histórica al condenar a dos pediatras por homicidio imprudente grave en el caso de Aitor, un niño de ocho años que falleció en octubre de 2020 a causa de una peritonitis no diagnosticada tras acudir cinco veces en cuatro días a los servicios de urgencias del centro de salud de Petrer y del Hospital General de Elda, en Alicante. La magistrada considera que las doctoras incurrieron en una «mala praxis» al no realizar pruebas diagnósticas clave, lo que derivó en el trágico desenlace. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, ha generado un intenso debate sobre la atención sanitaria y la responsabilidad médica.
Aitor E.G., un niño de ocho años que vivía en Petrer con sus abuelos, quienes tenían su custodia legal, comenzó a sufrir dolores abdominales el 24 de octubre de 2020. Según la sentencia, ese día fue llevado al centro de salud de Petrer, donde se le diagnosticó un dolor abdominal inespecífico y fue derivado al Hospital General de Elda. Allí, la pediatra Miriam R.R. lo atendió y le diagnosticó un «cuadro de dolor abdominal sin signos de alarma, vómitos de corta duración y posible inicio de viriasis», afirmando que el menor presentaba un buen estado general. Aitor fue dado de alta con la recomendación de un control por su pediatra.
Sin embargo, los síntomas persistieron, con vómitos frecuentes (entre 7 y 9 veces al día) y dolor abdominal intenso. Los abuelos, preocupados, lo llevaron nuevamente al centro de salud de Petrer el 26 de octubre, donde fue atendido y derivado otra vez al hospital. En esta segunda visita al Hospital de Elda, Miriam R.R. no cuantificó la frecuencia cardíaca del niño ni solicitó pruebas complementarias, como una analítica sanguínea o una ecografía abdominal, a pesar de que los antecedentes del caso lo hacían necesario. La juez calificó esta actuación como una «infracción de las normas básicas de su profesión», destacando que la pediatra recomendó a la familia volver a urgencias «si el niño vomitaba mucho», cuando ya lo hacía de forma alarmante, y sugirió un control con el pediatra, quien ya lo había derivado en dos ocasiones.
La madrugada del 28 de octubre, ante la persistencia del dolor, que Aitor describió como «insostenible» y diciendo que se estaba muriendo, sus abuelos lo llevaron por quinta vez al centro de salud de Petrer. Allí fue atendido por la médica de familia Magdalena B.S., quien no realizó una exploración física ni tomó las constantes vitales del menor, como la tensión o la frecuencia cardíaca. En lugar de derivarlo al hospital, le administró Buscapina Compositum IM, un medicamento no recomendado habitualmente en pediatría, y lo envió a casa. La sentencia señala que esta actuación agravó el estado del niño, incrementando el riesgo de muerte en un 70%. Horas después, a las 5:28 de la madrugada, los abuelos llamaron a una ambulancia del SAMU, que trasladó a Aitor al Hospital de Elda, donde falleció a las 9:00 de la mañana debido a una peritonitis derivada de una apendicitis aguda no diagnosticada.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, tras analizar las pruebas documentales, testificales y periciales, consideró probado que ambas médicas incurrieron en un «error de diagnóstico cuantitativo y cualitativo de extrema gravedad» al minusvalorar los síntomas de Aitor, que eran compatibles con una apendicitis. La falta de pruebas diagnósticas, como una analítica o una ecografía, y la no derivación al hospital en la última visita fueron determinantes para que la infección evolucionara a una peritonitis con complicaciones graves, incluyendo un colapso pulmonar, tromboembolismo pulmonar y fallo multiorgánico.
La pediatra del Hospital de Elda, Miriam R.R., fue condenada a dos años de prisión y tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de la medicina por un delito de homicidio por imprudencia grave. La médico del centro de salud de Petrer, Magdalena B.S., recibió una pena de un año de prisión y tres años de inhabilitación por el mismo delito. La sentencia también establece que las doctoras no mostraron autocrítica durante el juicio, lo que la jueza calificó como una «actuación cuantitativamente, cualitativamente y éticamente grave».
Como responsables civiles, la aseguradora Berkshire Hathaway European y, de forma subsidiaria, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana deberán indemnizar a la familia de Aitor con un total de cerca de 180.000 euros: 114.203 euros para la abuela, Marta González, y 32.629 euros para su pareja y la madre biológica del menor.