Una huelga de pitiminí

Por Alfonso de la Vega

Don Quijote avisaba a Sancho Gobernador: “No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería, hasta derribarte en el profundo de la perdición”. A lo que el buen juez Sancho le contesta para tranquilizarle que “hasta agora no he tocado derecho ni llevado cohecho”. Finalmente, cuando Sancho dimite de su cargo, don Quijote le consuela: “ven tu con segura conciencia y digan lo que dijeren”.

Me ha venido a la memoria esta lección magistral cervantina reveladora de la penosa realidad político judicial de muchos países woke o neo comunistoides avanzados como el reino de España cuando me he enterado la escalofriante huelga con la que sus señorías que administran la Justicia en nombre del Rey amenazan al feroz gobierno liberticida de Su Majestad, el Rey. Otra muestra de la realidad de la politeia constitucional española como ejemplo de esquizofrenia o de un cascarón vacío y superfluo en lo que ya nada es lo que dice ser.

Lo de los diez minutos de paro en una operatividad judicial propia de quelonio cojo por la que las instrucciones tardan meses y meses cuando no años y años, atraviesan el umbral de los siglos o del cambio de milenio y las telarañas sumariales crecen a la espera del error benefactor o complaciente para el poderoso justiciable, en verdad que mueve a risa después de llorar. Es menos que un café matinal con sobremesa. Se parece a un pellizco de monja feminista renovable y con perspectiva de género.

Cabe pensar que la Monarquía española ha perdido hasta el más mínimo decoro o sentido del ridículo. Si nuestros togados, escribanos y golillas de verdad quisieran derribar al gobierno déspota y depurar el propio degradado régimen en general, debieran hacer una huelga terrible consistente en la rápida aplicación íntegra de las leyes españolas en sus diferentes ámbitos nacional, autonómico, diputacional y municipal, normas comunitarias y tratados internacionales varios incluidos. La catástrofe sería inmediata, fatal e irremediable. La cosa tendría una crueldad verdaderamente diabólica. Tanto el gobierno de Su Majestad como muchos otros “cohechohabientes” integrantes de instituciones y los partidos estarían ya fulminantemente juzgados, condenados y en presidio. Si en la Judicatura quieren en verdad defender el Estado de Derecho, y la Ley, base de todo verdadero patriotismo, lo más práctico no es una huelga para disimular sino aplicar la Ley para procesar y meter a los políticos delincuentes y compañeros corruptos o colaboracionistas sin más dilación en la cárcel. Eso es lo que exigiría su juramento y lo que se espera de una Judicatura eficaz y honrada, con un mínimo de patriotismo y sentido del deber ante la sociedad y la historia.

Para ello lo fundamental es tener voluntad: querer. Pero también se espera de ellos el otro elemento fundamental del desempeño: saber.

Pero ahí es nada pedir que muchos de nuestros héroes de la judicatura en vez del clásico rutinario “considerando”, “estese a la parte” o el “otro sí digo” que corresponda, se impongan sacrificios tales como el leer e intentar entender el Boe y demás boletines eco sostenibles pornográficos taifales e internacionales, superaría el sadismo del famoso marqués. Incluso es de temer que se generalizarían los suicidios desde las azoteas de palacios de Justicia de los desesperados incapaces de soportar tal vesania, aunque con la ventaja colateral de correr el escalafón. Por muy resiliente que se presuma ser, eso no hay quien lo aguante.

No obstante, la cosa no es nueva aunque se esté llevando hasta sus últimas consecuencias desde el golpe del 11M cuando el Partido socialista se ha quitado la careta. Nada, no  pasa nada, forma parte de la función. La pretendida independencia judicial es inexistente desde la reforma socialista de 1985 salvo en jueces y magistrados honrados, casi heroicos, que pese a todo quieren mantener lo sagrado de su función en favor de la Justicia y del pueblo. Los que merecen el citado consuelo del sabio Don Quijote: “ven tu con segura conciencia y digan lo que dijeren”.

Hemos llegado a un estadio de descomposición tal en el que ya no extrañaría que alguno de los más esforzados ocupantes de los más altos y severos tribunales agradeciese que le remitieran el auto o sentencia correspondiente ya todo considerado, fallado y redactado a falta de su firma. En realidad, si la Justicia se administra en nombre del Rey, ¿por qué no hacer lo mismo que Su Majestad?