En un nuevo capítulo de desprecio hacia el sector agrario, el Gobierno de España ha desatado la indignación de los agricultores valencianos afectados por las riadas del 29 de octubre de 2024, al anunciar que no pagará indemnizaciones por la expropiación de sus tierras, declaradas ahora parte del Dominio Público Hidrográfico (DPH). Esta decisión, que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha calificado como “un robo”, no solo despoja a los productores de sus medios de vida sin compensación justa, sino que revela una alarmante falta de empatía y responsabilidad por parte de un Ejecutivo que parece más interesado en eludir sus obligaciones que en apoyar a un sector devastado por una catástrofe natural.
La riada de octubre de 2024 dejó un rastro de destrucción en la Comunidad Valenciana, arrasando vidas, cultivos, infraestructuras y esperanzas de miles de agricultores. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1.159 parcelas de tipo C, pertenecientes a explotaciones agrarias colindantes con cauces públicos, han sido identificadas como gravemente afectadas. Estas tierras, ubicadas cerca de ríos y barrancos, han sido señaladas en un mapa oficial como “superficie estimada de dominio público hidrográfico tras la DANA”. Sin embargo, la sorpresa y la indignación llegaron cuando los agricultores descubrieron que no recibirán ni un euro por la pérdida de sus propiedades.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), responsable de la gestión del DPH, ha optado por declarar estas parcelas como parte del dominio público sin ofrecer expropiaciones formales ni compensaciones adecuadas. Esta maniobra, que AVA-ASAJA describe como una “expropiación encubierta”, ignora los derechos de propiedad de los agricultores, muchos de los cuales poseen escrituras legales que certifican su titularidad. Como relata un agricultor de Turís, José Grau, un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) le espetó: “Lo que el río te da, el río te quita”, una frase que resume la arrogancia y la insensibilidad de la Administración frente al drama humano de quienes han perdido todo.
Además de la negativa a pagar por las expropiaciones, el Gobierno ha añadido sal a la herida al ofrecer indemnizaciones irrisorias por las pérdidas agrícolas. El Ministerio de Agricultura ha establecido un pago de 11.800 euros por hectárea (equivalente a 1.000 euros por hanegada), una cifra que AVA-ASAJA considera “muy por debajo del valor real del suelo agrícola”. Para los agricultores, esta cantidad no cubre ni los costes de reposición de sistemas de riego, como la “casa de goteo” mencionada por Grau, ni compensa la pérdida de inversiones en tecnología de monitorización o años de trabajo en cultivos de alto valor. “Con ese dinero no tengo para reponer nada”, lamenta el agricultor, quien además perdió su capacidad de cultivar en el futuro, a diferencia de otros cuyas tierras podrán recuperarse.
El Gobierno, que inicialmente prometió “arreglar todo” a través de la empresa pública Tragsa, ha incumplido sus compromisos. Los agricultores denuncian que se les instó a no invertir en la recuperación de sus campos, ya que serían declarados zonas de afección hídrica, solo para descubrir después que no recibirían compensación alguna. “No es una expropiación, es un robo”, sentencia José Ibáñez, delegado de AVA-ASAJA en Turís, resumiendo el sentimiento de un sector que se siente traicionado y desamparado.
La decisión del Gobierno no solo es injusta, sino que pone de manifiesto una negligencia estructural que agravó las consecuencias de la riada. La falta de mantenimiento de barrancos y la ausencia de infraestructuras hidráulicas adecuadas, responsabilidad directa de la CHJ y el Miteco, contribuyeron a la magnitud de los daños. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, lo resume con claridad: “No se puede castigar dos veces al agricultor: primero con una catástrofe natural que arrasa sus campos y después con una declaración de dominio público que le arrebata su tierra sin compensación justa”.
La Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha exigido al Gobierno central que asuma “con generosidad” la reparación de los daños y que indemnice de forma “justa y adecuada” a los afectados. Sin embargo, las palabras de apoyo regional contrastan con la frialdad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que parece más interesado en evadir responsabilidades que en cumplir con los principios básicos de justicia y equidad establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, la cual obliga al pago de un justiprecio por cualquier transferencia coactiva de propiedad.
Esta no es la primera vez que los agricultores denuncian “expropiaciones silenciosas” por parte del Gobierno. En marzo de 2024, la Unión de Uniones alertó sobre parcelas inutilizadas por normativas arbitrarias que prohibían cultivos sin ofrecer compensación, comparando estas prácticas con expropiaciones de facto. El caso de la riada eleva esta problemática a un nivel aún más grave, ya que combina la pérdida de medios de vida con una catástrofe natural y una respuesta gubernamental que roza la confiscación. Como señaló un usuario en X, “del ‘Si necesitan ayuda, que la pidan’ de Pedro Sánchez a expropiarte a la venezolana”, la retórica de apoyo del presidente ha quedado en evidencia como una farsa.
La falta de transparencia agrava la situación. Muchos agricultores no fueron notificados directamente de la declaración de DPH, enterándose a través de publicaciones en boletines oficiales o por rumores. Esta opacidad recuerda casos como el de Lopera (Jaén), donde expropiaciones para plantas fotovoltaicas se tramitaron sin informar adecuadamente a los afectados, dejando a pequeños productores en la indefensión. El Gobierno, lejos de rectificar, parece haber adoptado esta estrategia como norma, despojando a los agricultores de sus derechos bajo el pretexto del “interés público”.
La declaración de tierras como DPH sin compensación adecuada no solo viola el principio constitucional de protección a la propiedad privada (artículo 33.3 de la Constitución Española), sino que atenta contra la dignidad de un sector que ya enfrenta precios bajos, importaciones descontroladas y los efectos del cambio climático. Los agricultores no piden privilegios, sino justicia. Como exige AVA-ASAJA, es imprescindible “una respuesta inmediata, proporcional y digna” para un sector en estado crítico.
En lugar de ofrecer soluciones, el Gobierno ha optado por una postura que recuerda las peores prácticas autoritarias, despojando a los ciudadanos de sus bienes sin el debido proceso. La comparación con el “robo” no es exagerada: al negarse a pagar el justiprecio exigido por la ley, el Ejecutivo está confiscando tierras de forma encubierta, dejando a los agricultores en una situación de absoluta vulnerabilidad. La indignación expresada en redes sociales, donde usuarios denuncian un “atraco” y un abandono del campo valenciano, refleja el hartazgo de una sociedad que ve cómo sus productores son sacrificados en el altar de la burocracia y la desidia.
¿Logrará la mafiosa secta izquierdista seguir echando la culpa también ahora a la mafiosa secta derechista de este expolio bestialmente antisocial?
Los sicarios del Globalismo e n los distintos países han recibido la orden de que ataquen indiscriminadamente a las ciudadanías ¿Se darán cuenta de ello antes de ser exterminadas o seguirán telemanipuladamente credulonóicas mientras son expoliadas, genocidadas y los supervivientes neofeudalizados?