España bien podría ser el guion de una novela de Kafka. Del mismo modo que su protagonista se ve envuelto en un proceso judicial sin sentido alguno y al final es sentenciado sobre algo que no ha hecho, igual ocurre con la aplicación de la ley y las consecuencias de la misma. Éstas no sirven para ordenar las cosas, sino para dejarla en un desorden absoluto que provoca el caos y, lo que es peor, el peligro.
Sobre la base de la inmigración, a pesar de haber sacado la nueva norma y de ser aplicada con rigor, una lectura de la misma te deja con los ojos como platos. Distinta es la realidad de la inmigración ilegal y el modo en que esta norma se aplica, pudiéndose concluir que estos sujetos no se ven afectados por los rigores legales, porque a ellos no se les aplica.
El artículo seis nos dice en la documentación de entrada en España se ha de acreditar la identidad de la persona mediante un pasaporte válidamente expedido en el país de origen. Se supone que, si alguien quiere entrar en España por Canarias y no tiene documentos, debería de tener el acceso prohibido y ser devuelto a su país de origen. Sin embargo, es todo lo contrario, no se saben ni sus nombres, ni si tienen antecedentes en sus países, si han estado en prisión, si han sido liberados por orden del gobierno de Marruecos o si tienen cualquier circunstancia que les impediría la entrada en nuestro país. Para ellos esta ley no funciona. Es más, es el deseo el gobierno legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales de orígenes desconocidos. ¿Riesgo de inseguridad en las calles? No descartables.
El artículo nueve exige que el sujeto acredite sus medios económicos, lo cual es normal porque para estar en un país muerto de hambre, sin trabajo y sin techo mejor te quedas donde vives, aparte de que dicho sujeto puede comenzar a desarrollar acciones más o menos delictivas para sobrevivir. Por eso, tienen que tener suficiente para su sostenimiento durante la estancia en España, que ha de ser hasta 90 días, así como una cantidad de dinero diaria garantizada que los funcionarios han de supervisar. Sin embargo, cuando un marroquí sale feliz del barco y camina por tierras españolas, nadie le pregunta cuánto dinero tiene, dónde va a vivir o cómo va buscarse la vida para comer. El gobierno ya le soluciona el problema, lo cual no hace con ninguno de los españoles de a pie, que han de luchar por pagar los impuestos expropiatorios.
Según el artículo dos, para habilitar los puertos como pasos fronterizos, basta una orden ministerial, previo informe favorable del órgano autonómico. ¿Quién es el responsable entonces del caos en Canarias? Tanto el gobierno central como el regional, sin los cuales sería imposible establecer los coladores donde se meten miles de extranjeros sin control. ¿Y para eso sirven las autoridades competentes? ¿O reciben órdenes de arriba para permitir que las calles se llenen de personas de otros países porque sí, lo cual rozaría con la estupidez en su grado máximo, dándole igual el malestar de los canarios que ven como la sensación de inseguridad se incrementa día a día? Estaría claro que, a las autoridades competentes, según el articulo dos, les da igual como viven los españoles y en qué condiciones.
Si eres extranjero, visitas España y entras por un aeropuerto, el funcionario te recordará que sólo puedes estar 90 días y las autoridades te vigilarán para ver si superas el plazo, considerándote un ciudadano ilegal si trabajas sin papeles, por ejemplo, con el riesgo de que la policía dé la orden de expulsión, algo que es completamente lógico. Por el contrario, si lo haces por cayuco, nadie te dice el tiempo que te puedes quedar, lo que significa que puede el que a ti te apetezca, que las autoridades no los van a perseguir, aunque caminen por las calles españolas perdidos y sin rumbo, mientras no causen demasiados problemas, aparentemente. Por supuesto que no tienen documento de viaje, de vuelos de vuelta que garantizan que van a dejar el país, lo cual es un requisito para evitar el riesgo que implica el descontrol en la inmigración ilegal. Pero a ellos no se les aplican estas leyes, sino otras… Del mismo modo las personas legales son investigadas por si tienen antecedentes penales en sus países de origen, si están pendiente de juicio o si tienen otros de tipo policial, todos considerados según la Interpol. ¿Cuántos de estos sujetos son expuestos a tal control y esos requisitos de rigor? Dado que muchos tiran sus documentos al mar antes de entrar en tierras españolas, si no se saben ni sus nombres, a saber, si han cometido algún delito en sus países o han estado en el trullo, lo cual no se sabe, queda en el misterio que ni el mismo Holmes puede resolver. España puede llenarse de delincuentes y ni el gobierno ni el resto de las autoridades les importa, algo que pone los pelos de punta.
El articulo ciento veinticuatro habla de razones humanitarias para dar un permiso de residencia, saltándose a la torera todas las normas anteriores. Basta con que sea considerado una persona vulnerable, que huya de un país con graves conflictos y mucha inseguridad para al gobierno poco le falte para llegar a proponerles la adopción. Incluso si tienen algún problema de salud que no puede ser tratado en sus países de origen, España, toda generosa, les da sanidad gratuita, mientras que los españoles para acceder a la misma han de estar en alta en la seguridad social, es decir, o han de ser autónomos o trabajar por cuenta ajena, es decir, que paguen impuesto. Si no es así, que se jodan, pero al extranjero se le otorga el derecho de manera automática, aunque sea la primera vez que pisa territorio español. Es la ley del embudo, lo ancho para los que llegan y lo estrecho para los que mantienen el monstruo del estado.
Otro artículo que aclara muchísimo es el ciento treinta cuando excluye a los menores de edad de los requisitos para tener una residencia en España, la cual puede ser otorgada por un ciudadano español que actúe como tutor. Ante el desconocimiento de la edad real de estos sujetos, es muy fácil considerarlos como menores o eufemísticamente menas, término muy utilizado para encubrir que algunos de ellos tienen más de dieciocho años, pero en el registro aparecen como menores que necesitan de la protección de estado español. De aplicarles las lógicas normas, se entendería que estarían mejor con sus familiares en los países de origen, razón por la que deberían de ser devueltos, lo cual no ocurre tampoco en estos casos. ¿Casualidad? Y es que el 166 te lo deja muy clarito cuando te dice que “cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero no acompañado cuya minoría de edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física, éste será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal”, faltándoles tiempo para regularizar el caso, dado los servicios sociales autonómicos son informados (obligados) a darles la ayuda. Ello explicaría la rapidez con que son acogidos en hoteles de lujo que están cerrados, por orden del ministerio de turno.
Se han visto casos de personas que han tenido muchos antecedentes por delitos en España y siempre se les ve en la calle porque la policía los suelta, ante el caos que suponen tantos casos parecidos y el colapso por la creciente tensión y eventos merecedores de la contundente actuación de los cuerpos de seguridad del estado, en momentos de serio peligro. Sin embargo, ello tampoco se da.
Ante la acumulación de todos estos hechos, ante la cantidad de errores, que para mi son acciones claramente intencionadas, los miles de euros que paga el gobierno a las ONGs como Open Arms de Soros por recoger a estos inmigrantes ilegales, relacionadas con las mafias que los traen en cayucos, cuyos dueños viven a cuerpo de rey en sus países cada vez que sale uno de estos barcos donde peligra la vida de quien se sube, lo cual les da exactamente igual, está claro que todo este caos ha de tener una intención muy concreta, porque, sino, es imposible entender el fin que podrían ser varios. Llenar España de votantes de partido de izquierda en un momento en el que se les ve ya el plumero de su narcisismo puramente mafioso, crear el caos para hacerse necesarios en el caso de que el desorden sea tal que el ciudadano español solicite ayuda a su gobierno para que le dé seguridad y le quite sus libertades y derechos más básicos o eliminar al hombre blanco y de clase media porque piensa y es muy peligroso, conviniendo mejor otras personas de otros países, aunque no encajen con la cultura española.
Vemos como la ley es para nosotros y no para ellos, del mismo modo que la justicia es para nosotros y no se aplica a los corruptos. Es la distopía y el absurdo de un país que algún día fue y que es un experimento de las élites para ver hasta cuándo los españoles soportan a la escoria que los gobierna.