Una pareja de Toledo, Yumara Oliver y Abdel Tahiri, ha logrado recuperar la custodia de su hija Yliana, nacida el 6 de diciembre de 2024, después de que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha se la retirara a los pocos días de su nacimiento. La decisión, tomada por el servicio de Menores y Familia, se basó en presuntas carencias económicas, falta de apoyo familiar, problemas de vivienda y supuestas limitaciones en las capacidades de la madre. Sin embargo, tras una intensa batalla legal respaldada por la Fiscalía, un juez ha ordenado la devolución de la menor a sus padres, poniendo fin a más de cuatro meses de separación.
Yumara, de 19 años, y Abdel, de 32, aguardaban con ilusión la llegada de su primera hija. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas tres días después del nacimiento de Yliana en el Hospital Universitario de Toledo, una trabajadora social informó a la pareja de una orden administrativa que impedía llevarse a la bebé a casa. La resolución, emitida sin previo aviso, argumentaba que la madre, que había crecido en centros de acogida debido a un historial de maltrato y abandono, presentaba un «riesgo» para la menor. Además, se señalaron factores como la inestabilidad económica y la falta de una red de apoyo, ignorando en gran medida la situación del padre, que cuenta con empleo estable y un hogar compartido.
El impacto fue devastador. Yumara sufrió un ataque de ansiedad tras la noticia, mientras Abdel, desconcertado, exigía explicaciones. «Solo pudimos estar con ella un fin de semana. Nadie nos había advertido de esto», relató Abdel a medios locales. La bebé fue trasladada a una familia de acogida, y los padres quedaron limitados a visitas supervisadas de una hora al mes, un régimen que consideraron insuficiente y humillante.
La pareja, decidida a recuperar a su hija, recurrió a los tribunales con el apoyo del abogado Julián Sánchez Rojas. La denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, acusaba a la Consejería de posible prevaricación por la falta de fundamentos sólidos en la retirada de la custodia. Según Sánchez Rojas, la Administración no proporcionó el expediente completo del caso, lo que dificultó la defensa de los padres. «Si hubiéramos tenido acceso al expediente desde el principio, esto podría haberse resuelto antes», afirmó el letrado.
El caso dio un giro esperanzador en marzo de 2025, cuando la fiscal Silvia Casasús Valero emitió un informe contundente contra la decisión de Bienestar Social. El Ministerio Público argumentó que no existían pruebas de un «peligro grave e inminente» para la menor que justificaran la medida. El escrito criticó la falta de evaluación previa de las capacidades de Yumara como madre y la omisión total de la figura paterna, destacando que Abdel tiene un empleo estable, carece de antecedentes penales y cuenta con recursos para mantener a su familia. La Fiscalía también cuestionó el uso del pasado traumático de Yumara como justificación automática para considerarla no apta, subrayando que su historial no debería ser un obstáculo para ejercer su papel de madre.
El 15 de abril de 2025, el juez ha dictado una orden para devolver a Yliana a sus padres, con la condición de que los servicios sociales municipales realicen un seguimiento periódico de la familia. La resolución ha marcado el fin de una lucha que, según los padres, los hizo sentirse «como delincuentes» a pesar de no haber cometido ningún delito.
El caso de Yumara y Abdel ha puesto bajo escrutinio las prácticas de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Expertos y defensores de los derechos de las familias han criticado la falta de transparencia en los procesos de retirada de tutela y la aplicación de criterios que, en ocasiones, parecen desproporcionados. La ausencia de programas de apoyo, como el «Caminar en Familia», que podría haber ayudado a la pareja a fortalecer sus capacidades parentales, fue otro punto de polémica. Según Sánchez Rojas, este programa está inactivo por falta de financiación, lo que limita las opciones de intervención preventiva.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha defendido la actuación de su departamento, argumentando que la decisión se tomó tras una «evaluación exhaustiva» por parte de un equipo técnico interdisciplinar. Sin embargo, la negativa a proporcionar detalles, amparándose en la protección de la menor, ha alimentado las críticas por falta de rendición de cuentas.
Este no es un caso aislado en Castilla-La Mancha. Otro episodio similar, reportado por El País, involucró a una madre de 33 años, también extutelada, a quien se le retiraron seis hijos, incluida una bebé entregada en preadopción a los nueve meses. En ambos casos, las decisiones se basaron en el pasado de las madres, lo que ha llevado a expertos a cuestionar si los servicios sociales están penalizando a personas por sus circunstancias previas en lugar de evaluar su capacidad actual para criar a sus hijos.
La Fiscalía, en su informe, destacó la necesidad de intervenciones previas para apoyar a las familias en riesgo, en lugar de recurrir a medidas drásticas como la separación inmediata. Organizaciones de defensa de los derechos familiares han pedido reformas para garantizar que las decisiones de tutela prioricen el interés del menor sin vulnerar los derechos de los padres.
Para Yumara y Abdel, la devolución de Yliana representa una victoria tras meses de angustia. «Parece que mi pesadilla se acaba», expresó Yumara, quien ve en su hija la oportunidad de construir la familia que nunca tuvo. Abdel, por su parte, espera dejar atrás el dolor de la separación y centrarse en criar a su hija en un entorno estable.
La pareja ha cumplido con todas las exigencias de Bienestar Social, asistiendo a entrevistas, visitas supervisadas y evaluaciones en su hogar. Ahora, con el respaldo de la justicia, planean seguir adelante bajo la supervisión de los servicios sociales municipales, confiando en que podrán demostrar su compromiso como padres.