El fiscal general de Texas, Ken Paxton anunció el pasado fin de semana una investigación contra WK Kellogg Co., el gigante de los cereales conocido simplemente como Kellogg’s, por posibles violaciones de las leyes de protección al consumidor del estado. La pesquisa se centra en las afirmaciones de la compañía sobre la eliminación de tintes artificiales de sus productos, un compromiso que, según Paxton, no se ha cumplido en el mercado estadounidense, lo que podría constituir una práctica engañosa hacia los consumidores.
Kellogg’s, fabricante de conocidas marcas de cereales, ha promocionado durante años algunos de esos cereales como opciones “saludables” en su marketing dirigido a familias y niños. Sin embargo, Paxton sostiene que estos productos contienen colorantes alimentarios artificiales derivados del petróleo —incluyendo tonos azul, rojo, amarillo, verde y naranja— que han sido vinculados a problemas de salud como hiperactividad, obesidad, enfermedades autoinmunes, trastornos endocrinos y hasta cáncer, según estudios citados por su oficina.
El punto crítico de la investigación radica en una promesa previa de Kellogg’s. En 2015, la compañía anunció que eliminaría los tintes artificiales y el conservante BHT de sus productos para 2018, una medida que ya implementó en mercados como Canadá y Europa. Sin embargo, en Estados Unidos, donde los consumidores texanos representan un mercado significativo, estos ingredientes persisten en las recetas de los cereales, según alega el fiscal. Este contraste ha llevado a Paxton a cuestionar la veracidad de las declaraciones de la empresa y a investigar si ha engañado deliberadamente a los consumidores al mantener la etiqueta de “saludable” mientras incumple su compromiso.
El anuncio, hecho público el sábado 5 de abril de 2025, llegó acompañado de una declaración contundente de Paxton: “Una parte crítica de luchar por el futuro de nuestros hijos es poner fin a las prácticas engañosas de las empresas que buscan confundir a padres y familias sobre la salubridad de los alimentos”. El fiscal general añadió que “los colorantes artificiales han demostrado tener impactos desastrosos en la salud, y en ningún mundo deberían alimentos que los incluyan ser anunciados como ‘saludables’”. Prometió que cualquier compañía, incluida Kellogg’s, se enfrentará a consecuencias si se comprueba que ha hecho afirmaciones falsas que contribuyen a un “sistema de salud roto” que, en sus palabras, ha perjudicado a los estadounidenses.
La investigación se alinea con la postura de Paxton, un aliado cercano del presidente Donald Trump, quien ha utilizado las leyes de protección al consumidor de Texas de manera agresiva para abordar temas que resuenan con su base conservadora. Este caso también coincide con el movimiento “Make America Healthy Again” impulsado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien ha criticado abiertamente el uso de aditivos químicos en la industria alimentaria estadounidense, incluyendo los tintes de Froot Loops que, según él, son “venenos” ausentes en versiones vendidas en otros países.
Kellogg’s no ha respondido de inmediato a las acusaciones, y hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial sobre la investigación. Sin embargo, la compañía ya se había enfrentado a críticas previas por el uso de estos colorantes. En octubre de 2024, activistas protestaron frente a su sede en Michigan exigiendo la eliminación de los tintes artificiales en los cereales vendidos en EEUU, una demanda que ahora encuentra eco en la acción legal de Texas.
El caso también se produce en un momento en que la regulación de aditivos alimentarios está bajo escrutinio. En 2024, la FDA prohibió el uso del colorante rojo No. 3, dando a las empresas hasta 2027 para reformular sus productos. Aunque los tintes señalados por Paxton son legales en EEUU, su presencia contrasta con las normativas más estrictas de otros países, lo que refuerza la narrativa de desigualdad en los estándares de salud que el fiscal busca destacar.
La investigación de Paxton podría tener implicaciones significativas para Kellogg’s y la industria alimentaria en general. Si se demuestra que la empresa violó las leyes de protección al consumidor de Texas —que prohíben prácticas comerciales engañosas o fraudulentas—, podría enfrentarse a multas, mandatos para reformular sus productos o restricciones en su publicidad. Además, el caso podría inspirar acciones similares en otros estados, especialmente aquellos con líderes alineados con la agenda de Trump y Kennedy.
Por ahora, el proceso está en sus primeras etapas, y la oficina de Paxton no ha detallado el alcance exacto ni el cronograma de la investigación. Lo que está claro es que este movimiento pone a Kellogg’s en el centro de un debate más amplio sobre la transparencia en la industria alimentaria y la responsabilidad de las empresas hacia la salud pública.