En un paso sin precedentes en la legislación estadounidense, Idaho se ha convertido en el primer estado en autorizar el uso de pelotones de fusilamiento como método de ejecución para ciertos criminales convictos, específicamente pedófilos. Esta decisión, aprobada a finales de marzo de 2025, ha generado un intenso debate sobre la justicia penal, los derechos humanos y las prioridades en la aplicación de la pena capital.
El proyecto de ley, impulsado por legisladores estatales, fue firmado por el gobernador de Idaho tras un proceso que destacó la necesidad de «proteger a los niños» y enviar un mensaje contundente contra los delitos sexuales más graves. La nueva normativa permite que los condenados por abusos sexuales agravados contra menores se enfrenten a la posibilidad de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento, una práctica que no se veía en Estados Unidos desde hacía décadas.
Idaho ya formaba parte de los estados que mantenían la pena de muerte, pero esta medida amplía las opciones de ejecución más allá de la inyección letal. Con esta ley, el estado busca garantizar que las sentencias capitales puedan llevarse a cabo sin demoras, especialmente en casos que involucran a los delincuentes más aborrecibles.
La aprobación de esta ley responde a una creciente preocupación en algunos sectores de la sociedad con lo que perciben como castigos insuficientes para delitos atroces contra menores. Los proponentes argumentan que el pelotón de fusilamiento no solo es un método rápido y efectivo, sino también un símbolo de la severidad con la que Idaho tratará a quienes cometan estos crímenes. «Nuestros niños merecen justicia, y esta ley asegura que los monstruos que los dañan enfrenten las consecuencias», afirmó un legislador local durante el debate.
El pelotón de fusilamiento, aunque considerado arcaico por algunos, tiene una historia en Estados Unidos. Utah, por ejemplo, lo utilizó hasta 2010 como alternativa a la inyección letal, pero Idaho es el primero en vincularlo explícitamente a delitos específicos como la pedofilia.
La medida ha polarizado a la opinión pública. Sus defensores la ven como un avance en la protección de los más vulnerables y un disuasivo para futuros delitos. Sin embargo, los críticos, incluidos grupos de derechos humanos, han calificado la ley como un retroceso bárbaro. Argumentan que el uso de pelotones de fusilamiento evoca imágenes de épocas pasadas y cuestionan si realmente aborda las raíces de estos crímenes, como la prevención y la rehabilitación.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han prometido desafiar la ley en los tribunales, alegando que viola las protecciones constitucionales contra castigos crueles e inusuales. «Esto no es justicia, es venganza disfrazada de ley», señaló un portavoz de la ACLU.
La decisión de Idaho podría inspirar a otras legislaturas estatales con posturas similares sobre la pena capital. Estados como Texas y Florida, conocidos por su firme apoyo a la pena de muerte, ya han mostrado interés en explorar opciones alternativas ante las dificultades con la inyección letal. Sin embargo, la especificidad de la ley de Idaho —dirigida exclusivamente a pedófilos— la hace única y plantea preguntas sobre si otros estados seguirán este camino tan focalizado.