Sale a la luz otra escandalosa maniobra de Conde-Pumpido

Existe un cántico muy extendido en las concentraciones de protesta que tienen lugar a diario en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra ubicada la sede central del PSOE: «El Constitucional está prostituido por la culpa de Pumpido».

Este martes ha salido a la luz que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, está maniobrando para impedir que la Audiencia de Sevilla eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de los ERE, el escándalo de corrupción que marcó la política andaluza durante años.

Según las informaciones, Conde-Pumpido no solo pretende frenar esta iniciativa específica, sino que también estaría explorando la posibilidad de vetar de manera más amplia que los jueces españoles recurran a la justicia europea para cuestionar las sentencias del TC, argumentando que tales acciones erosionan la autoridad de la institución que preside.

El caso de los ERE, que involucró el desvío de 680 millones de euros destinados a ayudas para trabajadores en Andalucía, ha sido un tema candente en la justicia española. En 2024, el TC, con una mayoría progresista liderada por Conde-Pumpido, anuló parcialmente las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla y ratificadas por el Tribunal Supremo a figuras clave como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esta decisión, que muchos críticos han calificado como un «indulto encubierto», generó una fuerte reacción en el ámbito judicial, especialmente entre los magistrados de la Audiencia de Sevilla, quienes consideran que el TC se extralimitó en sus funciones al reinterpretar delitos como la prevaricación y la malversación.

En respuesta, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla planteó recientemente la posibilidad de formular una cuestión prejudicial ante el TJUE, solicitando que se evalúe si las sentencias del TC son compatibles con el derecho europeo, particularmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Este paso, inédito en nuestro país, ha puesto en jaque la autoridad del TC y ha desatado una tormenta jurídica que ahora Conde-Pumpido busca contener.

Según fuentes cercanas al asunto, Conde-Pumpido ha encargado a los letrados del TC un informe para analizar si los tribunales españoles tienen competencia para acudir al TJUE en casos como este, especialmente cuando se trata de cuestionar resoluciones del Constitucional. Durante una reunión reciente con los magistrados de la Sala Primera, el presidente expresó sus dudas sobre esta práctica y sugirió que podría interpretarse como una «desobediencia» o un ataque a la jurisdicción del TC. Algunos observadores ven en esta iniciativa un intento de blindar las decisiones del Constitucional frente a cualquier supervisión externa, lo que podría tener implicaciones más allá del caso de los ERE, extendiéndose a otros asuntos controvertidos como la aplicación de la ley de amnistía.

La propuesta de Conde-Pumpido ha generado alarma entre juristas y magistrados, quienes advierten que limitar el acceso de los jueces al TJUE contravendría el principio de primacía del derecho europeo, un pilar fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En el pasado, el TJUE ha respaldado a tribunales nacionales que cuestionaron decisiones de sus respectivos tribunales constitucionales, como ocurrió en Eslovaquia en 2013. Si el TJUE llegara a pronunciarse a favor de la Audiencia de Sevilla, las sentencias del TC podrían quedar sin efecto práctico, devolviendo vigor a las condenas originales.

La reacción del presidente del TC no ha pasado desapercibida. En círculos judiciales, se habla de un «cabreo monumental» de Conde-Pumpido ante lo que percibe como una rebelión de los tribunales ordinarios. Sin embargo, esta postura ha encontrado resistencia incluso dentro del propio TC, donde magistrados de distintas sensibilidades han advertido sobre el riesgo de un conflicto con la justicia europea. La posibilidad de que el TJUE intervenga en el caso de los ERE podría prolongar aún más una causa que lleva más de una década en los tribunales, dejando en el aire el destino judicial de los implicados.

El desenlace de esta pugna judicial podría sentar un precedente crucial en España y en la UE. Si Conde-Pumpido logra imponer su visión y restringir las consultas al TJUE, el TC podría consolidarse como una instancia prácticamente intocable, por encima incluso del derecho europeo. Por el contrario, si la Audiencia de Sevilla consigue el respaldo del TJUE, se abriría la puerta a una mayor supervisión de las decisiones del Constitucional, reforzando el papel de los tribunales ordinarios y el control europeo sobre la justicia nacional.