Antes de empezar a leer este artículo recuerden el titular, está enfocado desde un punto de vista lo más oficialista posible, aunque nosotros no nos creemos absolutamente nada del relato oficial. Sin embargo, incluso desde un punto de vista oficialista y covidicio, la cosa no hay por dónde cogerla. Imaginen no creyéndonos nada.
El año 2020 marcó un punto de inflexión en España con la farsemia, el confinamiento estricto y, posteriormente, la campaña de inoculación iniciada en diciembre de ese año. Si bien el Gobierno de Pedro Sánchez presentó estas medidas como una respuesta sanitaria supuestamente necesaria, han surgido numerosas críticas sobre la legalidad, transparencia y gestión de la crisis, incluyendo el manejo de las vacunas. Este artículo expone las mentiras, contradicciones, manipulaciones y falsedades del Ejecutivo durante el confinamiento y los estados de alarma, declarados inconstitucionales, así como las irregularidades en la vacunación, el ocultamiento de efectos secundarios y el reconocimiento oficial de cientos de muertes asociadas a las vacunas.
1. El primer estado de alarma: inconstitucionalidad y suspensión de derechos fundamentales
El 14 de marzo de 2020, el Real Decreto 463/2020 instauró un estado de alarma que restringió severamente la libertad de circulación y otros derechos fundamentales. En julio de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) lo declaró inconstitucional por exceder los límites de esta figura jurídica, requiriendo un estado de excepción para justificar una suspensión de derechos de tal magnitud. El Gobierno insistió en que actuó dentro de la legalidad «para salvar vidas», pero el fallo reveló una manipulación al evitar un marco legal más garantista, ignorando advertencias previas de juristas y partidos opositores.
2. Mentiras y contradicciones en la narrativa oficial
Antes del confinamiento, el Gobierno minimizó el riesgo del virus. El 8 de marzo de 2020, se permitieron manifestaciones masivas, como las del Día de la Mujer, pese a las alertas del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sobre la transmisión comunitaria. Fernando Simón afirmó que no había «riesgo significativo», una declaración contradicha por el colapso sanitario posterior. Además, Sánchez aseguró que España estaba preparada, pero la escasez de material sanitario y la falta de reservas estratégicas desmintieron esta narrativa.
3. Estados de alarma posteriores: más inconstitucionalidad y abuso de poder
El segundo estado de alarma, decretado el 25 de octubre de 2020 y prorrogado por seis meses, también fue declarado inconstitucional en octubre de 2021 por su falta de control parlamentario y la delegación excesiva de competencias a las comunidades autónomas. Este abuso de la «cogobernanza» permitió al Gobierno eludir la rendición de cuentas, mientras imponía restricciones prolongadas sin supervisión adecuada.
4. Medidas injustas, injustificadas y coercitivas
El confinamiento homogéneo, las sanciones masivas (1,2 millones de multas y 9.000 detenciones) y el rastreo de móviles bajo el proyecto DataCovid reflejaron un enfoque coercitivo y desproporcionado. La prohibición de velatorios, incluso en casos no relacionados con el COVID-19, careció de evidencia científica sólida, causando un impacto emocional devastador sin justificación clara.
5. Irregularidades en la gestión de las vacunas
La campaña de vacunación, iniciada el 27 de diciembre de 2020, se presentó como un éxito basado en una estrategia «segura, eficaz, voluntaria y gratuita». Sin embargo, surgieron irregularidades significativas:
- Compra y distribución opaca: España adquirió millones de dosis a través de contratos negociados por la Unión Europea, pero el Gobierno no detalló públicamente los términos, costos ni criterios de priorización. Críticas señalan que se priorizó la imagen política sobre la eficiencia, como cuando Sánchez etiquetó las vacunas como un logro del «Gobierno de España», pese a ser financiadas mayoritariamente por la UE.
- Vacunación de privilegiados: En enero de 2021, se destaparon casos de cargos públicos y militares vacunándose antes de los grupos prioritarios (ancianos y sanitarios). El exministro Salvador Illa justificó estos episodios como «excepciones», pero la falta de sanciones alimentó la percepción de abuso de poder.
- Falta de consentimiento informado: Aunque la vacunación era «voluntaria», la presión social y las restricciones a no vacunados (como el pasaporte COVID) generaron acusaciones de coerción indirecta. El Gobierno no garantizó un consentimiento informado adecuado, omitiendo advertencias claras sobre posibles efectos secundarios.
6. Ocultamiento de efectos secundarios y reconocimiento de muertes
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publica informes de farmacovigilancia que reconocen efectos adversos de las vacunas. Hasta julio de 2023, el 19º Informe de Farmacovigilancia reportó 14.000 efectos graves y 500 desenlaces mortales tras la administración de más de 100 millones de dosis. Estos datos oficiales confirman que, aunque la incidencia es baja (0,0005% de fallecimientos por dosis), cientos de muertes están asociadas temporalmente a las vacunas, incluyendo casos de miocarditis, trombosis y otros trastornos graves.
- Minimización y negación: El Gobierno y la AEMPS han insistido en que «la gran mayoría» de fallecimientos se explican por condiciones previas, sin establecer una relación causal definitiva con las vacunas. Sin embargo, esta ambigüedad ha sido criticada como un intento de ocultar la magnitud real del problema. Por ejemplo, el informe de julio de 2021 reconoció 254 muertes asociadas, incluyendo siete casos certificados por trombosis tras AstraZeneca, pero Sanidad evitó destacar estos datos en su comunicación pública.
- Falta de investigación independiente: No se creó un comité científico independiente para analizar los efectos adversos, y el Gobierno rechazó investigar a fondo las muertes reportadas. En abril de 2024, el Ministerio de Sanidad se desentendió de las víctimas argumentando que «se vacunaron voluntariamente», una postura que contrasta con las presiones sociales ejercidas para vacunarse.
- Censura de datos: Asociaciones como Liberum denunciaron que la AEMPS no ha proporcionado información desglosada por lotes de vacunas, dificultando la trazabilidad de los efectos adversos. Un informe independiente citado por medios como The Objective sugirió que 14 lotes específicos podrían estar vinculados a 200 muertes, pero Sanidad no ha confirmado ni refutado estas cifras con transparencia.
- Efectos secundarios silenciados: Trombos, miocarditis, pericarditis, alteraciones menstruales y trastornos neurológicos figuran entre los efectos reconocidos por la AEMPS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Sin embargo, estos riesgos no se comunicaron adecuadamente al público durante la campaña, y médicos denunciaron presiones para no reportar casos que contradijeran la narrativa oficial de seguridad.
7. Manipulación informativa y opacidad
El Gobierno controló la narrativa a través de RTVE y negó la existencia de un comité de expertos independiente para la desescalada, pese a afirmarlo inicialmente. En el ámbito de las vacunas, la falta de acceso a contratos, la minimización de efectos adversos y la ausencia de un sistema de compensación para víctimas refuerzan las acusaciones de opacidad. En contraste, países como EE.UU. o Reino Unido cuentan con programas de indemnización por daños vacunales, algo que España no ha implementado.
El manejo del confinamiento, los estados de alarma inconstitucionales y la campaña de vacunación en España revelan un patrón de improvisación, abuso de poder y ocultamiento. Las irregularidades en la distribución de vacunas, la coerción implícita y el reconocimiento oficial de cientos de muertes asociadas a efectos adversos —sin asumir responsabilidad— han profundizado la desconfianza ciudadana. A 6 de marzo de 2025, el Gobierno de Sánchez sigue sin responder plenamente a las víctimas ni esclarecer los datos, dejando un legado de opacidad y preguntas sin resolver.
Estúpidos en el Gobierno de España,comenzando por Su Majestad Perro Sánchez.
Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los profesionales sanitarios que le hayan empujado a vacunarse contra el Covid o le hayan vacunado son responsables civil y penalmente. ¡El caso presentado por el profesor Frajese ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo un resultado sorprendente! Según el Tribunal, para administrar las vacunas anti-Covid era necesaria prescripción médica. Pero hay más: los médicos podrían haber optado por administrarlos o no e incluso desaconsejarlos, hasta el punto de que la posible responsabilidad civil y penal de los profesionales sanitarios es imputable al caso concreto. Los fundamentos expuestos por el Tribunal podrían así poner en tela de juicio los procedimientos disciplinarios y penales incoados contra los médicos que se opusieron a las vacunaciones y, por el contrario, atribuir graves responsabilidades a los médicos que vacunaron «sin peros ni condiciones», aumentando así también el riesgo de provocar efectos adversos.
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Está noticia es mejor:
Poderosos barcos de guerra, aviones espía y miles de tropas estadounidenses van rumbo al mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
Menos de una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara por narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y a una decena de altos funcionarios o exfuncionarios de Venezuela, el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles el inicio de una operación antinarcóticos ampliada que implica la duplicación de las fuerzas estadounidenses presentes tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental.
¿Su misión oficial? Reducir la entrada de drogas ilegales en EE.UU., pero también «reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Maduro en Venezuela.
Vienen detenciones?…Monedero,Zapatero,Robles?,Abalos?.
Caerá la logia de Miami?.