Nuevamente, volvemos a analizar lo sucedido en 2020 y, nuevamente, lo volvemos a hacer desde un punto de vista absolutamente covidicio. Como ya sabrán todos ustedes, nosotros no creemos en la existencia de ningún bicho volador que no atacaba en las terrazas de los bares y mucho menos en el remedio milagroso inventado por las farmafieuticas, que ocasionaron más daño que ese supuesto bicho contra el que luchaban.
Mónica Garcia enloquece cuando le pregunto si va a pedir perdón a @IdiazAyuso por culparla del protocolo que aplicó Salvador Illa en la pandemia. pic.twitter.com/n5J2420RzP
— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 20, 2025
En 2020, España se enfrentó una de las crisis sanitarias más graves debido a la farsa del bicho volador inexistente, con un impacto devastador especialmente en las personas mayores que residían en residencias de ancianos. Durante este período, el gobierno español implementó una serie de protocolos que restringían el traslado de ancianos desde residencias a hospitales, lo que generó una intensa polémica, como se refleja en las declaraciones de unos y otros en las últimas semanas.
Contexto y medidas del gobierno español en 2020
El 14 de marzo de 2020, el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma en todo el país debido al rápido aumento de cuentagios. Esta medida incluyó un confinamiento nacional y una priorización de los recursos hospitalarios para atender a pacientes críticos, lo que tuvo un impacto directo en la atención a los residentes de las residencias de ancianos. Con el sistema sanitario «bajo presión», el gobierno y las comunidades autónomas implementaron directrices para limitar el traslado de mayores desde estos centros a los hospitales, argumentando la necesidad de optimizar los recursos y evitar la propagación del virus en entornos hospitalarios.
El 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó las «Guías de prevención y control frente a COVID-19 en residencias y otros centros de servicios sociales residenciales». Este documento establecía que los traslados de residentes de residencias a hospitales solo se realizarían en casos de síntomas graves que requirieran cuidados intensivos, como insuficiencia respiratoria severa o inestabilidad hemodinámica. Para el resto de los casos, las residencias debían gestionar los casos internamente, aislando a los residentes con síntomas respiratorios, agrupando a los infectados y limitando las derivaciones hospitalarias.
Esta medida buscaba preservar la capacidad hospitalaria para pacientes más jóvenes o con mayor probabilidad de recuperación, pero dejó a muchos ancianos con acceso limitado a atención médica avanzada.
Impacto en las residencias: datos y críticas
Los datos posteriores revelaron la magnitud de la crisis en las residencias. En la Comunidad de Madrid, entre el 8 de marzo y el 1 de mayo de 2020, 5.828 personas fallecieron en residencias con diagnóstico de COVID-19 o síntomas compatibles, lo que representó el 43,46% de las muertes totales por la pandemia en la región durante ese período. En Cataluña, entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre de 2020, 7.045 mayores en residencias murieron por COVID-19 o síntomas compatibles, constituyendo el 46,9% de todas las muertes por el virus en la región. Estos números posicionaron a España como uno de los países con mayor mortalidad en residencias durante la primera ola de la pandemia, con un 90,31% de las muertes en residencias en Aragón, según datos de RTVE, y un 68,74% en Madrid, según Statista.
La implementación de estos protocolos fue criticada por organizaciones como Amnistía Internacional. En su informe de 2024, titulado «Abandonadas: La falta de protección y discriminación contra las personas mayores en residencias durante la pandemia de COVID-19 en España», la organización denunció que estas medidas vulneraron al menos cinco derechos humanos de los mayores, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la no discriminación. El informe destacó que muchas residencias carecían de personal, equipos de protección personal (EPP) y recursos médicos suficientes, lo que agravó las consecuencias de las restricciones.
España: Las personas mayores en residencias han sido abandonadas durante la pandemia de COVID-19
El 7 de abril de 2020, el gobierno permitió a las comunidades autónomas intervenir en la gestión de las residencias en riesgo, pero esta medida llegó tarde para muchas instalaciones, que ya enfrentaban una situación crítica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en 2020 directrices específicas para centros de atención a largo plazo, recomendando precauciones especiales, pero la implementación en España fue considerada insuficiente, especialmente para proteger a la población vulnerable de las residencias.
Un ejemplo concreto de los protocolos polémicos se encuentra en Aragón, donde el gobierno regional, presidido por Javier Lambán, implementó directrices similares. Según un artículo de El Español publicado el 10 de junio de 2020, un documento interno especificaba que, en caso de que un residente desarrollara síntomas graves (fiebre mayor de 38º, frecuencia respiratoria superior a 30 o saturación de oxígeno inferior al 89%), se debía evaluar «muy detenidamente» su situación funcional, cognitiva y sus comorbilidades antes de considerar un traslado hospitalario. El documento justificaba esta medida argumentando la necesidad de «optimizar los dispositivos asistenciales» en una situación de crisis sanitaria.
El gobierno de Aragón se desmarcó oficialmente de estos protocolos, afirmando que no los había redactado como institución, aunque eran responsabilidad de la Consejería de Sanidad. A fecha del 2 de junio de 2020, 48 ancianos seguían ingresados en «Centros Covid» creados por el gobierno regional para alojar a mayores que no requerían hospitalización o que ya habían sido dados de alta, lo que generó más críticas por la segregación y falta de atención adecuada.
La crisis en las residencias dejó una huella profunda en España, con más de 30.680 fallecimientos en estos centros a causa de la COVID-19 hasta octubre de 2021, según Statista. La Comunidad de Madrid y Cataluña fueron las regiones más afectadas, con 6.370 y 5.600 muertes, respectivamente. Este episodio ha llevado a un debate nacional sobre la necesidad de reformar el modelo de atención a las personas mayores, con organismos internacionales y nacionales abogando por un enfoque centrado en la persona, más integrado con los servicios de salud pública y menos dependiente de estructuras rígidas y aisladas.
El post de Vito Quiles y las reacciones en X reflejan cómo, cinco años después, la gestión de la pandemia sigue siendo un tema candente en la política española, con acusaciones cruzadas entre partidos y una memoria colectiva marcada por el dolor y las controversias de 2020. La pregunta de Quiles a Mónica García sobre si pedirá disculpas a Isabel Díaz Ayuso pone de manifiesto las tensiones políticas entre la izquierda y la derecha, así como las responsabilidades compartidas entre el gobierno central y las comunidades autónomas durante la crisis cuando son TODOS ELLOS LOS RESPONSABLES DE LO SUCEDIDO.
MeMa parece otro Begoño si te fijas bien…
De la cantera trans internacional de la masonería…