Un grupo de expertos y activistas ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que examine las acciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su papel en el suministro de armamento a Israel durante el conflicto en Gaza. Esta petición, presentada por el Centro Internacional de Justicia para los Palestinos (ICJP, por sus siglas en inglés), señala que la asistencia militar estadounidense podría implicar a Biden y a otros altos funcionarios de su administración en presuntos crímenes de guerra.
La solicitud, respaldada por más de 100 páginas de análisis y pruebas recopiladas por abogados y especialistas, argumenta que el apoyo militar de Washington a Israel, que incluye miles de millones de dólares en equipos y armamento, ha contribuido directamente a la devastación en Gaza. Según el ICJP, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, más de 43.000 palestinos han perdido la vida, y el uso de estas armas habría facilitado acciones que podrían calificarse como violaciones del derecho internacional.
Entre los firmantes de la petición se encuentra Andrew Feinstein, un ex político sudafricano y destacado defensor de los derechos humanos, quien afirmó que existen evidencias claras de la complicidad de Biden. «El suministro continuo de armas, a sabiendas de su uso en operaciones que afectan gravemente a civiles, plantea serias preguntas sobre la responsabilidad penal», declaró Feinstein en una conferencia reciente.
Contexto del conflicto y la respuesta de EEUU.
El conflicto escaló tras el ataque sorpresa de Hamás, que dejó más de 1.200 muertos en Israel y llevó a la captura de rehenes. En respuesta, Israel lanzó una campaña militar masiva en Gaza, apoyada logísticamente por Estados Unidos, su principal aliado. A pesar de las crecientes críticas internacionales y las imágenes de destrucción generalizada, la administración Biden ha mantenido su respaldo, aprobando envíos de armamento valorados en miles de millones de dólares desde octubre de 2023.
La petición alude específicamente a la Convención sobre Genocidio y otras normas internacionales, sugiriendo que funcionarios estadounidenses podrían ser responsables por «ayuda y complicidad» en actos ilícitos. Además, destaca que el conocimiento de las autoridades de EE.UU. sobre el impacto de estas armas en civiles no ha detenido las entregas, lo que refuerza el caso para una investigación.
La CPI, con sede en La Haya, ya tiene en curso una investigación sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados, iniciada en 2021. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal y ha rechazado previamente intentos de investigar a sus ciudadanos o aliados, como Israel. En mayo de 2024, cuando la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros líderes, Washington condenó la decisión y amenazó con represalias.
El ICJP espera que esta nueva petición amplíe el alcance de las pesquisas actuales para incluir a funcionarios extranjeros, como Biden, Antony Blinken (secretario de Estado) y Lloyd Austin (secretario de Defensa). Aunque la CPI no ha confirmado aún si aceptará el caso, expertos legales consideran que el tribunal podría enfrentarse a presiones políticas significativas debido a la magnitud de las acusaciones y el perfil de los señalados.
Organizaciones como Amnistía Internacional han respaldado la solicitud, argumentando que la magnitud de la tragedia en Gaza exige rendición de cuentas a todos los niveles. Sin embargo, detractores en EE.UU. sostienen que la CPI carece de legitimidad para intervenir en decisiones soberanas de política exterior y que estas acusaciones son un ataque político disfrazado de justicia.
Mientras el conflicto en Gaza continúa, con un saldo humanitario cada vez más grave, esta iniciativa pone de relieve las tensiones entre el derecho internacional y las alianzas geopolíticas. Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido comentarios específicos sobre la petición, pero su historial sugiere que defenderá firmemente su apoyo a Israel, dejando el próximo paso en manos de La Haya.