La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido poner el foco más allá de los conductores infractores y apunta ahora a quienes atacan sus herramientas de vigilancia. En las últimas semanas, se han reportado actos vandálicos contra siete radares distribuidos en carreteras de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, lo que ha llevado a la entidad a tomar medidas drásticas.
Las autoridades han presentado denuncias formales y, en colaboración con la Guardia Civil, buscan a los responsables de estos daños, que podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión y multas considerables.
Los dispositivos afectados incluyen tanto radares fijos como de tramo, ubicados en carreteras convencionales, y su destrucción no ha pasado desapercibida. Según la DGT, el coste de estos equipos es elevado debido a la tecnología avanzada que incorporan: cámaras con sistemas láser, aparatos de comunicación y procesadores que calculan velocidades en tiempo real. Reparar o sustituir un radar fijo puede suponer unos 67.000 euros, mientras que uno de tramo ronda los 66.000 euros. En total, los daños ascienden a un máximo estimado de 469.000 euros, una cifra que refleja el valor de estos instrumentos para la seguridad vial.
La DGT no se ha quedado de brazos cruzados y ha dejado claro que estos actos no son un simple arrebato de rebeldía juvenil. Vandalizar un radar se considera un delito contra la seguridad del tráfico, contemplado en el Código Penal, y puede acarrear consecuencias severas. Los responsables podrían ser castigados con entre uno y tres años de cárcel, además de multas que oscilan entre 12 y 24 meses, dependiendo de la gravedad del caso. Este endurecimiento de la postura busca disuadir a quienes ven en los radares a un enemigo.
El trasfondo de estos ataques no está del todo claro, pero no es la primera vez que los cinemómetros sufren daños intencionados. Algunos los ven como un símbolo de control excesivo, mientras que otros simplemente los consideran un blanco fácil para descargar frustraciones. Sea como sea, la Guardia Civil ya está investigando los incidentes, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre posibles sospechosos o avances en las pesquisas.
Según la DGT los radares, aseguran, no solo sirven para sancionar, sino para salvar vidas al reducir la velocidad en tramos peligrosos. Sin embargo, mientras las autoridades refuerzan su mensaje, el mensaje de muchos conductores es otro: una guerra abierta contra las máquinas que vigilan las carreteras.