El gobierno sueco ha anunciado un endurecimiento de las condiciones para obtener la ciudadanía, como parte de una estrategia más amplia para promover la integración y defender los valores nacionales. Los nuevos requisitos incluyen una demostración de «vida honesta», lo que implica un comportamiento legal y responsable.
Según se ha informado el martes, la nueva política exige un periodo de residencia extendido en Suecia antes de solicitar la nacionalidad. Se propondría aumentar este periodo de cinco a ocho años. Además, los aspirantes a ciudadanos deberán superar una prueba sobre la sociedad y valores suecos, así como un examen de idioma.
El Ministro de Migración, Johan Forssell, ha enfatizado en una publicación en redes sociales que la ciudadanía sueca debería ser una recompensa por la contribución a la sociedad y no una concesión automática. Durante una conferencia de prensa, Forssell ha subrayado la importancia de una identidad común sueca, capaz de unir a personas de diversos orígenes bajo un conjunto de valores compartidos.
«Los valores suecos son claros: igualdad entre géneros, libertad para casarse con quien se desee, y derechos iguales para niños y niñas en actividades como el deporte. Si no estás de acuerdo con esto, tal vez Suecia no sea el lugar adecuado para ti», declaró Forssell.
Desde la crisis de refugiados de 2015, donde Suecia acogió a más de 160.000 solicitantes de asilo, el país ha venido ajustando sus políticas migratorias bajo gobiernos de diferentes signos políticos. El actual gobierno de centroderecha, con el apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia, ha seguido esta línea con medidas cada vez más restrictivas desde su llegada al poder en 2022.
Una investigación encargada en 2023 recomienda también que se endurezcan los criterios para aquellos con antecedentes penales o deudas impagas, dificultando su acceso a la ciudadanía. Sin embargo, esta propuesta ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, como Civil Rights Defenders, que argumentan que tales medidas podrían fomentar más exclusión que integración.
Las nuevas recomendaciones están ahora bajo revisión de varias entidades y partes interesadas, con la intención de que se conviertan en ley a partir del 1 de junio de 2026.
Este cambio en las políticas de inmigración incluye medidas como la emisión de permisos de residencia temporales para solicitantes de asilo, normas más estrictas para la reunificación familiar y mayores exigencias de ingresos para los ciudadanos no comunitarios que buscan trabajo en Suecia.
En 2024, Suecia registró el número más bajo de concesiones de asilo en cuatro décadas, con solo 6.250 permisos otorgados, excluyendo a los ucranianos que reciben protección temporal en la UE. El número de solicitudes de asilo también cayó significativamente, siendo el más bajo desde 1996.
En un contexto más amplio, la UE ha reportado una disminución en la migración irregular, gracias a esfuerzos contra el tráfico de personas, con Frontex anunciando una caída del 38% en los cruces fronterizos ilegales en 2024, un logro bienvenido por líderes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.