En un giro radical, los reclusos transgénero en Estados Unidos están atravesando por una gran preocupación debido a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Esta orden, promulgada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, busca segregar las prisiones federales por sexo biológico, revocando políticas anteriores sobre el alojamiento de reclusos transgénero.
En la Institución Correccional Federal Waseca en Minnesota, el impacto de esta política se ha sentido de inmediato. Reclusos transgénero como Donna Langan, una ex neo-nazi condenada por robos a bancos que hizo la transición en prisión, han sido trasladados de inmediato. La familia de Langan, presa del pánico, ha informado que ella y otras personas estaban siendo informadas de que iban a ser trasladadas a instalaciones masculinas. El miedo entre estos reclusos es palpable, con preocupaciones no solo sobre su seguridad personal, sino también sobre las opciones legales disponibles. Están recurriendo a organizaciones como la ACLU en busca de orientación sobre posibles litigios.
La orden ejecutiva de Trump va más allá de los sistemas penitenciarios, afectando refugios para inmigrantes y víctimas de agresión sexual, ordenando la segregación basada en lo que él ha denominado como los «sexos inmutables». Este movimiento ha generado una variedad de reacciones. Grupos conservadores celebran el retorno a lo que describen como normas tradicionales de prisión, mientras que defensores de los derechos transgénero y los individuos afectados expresan miedo e indignación.
La situación ha sido descrita como potencialmente conducente a un «baño de sangre» por el abogado de Langan, subrayando los peligros que las mujeres transgénero podrían enfrentar en instalaciones masculinas, especialmente dada la falta de medidas protectoras inmediatas o ajustes de política para tales transiciones.
La política también tiene implicaciones más amplias. Forma parte de una serie de acciones ejecutivas que Trump ha tomado, indicando un retorno a lo que debería ser la normalidad en lo que se conoce como la identidad de género. Los críticos argumentan que estas decisiones pasan por alto las necesidades de salud mental y física de las personas transgénero, lo que podría llevar a mayores riesgos de violencia, asalto y trauma psicológico.
En respuesta, se han hecho llamamientos a acciones legales con algunos reclusos y sus familias buscando impugnar la orden en los tribunales.
Esta orden ejecutiva ha dejado a muchos reclusos transgénero en un estado de miedo, con su futuro en el sistema penitenciario ahora incierto y potencialmente más peligroso.