La situación financiera de la Generalitat Valenciana atraviesa un momento crítico, agravado por los altos costes de reconstrucción derivados de las riadas del pasado 29 de octubre y por la necesidad de otorgar ayudas económicas directas a los afectados. La administración autonómica enfrenta una falta de liquidez que combina problemas estructurales, como la insuficiente financiación autonómica, con la presión añadida de un desastre natural inesperado.
La Generalitat ha solicitado al Gobierno central un apoyo financiero extraordinario basado en el modelo de los fondos no reembolsables que se asignaron durante la pandemia. Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, a través de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha rechazado estas peticiones. El argumento central del Gobierno se basa en la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean aprobados antes de considerar nuevas transferencias.
Desde el paso de la riada, el gobierno autonómico ha desembolsado más de 490 millones de euros en ayudas directas y ha comprometido otros 47 millones en contratos de emergencia para reparar infraestructuras y realizar labores de limpieza. Según la vicepresidenta primera del gobierno valenciano, Susana Camarero, estas cifras evidencian la urgencia de un apoyo estatal adicional para evitar que el peso de los gastos recaiga exclusivamente en el endeudamiento de la comunidad.
Camarero destacó que la Comunidad Valenciana ya era la autonomía peor financiada del país antes del desastre, una situación que ahora se ha agravado. «Hemos solicitado al Gobierno central 31.000 millones de euros para cubrir las necesidades actuales y futuras, pero seguimos sin recibir respuesta», afirmó.
Si el Ejecutivo central mantiene su postura, los gastos derivados de la reconstrucción podrían aumentar aún más el déficit y la deuda de la Generalitat, que ya es una de las más altas de España en términos relativos y absolutos. Además, el retraso en la llegada de fondos amenaza con deteriorar servicios públicos esenciales, afectando a miles de ciudadanos.
El Gobierno central ha recibido fondos no reembolsables de la Unión Europea, como los previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, Pedro Sánchez sí permitió durante la pandemia flexibilizar las transferencias a las autonomías sin vincularlas a la aprobación de los PGE, algo que las autoridades valencianas reclaman replicar en este caso.
Por otro lado, el retraso en las negociaciones para los presupuestos estatales de 2025 podría prolongar aún más la llegada de recursos, complicando la gestión de la crisis en las zonas afectadas. Mientras tanto, los alcaldes de los municipios damnificados han pedido una mayor agilidad administrativa para garantizar que las ayudas lleguen a las personas y empresas más afectadas.
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