El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha iniciado una investigación penal por presunto homicidio imprudente contra tres altos cargos: María José Rallo del Olmo, presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); Ángel Javier Montero, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana; y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La causa surge de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que atribuye a estos responsables una gestión deficiente ante la DANA que azotó Valencia, causando graves daños y múltiples víctimas mortales.
Según la denuncia, los acusados habrían cometido negligencias graves al no tomar medidas preventivas y reaccionar tardíamente frente a las alertas climáticas, pese a las advertencias internacionales sobre la intensidad del fenómeno meteorológico. El sindicato señala que, aunque la Aemet activó una alerta roja en la mañana del 28 de octubre, las primeras comunicaciones oficiales a la ciudadanía se realizaron más de 12 horas después a través del sistema ES-Alert, y no alcanzaron a toda la población.
Manos Limpias sostiene que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó a tiempo sobre el riesgo de inundaciones, a pesar de disponer de datos que indicaban el peligro. La denuncia, ampliada el 5 de noviembre, también critica la falta de acción de la Fiscalía, lo que llevó al sindicato a presentar la acusación directamente, en virtud del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los acusados enfrentan posibles cargos por homicidio imprudente, lesiones graves y daños por imprudencia, según los artículos 142, 152 y 267 del Código Penal. El caso pone el foco en la responsabilidad de las instituciones públicas en la gestión de emergencias climáticas y la coordinación entre administraciones.