Reflexiones técnicas sobre un proyecto polémico

Por Alfonso de la Vega

Mucha resiliencia, mucha sostenibilidad, mucha preocupación por el rollo del clima climático pero se pretende imponer un proyecto de industria contaminante en el valle de Ulloa un lugar de tradicional vocación rural de la provincia de Lugo en Galicia. Me han venido a la memoria ciertas batallas pasadas, de la época de grandes profesionales innovadores como el estadístico José Manuel Naredo, mi colega el ingeniero agrónomo Domingo Gómez Orea o el sociólogo Mario Gaviria. Una época en la que buscábamos desarrollar criterios y métodos de evaluación de proyectos con consideraciones sobre la energía, el medio ambiente y la ordenación del territorio.

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Sobre este tema de la celulosa en concreto recuerdo la opinión de Castroviejo: “antes de la ría de Pontevedra olía magnolias, ahora con la celulosa, huele a demonios suponiendo que los demonios puedan oler tan mal.” Se trata de industrias de enclave que poco suelen tener que ver con el entorno donde se establecen, normalmente de capital extranjero y contra los intereses o los deseos de buena parte de los antiguos habitantes afectados.  Otro caso típico de industria de enclave, esta vez en la costa lucense, fue el de la famosa alúmina de San Ciprián que tuve oportunidad de visitar durante un curso seminario en el que participé en la cercana planta de Sargadelos.

La tendencia dominante en la desestabilizada España actual es la progresiva ocupación de superficie agraria útil con pérdida de suelo fértil por el sector secundario o terciario como por ejemplo, artefactos tales como molinillos o paneles solares, sin estudios de EIA ni más consideraciones.

Una primera reflexión necesaria es sobre el sentido de la propia actividad económica. Hubo un tiempo no tan lejano en que la actividad empresarial servía para «satisfacer necesidades de la gente», ahora con el dominio de lo financiero su misión es «crear valor para el accionista».  Y a ello se sacrifica lo que haga falta, con la habitual complicidad de las autoridades, sin incluir los costes externos de dicha actividad que son soportados por los habitantes próximos. Sin embargo, a lo largo de este tiempo han ido perfeccionándose diferentes métodos de evaluación de proyectos que tengan en cuenta otras variables amén de las estrictamente monetarias valoradas con mejor o peor criterio, de modo que la cuestión tiene en este momento más de voluntad que de técnica. Es decir, más de querer que de saber.

Lo de intentar involucrar los costes o deseconomías externas originadas por la actividad o la problemática medioambiental en la toma de decisiones empresariales comenzó con un libro pionero ya en 1950. Hasta entonces la llamada ciencia económica no se preocupaba oficial o académicamente demasiado del asunto ecológico. Dominaba la concepción de un sistema económico, separado de la moral y asimilado matemáticamente a la mecánica newtoniana. Considerado autónomo o autosuficiente centrado en el valor de cambio y con funciones de producción valoradas en unidades monetarias. Inspirado en la escasez walrasiana, inmersa en el universo de lo económico como lo valorable e intercambiable y de lo producible. Es decir, un mundo cultural, sociológico, cerrado, en el que no se valoraban las deseconomías externas de la producción, fueran sociales o ecológicas.

William Kapp  fue el autor de The Social cost of  business enterprise, en el que se trataba de identificar y valorar efectos indeseables que no tenían en cuenta la ciencia económica ni la asignación de recursos en la economía de mercado. Las materias estudiadas en su libro eran de gran interés. Así, junto a una primera incursión conceptual y metodológica trataba cuestiones tales como los costes sociales de la contaminación del aire o del agua, el problema de la utilización de recursos no renovables y su consideración en el cálculo económico.  El libro se completaba con el estudio de otros costes sociales derivados de la lógica del mercado, por ejemplo, los excesos de capacidad, la obsolescencia programada, la concentración en grandes urbes…

En este momento los sistemas de evaluación de proyectos están lo suficientemente evolucionados para permitir hacer las cosas bien si es que en verdad se pretende hacer las cosas bien.  Del querer más que del saber. De no ser fraudulentamente tergiversadas o degradarse a un mero requisito burocrático inútil, las Evaluaciones de Impacto Ambiental suelen permitir un buen conocimiento de los recursos naturales en juego así como de los impactos predecibles de la actividad en el medio.

Por otra parte, las técnicas de evaluación económica que debieran realizar las administraciones públicas en proyectos importantes, diferentes de las de evaluación financiera, permiten la utilización de precios sombra o de cuenta. Difíciles de calcular, los llamados precios sombra o de cuenta pretenden reflejar el verdadero valor de un producto o servicio, pues son los que prevalecerían en la economía si estuviera en perfecto equilibrio en competencia.  Su utilidad es mayor en el caso de las divisas, los precios de mercado mundial o del capital. El comparar los proyectos con el coste de oportunidad en vez de con el precio real de éste equivale a utilizar un precio de cuenta. Otra posibilidad es la de emplear también unidades energéticas. Sin llegar a estos primores conceptuales cabe adoptar también otros criterios.

El sistema económico no es un sistema autónomo o independiente ni de los recursos sociales o naturales afectados ni menos del territorio donde actúa. El mercado supuestamente autorregulado no se ocupa ni puede ocuparse de eso cuando se trata de bienes o recursos fondo o patrimoniales de naturaleza no renovable, y que suele confundir renta con capital en lo que se refiere a la Naturaleza. Cosa que, por el contrario, se preocupa en distinguir de forma clara y fehaciente como conoce cualquier contable cuando se trata de contabilidad empresarial en las partidas que nutren la cuenta de resultados.

Aún cuando las decisiones no se encuentren definidas por presiones, intereses o, hablando claro, la manipulación de voluntades, la Teoría económica dominante suele moverse en el mundo abstracto de los conceptos y los modelos matemáticos y a veces no tiene en cuenta de modo suficiente la realidad física del territorio en que se asienta su actividad. Insisto, ya León Walras en sus planteamientos sobre la riqueza social establecía claramente cuales eran los postulados en los que el objeto de “lo económico” tenía su asiento: “el valor de cambio, la industria, la propiedad, tales son los tres hechos generales de los que toda riqueza social es el teatro”.

Pero a la hora de la verdad un importante problema práctico se plantea cuando no están disponibles métodos y estadísticas sobre otros aspectos de la actividad económica que tienen que ver con el territorio. Cuando se carece de un “enfoque ecointegrador” o no existen estadísticas que reflejen la realidad de las cuentas de patrimonio natural, ni su relación con las estadísticas económicas usuales o walrasianas. Sin embargo, en la Contabilidad de empresas se distingue entre los resultados de explotación y los obtenidos por enajenación de patrimonio. En el caso de los recursos no renovables esta distinción no suele tenerse en cuenta, de modo que en términos monetarios no se distingue entre flujos y fondos, entre rentas y patrimonio natural.

En todo proyecto cabe distinguir dos importantes cuestiones. El efecto renta y el efecto redistribución. Que se relacionan con el aumento, o no, de de la renta que produce el proyecto y el cómo se distribuye esa renta entre los factores y los afectados.  Normalmente en los proyectos de enclave como el comentado el mayor beneficiario es el accionista que suele ser extranjero al que le suele preocupar poco lo que pase en el territorio afectado o con sus habitantes. Puede haber un efecto sobre el empleo y rentas sociales asociadas que puede ser positivo o no dependiendo de lo que se sacrifique preexistente.

De modo que, para no alargarnos más, habría que hacerse la pregunta: ¿Qué pasaría en la zona sin proyecto? ¿Y con el proyecto? Es decir, ¿Qué aporta y a quién le beneficia?

Los perjuicios que al cabo puedan producirse con el proyecto dependerán del grado e inteligencia de la resistencia del ciudadano ante un poder superior. Y cabe la posibilidad de que su esfuerzo se vea defraudado y aprovechado por las autoridades políticas para obtener mayor tajada.