sábado, octubre 19, 2024
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La repugnante red de «granjas humanas» que ha desarticulado la Guardia Civil

La Guardia Civil ha logrado desmantelar una red que mantenía a siete personas en condiciones inhumanas en distintas localidades de Valencia, lo que ha sido descrito como «granjas de humanos». Las víctimas, personas en situación de vulnerabilidad, eran retenidas con el propósito de controlar sus cuentas bancarias y viviendas, con el fin de beneficiarse económicamente de ellas. Esta operación permitió rescatar a estas personas, que vivían en condiciones deplorables bajo el control de una organización criminal conformada por dos hombres y una mujer, todos en sus 30 años.

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El grupo delictivo operaba principalmente en las comarcas de L’Horta y La Ribera, donde captaban a personas con problemas de adicción o limitaciones psíquicas que recibían algún tipo de pensión o ayuda estatal. Tras asegurarse de que tenían ingresos, les confiscaban sus documentos y los mantenían en viviendas en Torrent, bajo amenazas y violencia física, utilizando su condición vulnerable para hacerles firmar documentos que les permitieran administrar sus recursos. El grupo llegó a acumular un considerable patrimonio, incluyendo vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias en varias localidades.

Las condiciones en las que vivían las víctimas eran precarias; el responsable de «cuidarlos» solo se preocupaba por mantenerlos con vida para continuar beneficiándose de sus prestaciones. Según el portavoz de la Guardia Civil en Valencia, Pablo Cea, las víctimas estaban en condiciones «deplorables», mientras la organización disfrutaba de un estilo de vida lujoso gracias a los fondos que obtenían de ellas.

El caso fue destapado cuando la Guardia Civil descubrió a varias personas en una de las viviendas ocupadas durante un desalojo en Monserrat. Tras el testimonio de las víctimas, se inició una investigación que concluyó con la detención de los responsables en Torrent, donde se llevaron a cabo registros que permitieron incautar armas de fuego y numerosa documentación relacionada con la explotación de estas personas.

Las víctimas han recibido atención médica y social, mientras que las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent, donde se espera que el caso siga su curso judicial.

 

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